La mujer de Koldo se ausenta de la Comisión de Investigación del Senado y el PP avisa de consecuencias penales
"Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar"
Patricia Úriz, esposa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha decidido no acudir a la Comisión de Investigación del Senado que investiga la denominada Operación Delorme. Ante su ausencia, la Mesa de la comisión ha acordado remitir el caso al Ministerio Fiscal para que determine si su incomparecencia constituye un delito.
El Partido Popular (PP) ha subrayado que no comparecer ante una comisión parlamentaria puede acarrear responsabilidades penales. Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha recordado que Úriz está siendo investigada por la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales y su posible implicación en la trama en la que también está acusado su marido.
La Operación Delorme investiga supuestas actividades ilícitas relacionadas con corrupción y blanqueo de capitales en el entorno del exministro Ábalos. La comisión del Senado busca esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades políticas y legales.
La obligación de acudir
Suárez ha recordado que la Constitución española, en su artículo 76, recoge que tanto el Congreso como el Senado podrán crear comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público" y deja claro que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras".
Esta obligación se reitera en la Ley Orgánica 5/1984 de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras que, en su artículo 1, especifica que "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar".
La ausencia de Úriz ha generado críticas entre los senadores, quienes consideran clave su testimonio para esclarecer la trama. La decisión de comunicar su incomparecencia al Ministerio Fiscal abre la posibilidad de que se emprendan acciones legales en su contra por incumplir la citación oficial del Senado.
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