La pandemia de COVID-19, además de ser una tragedia sanitaria sin precedentes, ha sido también un espejo de nuestras instituciones: ha reflejado lo mejor y lo peor de la gestión pública. Uno de los casos más sonados en España gira en torno a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su cuestionada gestión en la compra de mascarillas durante el estado de alarma.

Lo que comenzó como una operación urgente para adquirir material sanitario, ha terminado convertido en un foco de presunta corrupción, irregularidades administrativas y un preocupante silencio institucional.

Según ha revelado una auditoría interna del Ministerio de Transportes, bajo el mandato de Ábalos, la compra de mascarillas pasó de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos. ¿La razón? Según el informe, “la empresa ofrecía ocho millones o nada”.

Una justificación que no parece sostenerse ante los vacíos documentales detectados, ni ante la falta de trazabilidad del producto una vez adquirido. Muchas de esas mascarillas no tienen registro de haber llegado a su destino.

Las miles de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión llegaron al Ministerio de Transportes. Se almacenaron en cuatro salas de formación, ubicadas junto a la cafetería del ministerio y que, en los periodos vacacionales, se utilizan para dar clases a los hijos de los funcionarios que trabajan en el complejo de Nuevos Ministerios.

Las salas estaban hasta arriba y, según fuentes consultadas, venían funcionarios de diferentes lugares de España a llevarse cajas de mascarillas. «El reparto se hacía de forma descontrolada», explican las mencionadas voces.

  El entonces asesor del ministro y ahora también imputado por estos contratos de mascarillas, Koldo García, también daba instrucciones sobre cómo repartir este material sanitario. Pidió que se abasteciera de mascarillas al personal de seguridad del ministerio.

Pero el problema no fue únicamente la compra acelerada y sin suficientes garantías, sino también el absoluto descontrol en su reparto. La auditoría evidenció graves deficiencias logísticas: mascarillas almacenadas sin inventario claro, entregas sin constancia documental, y una distribución improvisada, carente de planificación y transparencia.

No hubo trazabilidad de los envíos ni seguimiento eficaz para garantizar que el material llegara a los centros que realmente lo necesitaban. El Ministerio, dirigido entonces por Ábalos, gestionó recursos vitales en plena emergencia como si se tratara de un almacén desordenado, sin responsabilidad ni control.

Más preocupante aún es el testimonio recogido por varios funcionarios, donde se habla de instrucciones internas que presuntamente obligaban a los funcionarios a "ver, oír y callar". Una frase que recuerda más a regímenes autoritarios que a una democracia moderna.

Aunque no hay evidencia directa publicada que respalde estas palabras, el hecho de que se mencionen en el marco de una investigación judicial pone en entredicho la transparencia del proceso.

El caso ha escalado hasta el punto en que el Tribunal Supremo ha solicitado el suplicatorio al Congreso para poder investigar formalmente a Ábalos por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Él, por su parte, se ha defendido públicamente asegurando que no tiene dinero ni bienes en el extranjero “ni a través de terceras personas”, lo que da una idea de la magnitud de las sospechas.

Pero más allá de lo judicial, lo verdaderamente grave es el descrédito político y moral que este episodio representa. La confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cada vez que se destapan tramas de corrupción, sobre todo cuando tienen lugar en contextos tan sensibles como una crisis sanitaria.

¿Cómo puede explicarse a la ciudadanía que, mientras millones sufrían y morían, algunos usaban su posición para beneficiarse o beneficiar a terceros?

La gestión de una pandemia exige transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. En este caso, parece haber habido todo lo contrario. El silencio no puede ser la respuesta. La justicia deberá determinar responsabilidades penales, pero el juicio político y social ya ha comenzado. Y ese, rara vez absuelve.

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