El reciente tratamiento fiscal de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central ha generado un nuevo foco de controversia en la política económica de España.

Mientras el presidente Pedro Sánchez exime de tributación las ayudas estatales dirigidas a afectados por la DANA, las concedidas por la administración de Carlos Mazón no gozan del mismo beneficio, dejando a pymes y autónomos en una situación de desventaja fiscal evidente.

La doble vara de medir
El Ejecutivo central ha puesto en marcha un plan de reconstrucción de 10.600 millones de euros para las zonas afectadas por la DANA, incluyendo exenciones fiscales en el IRPF y el IBI para pymes y autónomos.

Sin embargo, las ayudas que la Generalitat Valenciana ha dispuesto para estos mismos afectados no han recibido el mismo trato. Esto implica que mientras unos recibirán apoyo sin cargas tributarias, otros tendrán que devolver parte de la ayuda a través de impuestos.

La pregunta que surge es evidente: ¿por qué esta discriminación fiscal? ¿Acaso los autónomos y pequeños empresarios valencianos son menos merecedores de alivio económico que los beneficiarios de las ayudas estatales? Esta desigualdad deja entrever un claro sesgo político en la gestión de los recursos públicos.

Consecuencias para el tejido productivo
Las pymes y autónomos constituyen el pilar de la economía española. Imponerles una carga fiscal sobre unas ayudas que deberían servir para su recuperación supone una penalización injusta que puede comprometer la supervivencia de muchos negocios. La situación es especialmente grave en un contexto de inflación elevada y encarecimiento de costes de producción.

Además, esta medida sienta un preocupante precedente: la política fiscal puede utilizarse como un arma partidista en lugar de un mecanismo equitativo de apoyo. La asimetría en la aplicación de exenciones fiscales no solo genera un perjuicio económico, sino que también erosiona la confianza en las instituciones.

En concreto, en febrero, la consellera de Hacienda Ruth Merino formalizó esa petición a la ministra María Jesús Montero a través de una carta. Entendía Ruth Merino que esas ayudas autonómicas son asimilables a las recogidas en el Real Decreto Ley 6/2024 de 5 de noviembre. Y, en consecuencia, les eran aplicables exactamente los mismos beneficios fiscales.

Esa carta de Merino a Montero no era un punto de partida, sino un documento que se trasladaba al Gobierno después de que los técnicos del Ejecutivo de Carlos Mazón llevasen, como se ha dicho, desde inicios de diciembre, justo después de la publicación del citado Real Decreto, tratando el tema sin que se les diera solución.

Exigencia de equidad
El Gobierno debe garantizar que todas las ayudas destinadas a la recuperación económica tras una catástrofe tengan el mismo tratamiento fiscal, independientemente de su origen administrativo. No se puede permitir que pymes y autónomos sean rehenes de decisiones políticas que los colocan en una posición de desventaja.

Es urgente que el Ejecutivo rectifique y amplíe la exención fiscal a todas las ayudas concedidas en el marco de la recuperación post-DANA. No hacerlo será un golpe más a la credibilidad del Gobierno y una muestra clara de que la justicia fiscal sigue siendo una asignatura pendiente en España.

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