A juicio un alcalde del PSOE por gastarse 6.098 euros públicos en líneas eróticas
Cabe recordar que Álvarez ya fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos. Entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a líneas eróticas y a su vecina desde su teléfono oficial
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 22 de noviembre el juicio promovido contra el ex alcalde socialista de La Puebla del Río (Sevilla) Julio Álvarez González (en el cargo entre 1999 y 2011) por presunta prevaricación en varias contrataciones de la Mancomunidad del Guadalquivir cuando presidía dicha entidad.
Cabe recordar que Álvarez ya fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos. Entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a líneas eróticas y a su vecina desde su teléfono oficial.
El socialista alegó que las llamadas a la mujer, que fue, según dijo, su novia en la adolescencia, se realizaron con el propósito de ayudarla, ya que atravesaba una situación personal delicada como víctima de malos tratos.
Su declaración no convenció a la Audiencia de Sevilla, que le sentenció a un año y medio de prisión y a otros tres de inhabilitación, apartándolo del cargo.
«Las llamadas no obedecieron al loable sentido de responsabilidad del alcalde frente a los graves problemas personales de una vecina maltratada», sino que su justificación fue urdida «a posteriori» con «un propósito de autoexculpación que resulta inverosímil y absurdo», apuntó la sentencia.
Además, el tribunal condenó a un año y ocho meses de cárcel a su concejal Juan Carlos Benítez Martín, también socialista, por los delitos de falsedad y encubrimiento, dado que, a instancias del alcalde, manipuló los números de teléfono en las facturas que le pidió la oposición a fin de ocultar la malversación.
Ya en 2017, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) condenó a Álvarez a ocho meses de prisión por un delito de hurto después de que, como encargado en una planta de reciclaje de la empresa Banales I S.L., sustrajera con la ayuda de otro empleado material -aluminio y latas- por valor de más de 3.000 euros.
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