Lo que Von der Leyen y Álvaro García Ortiz tienen en común

A Ursula von der Leyen la mala fama le precede. No es una novedad que a lo largo de su carrera política la presidenta de la Comisión Europea se haya visto sacudida por una serie de acusaciones graves.

Al final de su mandato como ministra de Defensa alemana (2013-2019), se convirtió en el blanco de una investigación del Tribunal de Cuentas por adjudicar lucrativos contratos a empresas de consultoría externas.

En su informe de 2018 la Oficina Federal de Auditoría de Suiza puso en duda los procedimientos de adjudicación de algunos de aquellos contratos multimillonarios, que se llevaron a cabo sin una evaluación de costos adecuada ni licitación pública.

Una de esas consultoras, McKinsey, con sede en Estados Unidos, atrajo la atención después de que Katrin Suder, directora de su oficina en Berlín, fuera contratada como asistente de Von der Leyen. La empresa acabó consiguiendo contratos multimillonarios del Ministerio de Defensa y, a su vez, la hija mayor de Von der Leyen, Johanna, encontró trabajo en McKinsey.

Cuando los parlamentarios alemanes intentaron presentar los mensajes de texto que contenía el móvil de Von der Leyen como indicio de un caso de corrupción, borraron la memoria. El Ministerio de Defensa alemán explicó que se había hecho “por razones de seguridad”.

¿Qué fue de los mensajes de Von der Leyen en los tiempos de la pandemia?
Durante la pandemia, Von der Leyen llegó a un acuerdo con el director del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, Albert Bourla, para comprar 1.800 millones de dosis de vacunas contra el “covid” que no habían sido probadas, por un valor de unos 37.600 millones de dólares.

Von der Leyen negoció el acuerdo a través de una serie de mensajes de texto que finalmente borró del móvil, junto con los que intercambió con su esposo Heiko, el director médico de una empresa de biotecnología vinculada a Pfizer.

Von der Leyen está acusada de corrupción y “usurpación de funciones y título”, y actualmente su caso se investiga en un juzgado de Lieja, que mantiene abierta la investigación a pesar de los esfuerzos de la fiscalía por echar tierra encima.

Los que sigan el caso contra el Fiscal General en España, Álvaro García Ortiz, verán que el borrado periódico de la memoria de los móviles de los políticos y los altos cargos se ha convertido en una precaución imprescindible, naturalmente siempre “por razones de seguridad”.

Si a un usuario cualquiera le borraran la memoria de su móvil, le causarían una verdadera desgracia. Pero los burócratas viven en otro mundo. Para ellos es una necesidad que les garantiza su impunidad ante cualquier investigación. Lo hacen “por razones de seguridad”.

En el mundo posmoderno todo se hace por lo mismo, “por razones de seguridad”, porque nadie quiere problemas, riesgos e incertidumbres. La “seguridad” lo justifica todo.

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