Felipe González coincide con Page y defiende que las competencias de inmigración no son "ni transferibles ni delegables"
Los socialistas tratan de evadir la evidente bajada de pantalones ante Junts pero no solo han recibido críticas de la oposición, sino también de sus propios aliados
Emiliano García-Page ha encontrado un nuevo filón para mostrar su faceta díscola y crítica con su líder en el PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha vuelve a echar sapos y culebras contra el líder de su partido por la última cesión con los independentistas en materia de inmigración y control de fronteras.
Una indignación a la que se ha sumado otro de los socialistas rebeldes y no afines a la forma de gobernar de Sánchez: Felipe González.
El expresidente del Gobierno ha apoyado estas palabras de García-Page de rechazo tajante al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts sobre inmigración. El veterano político ha sido claro: las competencias en esta materia son exclusivas del Estado y, según la Constitución, ni pueden transferirse ni delegarse.
El exmandatario socialista respalda y se une así a las duras críticas que está recibiendo Sánchez por su acuerdo con los de Carles Puigdemont que permitirá a la Generalitat de Cataluña ejecutar y proponer expulsiones de inmigrantes, además de otorgar a los Mossos d'Esquadra presencia en las fronteras.
Page ha calificado el acuerdo como una "vergüenza" y ha acusado al PSOE de pactar con la "peor" extrema derecha, en referencia al partido del fugado a Waterloo. Además, ha advertido que este movimiento dinamita cualquier posibilidad de alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración con las comunidades autónomas.
"Totalmente de acuerdo", ha expresado Felipe González al ser preguntado por estas declaraciones, respaldando la postura del presidente castellano-manchego.
También ha mencionado la Constitución, afirmando que la política migratoria es una competencia exclusiva del Estado y no se puede fragmentar ni delegar en una comunidad autónoma. Sus palabras chocan directamente con la versión defendida por el Gobierno, que insiste en que lo acordado con Junts no implica una cesión de competencias, sino una "delegación".
Esta justificación ha sido defendida de nuevo en las últimas horas por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros intentó minimizar el impacto del acuerdo.
Los socialistas tratan de evadir la evidente bajada de pantalones ante Junts pero no solo han recibido críticas de la oposición, sino también de sus propios aliados. Podemos, por ejemplo, ha sido implacable al calificar el pacto de "racista" y anunciar su voto en contra en el Congreso.
La controversia está servida. Mientras el PSOE intenta defender lo indefendible, voces críticas dentro del partido, como la de García Page y ahora la de Felipe González, dejan claro que este acuerdo supone un grave error que atenta contra la unidad de la política migratoria en España y la igualdad entre Comunidades.
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