El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.

En esta norma el Gobierno deja en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la vigilancia y el control del registro de medios -que será obligatorio- y en el que se deberá incluir el detalle de sus propietarios, con nombres y apellidos, así como de sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras reales de audiencia.

También se imponen límites a la financiación de las administraciones públicas a la prensa, radio y televisión y se velará para que no haya concentración en el sector.

 En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, indicó que esta norma quiere transponer las directivas europeas sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y la Carta de Derechos Digitales.

Las dos se enmarcan dentro las iniciativas del plan de regeneración democrática que hasta la fecha ha lanzado un proyecto de ayudas a los medios de comunicación para que se digitalicen, ha equiparado las responsabilidades de los usuarios relevantes de redes sociales con los medios y prepara cambios en los criterios de adjudicación de publicidad institucional.

Óscar López -cuya cartera elaboró el proyecto- sostiene que cumplen con la normativa europea que exige que haya un registro de medios y que los ciudadanos merecen saber esta información y qué financiación pública reciben.

El ministro indicó que existen dos tipos de medios de comunicación, los que tienen licencias (televisión y radio) y los que no usan bienes públicos como la prensa impresa y digital. Por lo que esta nueva norma -dice- está centrada en buscar la transparencia de este segundo grupo que no requiere de ninguna autorización administrativa para funcionar.

 De momento, indicó que el único requisito para estar en este registro y, por tanto, ser un medio de comunicación, es aportar la transparencia requerida y los datos que ahora serán obligatorios.

El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se crearán además registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito local.

Respecto de los límites que se impondrán a la concentración -que un solo dueño o grupo no tenga el control del mercado- López ha reiterado que todavía no están establecidas, pero que cuando esto se acuerde en el concierto de la Unión Europea se trasladará a la norma española y a la CNMC, que será la que siempre vele por el registro y porque se cumpla esta ley.

En cualquier caso, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente, dice la norma.

La normativa comunitaria obliga a cada cabecera a difundir de forma pública y fácilmente accesible datos como su denominación legal o la identidad de los titulares directos o indirectos del medio, entendidos estos como aquellas personas físicas o jurídicas con paquetes accionariales que permitan la toma de decisiones.

Además, se establece la necesidad de revelar el nombre de los titulares reales y superen el 25% del capital social de o del derecho de propiedad. El reglamento de la UE dice además que hay que difundir el importe total de fondos públicos recibidos cada año en concepto de publicidad institucional.

El segundo reglamento que abordará la nueva norma es la transposición de la ley de servicios digitales. Entre otras cosas, dará competencias a la CNMC para que los proveedores tengan un canal para que los usuarios puedan denunciar, establecerá criterios de transparencia en las plataformas digitales, garantizará que la interfaz sea comprensible por el usuario, protegerá al consumidor cuando realice contratos online, y velará y penalizará prácticas online para suplantar identidad como los deepfakes.

El anteproyecto establece además un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.

De esta manera, se regularán los intermediarios y plataformas en línea, tales como mercados, redes sociales, plataformas de intercambio de contenidos, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea.

En esta línea, la norma europea pide prevenir las actividades ilegales y nocivas en línea y la difusión de desinformación, de manera que se garantice la seguridad de los usuarios, se proteja los derechos fundamentales y se cree un entorno de plataformas en línea justo y abierto.

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