Ayuso emprende acciones legales contra ‘Mañaneros’ por un rótulo que califica de “burda manipulación”

Isabel Díaz Ayuso, ha demandado este miércoles al programa Mañaneros, presentado por Javier Ruiz en TVE, tras la emisión el pasado 1 de diciembre de un rótulo que vinculaba una subvención de 43 millones de euros al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con su actuación contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El rótulo señalaba que la Comunidad de Madrid «premiaba a la acusación contra el fiscal», y ha sido considerado por el Ejecutivo como «tendencioso y desinformativo».

 Según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un comunicado oficial enviado al director del programa, Pablo del Pozo, la subvención al ICAM se enmarca en el servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, cuya gestión corresponde «legalmente» a los colegios profesionales de la abogacía desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias en materia de Justicia en 2003.

Anteriormente, este abono se realizaba a través del Ministerio de Justicia, que mantiene una asignación de más de 48 millones para garantizar estos servicios en todo el territorio español. Por ello, el Gobierno de Ayuso argumenta que cualquier intento de vincular esta subvención con la actuación de un fiscal responde a un «deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos», y constituye un «ataque» tanto al ICAM como a la propia administración regional.

Además, el Gobierno regional ha aclarado que la tramitación del ICAM como centro universitario adscrito a la Universidad Complutense comenzó en 2023 y ha seguido estrictamente la normativa vigente.

Según han mencionado, el proceso cuenta con «todos los informes favorables» y con la concesión del código de centro por parte del Ministerio de Ciencia, lo que permite su incorporación a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores. La Comunidad de Madrid sostiene que la vinculación de este proceso con la actuación del fiscal general es «injustificada» y pretende «desacreditar» a ambas instituciones.

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