La Agencia Tributaria endurecerá el control de las transferencias de padres a hijos por pequeñas que parezcan, al considerar que muchas de ellas esconden donaciones no declaradas.

Aunque hasta ahora estas ayudas familiares se veían como gestos habituales sin mayor trascendencia —como contribuir al pago de un coche, afrontar un alquiler o colaborar en una reforma—, el fisco ha decidido investigarlas con el objetivo de evitar fraudes y reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.

El nuevo enfoque fiscal no implica que esté prohibido ayudar económicamente a los hijos, pero sí que será imprescindible seguir el procedimiento legal y declarar correctamente cualquier cantidad entregada. No hacerlo puede acarrear serios problemas, tanto económicos como legales.

La simple entrega de dinero, aunque sea entre familiares directos, puede ser calificada como una «donación encubierta» si no existe justificación documental que respalde el origen y el destino del importe.

 Una de las claves de esta vigilancia reforzada está en los límites que activan las alertas automáticas. Las entidades bancarias están obligadas a notificar a Hacienda cualquier movimiento que supere los 3.000 euros. Y si se transfieren más de 6.000 euros, el sistema puede generar un aviso que desencadene una inspección.

Pero incluso por debajo de esas cifras, hay riesgos: si los ingresos del receptor no cuadran con su nivel de vida, la Agencia puede abrir expediente por incremento patrimonial no justificado.

Este escenario afecta especialmente a los hijos que, sin contar con rentas regulares, reciben dinero de sus padres y lo destinan a gastos significativos. Comprar un coche, afrontar una entrada de piso o realizar pagos notables sin respaldo económico puede levantar sospechas.

Si Hacienda detecta estos movimientos y los considera donaciones no declaradas, exigirá el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La cantidad a abonar varía considerablemente según la comunidad autónoma, con regiones como Cataluña o Comunidad Valenciana donde este tributo es especialmente elevado.

Además del impuesto, los problemas no acaban ahí. En caso de no presentar el modelo oficial correspondiente —por lo general, el modelo 651 ante la administración autonómica—, Hacienda puede imponer sanciones económicas.

Las multas parten de los 600 euros y pueden aumentar dependiendo del importe oculto y del tiempo transcurrido. A eso se suman recargos, intereses de demora y, en situaciones graves, hasta una revisión del IRPF del beneficiario por no justificar adecuadamente ese incremento de patrimonio.

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