Guardias civiles denuncian que han perdido el control en Almería ante el avance de los narcos y la dejadez del Gobierno
«Hemos perdido el control de nuestras aguas territoriales. Necesitamos medios para recuperarlo, pero si no nos los dan, es imposible»
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, se ha convertido en el escenario las narcolanchas que fondean impunemente en sus aguas, aprovechando el mal tiempo.
Esta situación, lejos de ser una novedad, pone de manifiesto la dejadez del Gobierno en el control de costas y el abandono de las fuerzas de seguridad, que denuncian su incapacidad para frenar a las mafias debido a la falta de medios y efectivos.
Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería se aferran a cifras que intentan maquillar el problema: en el último año se han intervenido casi 45.000 litros de gasoil destinados a estas embarcaciones, y en los últimos tres años se han realizado 1.800 operaciones que han resultado en 1.400 detenciones y la incautación de más de 300 vehículos.
Sin embargo, la Guardia Civil desmiente que estos datos reflejen una victoria en la lucha contra el narcotráfico.
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega, ha sido claro en declaraciones a Vozpópuli: «Hemos perdido el control de nuestras aguas territoriales. Necesitamos medios para recuperarlo, pero si no nos los dan, es imposible».
La benemérita dispone sólo de cuatro patrulleras para cubrir 200 kilómetros de costa, embarcaciones que, además, no siempre están operativas debido a su antigüedad y constantes reparaciones. «Hace 15 años, cuando no existía este fenómeno, podíamos hacer nuestro trabajo. Hoy sólo podemos observarlas navegar desde lejos», lamenta Vega.
El problema no es sólo material, sino también humano. Según la AUGC, Almería necesita al menos 300 agentes más para poder hacer frente a la creciente amenaza de las mafias.
En Adra, por ejemplo, la Guardia Civil ha identificado al menos siete narcoembarcaderos utilizados por los petaqueros, encargados de suministrar combustible a las lanchas. La tensión en la zona ha ido en aumento, hasta el punto de que el pasado 20 de febrero un vehículo de la Guardia Civil fue incendiado, en lo que parece ser un ataque directo contra las fuerzas del orden.
En junio del año pasado, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria lograron desmantelar la mayor red de abastecimiento de combustible para narcolanchas en el Mediterráneo con la operación Ovidio, que golpeó al clan de Los Lateros y se saldó con la detención de 50 personas, la incautación de 25 embarcaciones, 33 vehículos y 40.000 litros de gasolina.
Pero, lejos de suponer un golpe definitivo, la caída de este grupo criminal solo generó un vacío que fue rápidamente ocupado por otras organizaciones.
Fuentes cercanas a la lucha contra el narcotráfico advierten que estas nuevas mafias han cambiado de estrategia: han dejado de centrarse en el tráfico de hachís para apostar por el abastecimiento de combustible, una actividad mucho más rentable y con menos riesgos legales. Y es que la legislación española, como es habitual, juega a favor de los delincuentes.
La tenencia ilegal de combustible sólo es delito si su valor supera los 150.000 euros, una cifra que rara vez alcanzan los narcos, lo que les permite continuar operando con total tranquilidad bajo el amparo de meras sanciones administrativas.
Recientemente, el Senado aprobó una Proposición de Ley presentada por el PP para reformar el Código Penal y tipificar el «petaqueo» como delito, con penas de hasta ocho años de cárcel. La propuesta recibió el respaldo del PSOE, aunque este ha matizado su postura.
Sin embargo, la iniciativa aún debe pasar por el Congreso, donde el tiempo dirá si el Gobierno está realmente comprometido con la seguridad de las costas o si, una vez más, se pondrá de perfil para no incomodar a quienes controlan este negocio multimillonario.
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