El TS intenta acallar a la AECC frenando una macrodenuncia contra Sánchez por presunta Organización Criminal
La denuncia, presentada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acusa al gobierno, comisionistas y empresarios como presunta Organización Criminal para delinquir
La Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC) ha dado un paso audaz en la lucha contra la corrupción al presentar una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
La denuncia, presentada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acusa al gobierno, comisionistas y empresarios como presunta Organización Criminal para delinquir.
En su escrito se denuncian más de 25 casos de corrupción donde se ven involucrados ministros del gobierno, funcionarios públicos, familiares de Sánchez y empresarios.
Se les acusa de los posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública, encubrimiento, blanqueo de capitales, revelación de secretos, apropiación indebida, intrusismo, pagos en especie, financiación ilegal de los partidos políticos y falsedad documental.
Solicitan al Tribunal Supremo que dado el amplio número de denunciados y casos, se acumule en una macrocausa en piezas separadas los diferentes casos denunciados, entre todas estas causas existe una conexión objetiva y subjetiva de los delitos investigados que requiere un tratamiento conjunto bajo la jurisdicción de este Tribunal incluso por economía procesal.
El Tribunal Supremo (TS) intenta acallar a la AECC frenando la macrodenuncia presentada por presunta "organización criminal" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su esposa, Begoña Gómez; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera; así como otros cargos y excargos del Ejecutivo y empresarios.
En su auto, la Sala de lo Penal ha acordado no tramitar el escrito presentado por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción al considerar que está "incurso en fraude de ley", sorprendente.
En el auto el TS intenta desacreditar a la AECC y justificar lo injustificable, la corrupción del gobierno.
Desde AECC entendemos que para el TS sea difícil el procesamiento del gran número de denunciados “aforados” del gobierno al desestimar la denuncia presentada.
No obstante, el alcance del asunto es de un calado inusitado en la historia de España, más de la mitad del gobierno presuntamente implicado en casos de corrupción y denunciados por presuntamente pertenecer a una organización criminal.
Ahora bien, intentar justificar la inadmisión de la denuncia con argumentos vacíos, impropios o inventados que nada tienen que ver con los hechos denunciados y con una fundamentación que deja mucho que desear no nos ha sorprendido en absoluto, incluso señalar a esta asociación de estar en un fraude de ley con pretensiones inventadas con el fin de acallarla, creemos que se han superado los límites admisibles.
La AECC destaca la trascendencia de las acusaciones, enfatizando que el asunto en cuestión no es simplemente una cuestión de tecnicismos procesales. Lo que se denuncia es la existencia de una organización criminal presuntamente liderada por el presidente del gobierno, Sr. Sánchez. Resulta sorprendente que se desestimen acusaciones tan graves con argumentos que consideramos poco sólidos.
La AECC enfatiza que la atención debe centrarse en las presuntas actividades delictivas de los funcionarios del gobierno mencionados, más que en las complejidades de los trámites procesales. La gravedad de las acusaciones exige una investigación exhaustiva e imparcial, no una desestimación basada en tecnicismos tratando de denostar a esta asociación.
La denuncia de la AECC marca un esfuerzo significativo para combatir la corrupción en los niveles más altos del gobierno, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley en lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas y que nadie nos acallara.
La AECC anuncia que tomara las medidas legales necesarias en el Tribunal Constitucional sin ningún atisbo de duda de que este intervenga de forma independiente.
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