Conde Pumpido hace legal lo ilegal para favorecer a Sánchez rompiendo el Estado de Derecho
Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, el alto tribunal ha emitido decisiones que han sido interpretadas como una legalización de lo ilegal con el único propósito de favorecer los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez
El Tribunal Constitucional de España, cuyo cometido es garantizar la supremacía de la Constitución y actuar como última salvaguarda del Estado de derecho, está atravesando uno de los periodos más convulsos de su historia.
Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, el alto tribunal ha emitido decisiones que han sido interpretadas como una legalización de lo ilegal con el único propósito de favorecer los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.
El sesgo del Tribunal Constitucional
Desde su llegada a la presidencia del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido ha sido señalado por su afinidad con el Ejecutivo y el Partido Socialista.
Su trayectoria como Fiscal General del Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con el entorno político socialista han suscitado dudas sobre su imparcialidad. Estas sospechas se han visto reforzadas por recientes fallos del tribunal, que parecen estar alineados con los intereses de La Moncloa.
Decisiones controvertidas
Varias resoluciones han puesto en entredicho la independencia del Constitucional. Entre ellas, destacan:
La reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La negativa del Tribunal Constitucional a frenar una reforma impulsada por el Gobierno para modificar la mayoría necesaria en la elección de jueces ha sido interpretada como un intento de politizar aún más el poder judicial.
La validación de la Ley de Amnistía. En un giro político sin precedentes, el Constitucional ha allanado el camino para la amnistía de independentistas catalanes involucrados en el referéndum ilegal de 2017, una medida claramente orientada a asegurar el apoyo de ERC y Junts per Catalunya a Pedro Sánchez.
Las limitaciones a la acción del Tribunal Supremo. En diversas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha bloqueado recursos y revisiones de procedimientos que podrían haber sido perjudiciales para el Gobierno, debilitando así la separación de poderes.
El caso de los ERE. Uno de los mayores escándalos de corrupción en España, que afectó directamente al PSOE andaluz, ha generado polémica por la aparente falta de contundencia del Tribunal Constitucional en su revisión. Las decisiones en torno a este caso han sido criticadas por favorecer la impunidad de los implicados, beneficiando indirectamente al Partido Socialista.
Consecuencias para el Estado de derecho
El deterioro de la independencia judicial no es una cuestión menor. Cuando el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la Constitución actúa como una extensión del poder ejecutivo, se erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
La instrumentalización del Tribunal Constitucional sienta un peligroso precedente que podría ser aprovechado por futuros gobiernos para moldear la legalidad a su antojo.
Denuncia por prevaricación
Ante esta situación, resulta fundamental que se estudien acciones legales contra Cándido Conde-Pumpido por posible prevaricación. La emisión de resoluciones que favorecen sistemáticamente los intereses del Gobierno, en contra del espíritu de la Constitución y del principio de separación de poderes, podría constituir un delito.
La justicia debe actuar para evitar que el Tribunal Constitucional se convierta en una herramienta de poder al servicio del Ejecutivo.
Cándido Conde-Pumpido ha convertido el Tribunal Constitucional en un brazo jurídico del Gobierno de Pedro Sánchez, debilitando la independencia de la justicia y favoreciendo decisiones que, más que en la legalidad, parecen basadas en conveniencias políticas.
Este sesgo no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también supone un serio retroceso para el Estado de derecho en España. La politización de la justicia es un peligro latente para cualquier democracia, y el Constitucional no debería ser la excepción.
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