Cristina Álvarez ha cobrado 300.839,74 euros brutos desde agosto de 2018 como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según ha informado el responsable de la administración y de la coordinación del personal en Moncloa al juez que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En la documentación, el responsable de personal de Moncloa explica al instructor Juan Carlos Peinado que Álvarez -también investigada en esta causa-- desempeña "tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención" a Begoña Gómez.

Señala que, en concreto, ocupa el puesto de "directora de programas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con efectividad del día 16 de julio de 2018".

Según precisa, dichas tareas incluyen "la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y(o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda".

Entre los anexos aportados por Moncloa al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid consta el resumen anual de las nóminas de Álvarez correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2018; todo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; y enero de 2025.

En el documento se evidencia que entre agosto y diciembre de 2018 la asesora de Gómez percibió 21.511,34 euros. En 2019, cobró 47.801,72 euros; en 2020, 48.350,29 euros; en 2021, 48.143,37 euros; y en 2022, 49.476,56 euros.

Según dichos anexos, su sueldo aumentó los dos años siguientes: en 2023, cobró 51.117,42 euros; y en 2024, 52.282,64 euros. En enero de 2025 percibió 3.667,74 euros brutos. La suma total del salario bruto percibido desde agosto de 2018 alcanza los 300.839,74 euros.

Moncloa también ha entregado al juzgado el acuerdo de nombramiento relativo a Álvarez, firmado en julio de 2018, en el que consta que es "personal eventual" del grupo A1.

FISCALÍA VE "IMPROCEDENTE" LA IMPUTACIÓN

Cabe recordar que Álvarez compareció por primera vez ante el juez Peinado en calidad de testigo el pasado diciembre. Este febrero, el instructor acordó cambiar su situación procesal para citarla como investigada.

La defensa ha recurrido la decisión del instructor al considerar que supone una vulneración de derechos. La Fiscalía también ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que asegura que "el cambio de estatus" de Álvarez se hizo "de forma abusiva e improcedente y sin una mínima justificación ni motivación".

En el escrito de 6 de febrero, el fiscal incide en que "resulta chocante y llamativo que se vuelva a hacer alusión a lo declarado por un testigo" para cambiar su situación procesal.

En este sentido, afea que el instructor no parara ni suspendiera la testifical de Álvarez. Insiste en que en un principio las acusaciones pidieron citar a la trabajadora de Moncloa como investigada y el juez acordó llamarle como testigo.

 Sobre este extremo, la Fiscalía recuerda que ya son cuatro los testigos que terminan investigados en esta causa: lo mismo le pasó al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la UCM Joaquín Goyache y al directivo del IE Juan José Güemes.

"Es factible que pueda cambiarse una situación procesal de testigo a investigado, pero cuatro veces en una misma causa y sin motivación real, revela, en nuestra opinión, un modo de proceder injustificado y temerario y en todo caso lesivo para los derechos de los afectados", recalca el Ministerio Público. Y añade: "No recordamos precedentes similares".

La asesora de Gómez ha declarado este miércoles como investigada y ha negado haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.

 Fuentes jurídicas aseguraron que ha contestado únicamente a su abogado, quien le ha preguntado si hizo alguna gestión relacionada con la cátedra de la UCM antes de la firma del convenio de creación suscrito en octubre de 2020, en referencia a contactos, correos o reuniones.

Álvarez ha asegurado que antes de dicha firma ni pidió ni influyó sobre ningún trabajador de la Complutense ni de ninguna empresa patrocinadora --como Reale o Google-- para obtener nada, ni para ella ni para Gómez, al tiempo que ha insistido en que no se prevalió de su cargo para ninguna solicitud.

Además, la asesora de Moncloa ha señalado que no conocía a nadie de la UCM o de las empresas patrocinadoras antes de la firma del convenio para la creación de la cátedra al que ha hecho referencia.

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