El líder del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, planea destinar 100 millones de euros a la red de EMBAJADAS en el exterior, conocidas como 'embajadas' catalanas, tras la quita de parte de la deuda de Cataluña por parte del Gobierno central.

Esta decisión ha generado un intenso debate político sobre el uso de los recursos públicos y la estrategia diplomática de la Generalitat.

Estas delegaciones en el exterior, que ascienden a un total de 21 repartidas en más de 70 países, se dedicaron durante el 'procés' a denunciar la supuesta represión española y justificar la secesión catalana. Pero este no es su único elemento controvertido, pues también son conocidas por sus elevados costes.

Así, su presupuesto en la actualidad alcanza los 19 millones de euros, lo que representa el doble, por ejemplo, del de la Casa Real, que es ocho.

Un presupuesto polémico
El anuncio de Illa llega después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara una reestructuración de la deuda autonómica, beneficiando a Cataluña con una condonación parcial.

En este contexto, el destino de los fondos liberados ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de los partidos de la oposición, que consideran que estos recursos deberían priorizarse para sanidad, educación o infraestructuras.

El mantenimiento de esta partida se produce en un contexto en el que los privilegios económicos concedidos a Cataluña por el Ejecutivo de Sánchez, como la quita de la deuda o la puesta en marcha de una "financiación singular", han abierto un agravio comparativo con el resto de comunidades

Las delegaciones en el exterior han sido un elemento clave en la estrategia internacional de la Generalitat, defendida por los gobiernos independentistas anteriores y ahora respaldada por Illa, aunque con un enfoque más pragmático. Se espera que los 100 millones de euros se utilicen para reforzar la presencia catalana en el extranjero, ampliar oficinas ya existentes y abrir nuevas sedes.

Reacciones políticas
Desde el Partido Popular y Vox han denunciado lo que consideran un despilfarro y han exigido que el dinero de la quita de la deuda se destine a servicios esenciales para los ciudadanos.

Por su parte, ERC y Junts han mostrado una postura ambigua, con algunos sectores celebrando la continuidad de la política exterior catalana y otros cuestionando si Illa mantendrá el nivel de autonomía que exigían los gobiernos independentistas.

El PSC, en cambio, defiende la medida como una forma de fortalecer la presencia económica y cultural de Cataluña en el mundo, promoviendo el comercio y la inversión extranjera en la región.

Conclusión
El plan de Illa para invertir 100 millones en las delegaciones exteriores tras la quita de la deuda autonómica refleja las prioridades del PSC en su posible gobierno. Sin embargo, la decisión sigue generando controversia y se perfila como un punto clave en el debate político catalán en los próximos meses.

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