El Tribunal de Cuentas alerta a Muface sobre el descontrol en el alquiler de inmuebles como el de los Gomez
Estas propiedades, con un valor estimado de 1,2 millones de euros, han sido utilizadas para diversos negocios, como la sauna Adán, gestionada por Sabiniano Gómez y su hermano Enrique Francisco desde 1989
El Tribunal de Cuentas ha señalado irregularidades en la gestión de los inmuebles alquilados por la mutualidad pública Muface, destacando entre los casos más polémicos los relacionados con la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según el informe del organismo fiscalizador, Muface posee más de 70 inmuebles alquilados en España, varios de los cuales presentan deficiencias en la adjudicación y en los mecanismos de control. Entre ellos, se encuentran tres propiedades situadas en la calle San Bernardo de Madrid, alquiladas por la familia Gómez.
Estas propiedades, con un valor estimado de 1,2 millones de euros, han sido utilizadas para diversos negocios, como la sauna Adán, gestionada por Sabiniano Gómez y su hermano Enrique Francisco desde 1989.
El Tribunal de Cuentas ha alertado sobre la falta de transparencia en la concesión de estos alquileres y la existencia de inmuebles cedidos gratuitamente, lo que evidencia un control deficiente sobre el patrimonio del Fondo Especial de Muface.
Además, se ha identificado el caso de un ático de 115 metros cuadrados en el centro de Madrid, alquilado por la familia Gómez desde al menos 2015 por 850 euros mensuales, una cantidad considerablemente inferior a los valores de mercado en la zona.
Este inmueble, según las investigaciones, fue dividido en 14 habitaciones destinadas al alquiler por horas y días, generando beneficios significativos. Tras la pandemia, el negocio cesó y el ático se reconvirtió en tres apartamentos, de los cuales uno sigue ocupado por la familia Gómez, mientras que los otros dos se encuentran en alquiler o desocupados.
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas han desatado polémica, ya que ponen en entredicho la gestión de Muface y su capacidad de supervisión sobre los bienes públicos. La revelación de estos hechos ha provocado críticas desde distintos sectores políticos y sociales, exigiendo mayor transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos del Estado.
Ante estas acusaciones, Muface ha declarado que revisará sus procedimientos de adjudicación y control de inmuebles para evitar futuras irregularidades. Sin embargo, el caso sigue generando controversia y ha intensificado el debate sobre la ética en la gestión de los bienes públicos.
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