El cerco judicial se estrecha sobre Ángel Víctor Torres
La corrupción, de nuevo, se disfraza de urgencia sanitaria para llenar bolsillos socialistas a costa del sufrimiento ciudadano
La Justicia comienza a cerrar el cerco sobre Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez.
Su número dos, Antonio Olivera, ha presentado su dimisión tras verse salpicado por la investigación de la UCO en el marco del caso Koldo. Las pesquisas apuntan a su implicación en tres adjudicaciones millonarias a la empresa Megalab durante su etapa como director del Servicio Canario de Salud.
La dimisión no es una decisión ética, sino el síntoma evidente de un castillo que empieza a derrumbarse. Cuando el número dos cae, el número uno está cerca de hacerlo. Y en este caso, todas las miradas apuntan a Ángel Víctor Torres, cuyo silencio empieza a ser ensordecedor.
Contratos inflados hasta un 560% durante la pandemia
La gravedad del asunto no reside solo en los montos adjudicados, sino en las condiciones de los contratos. Antonio Olivera, el hombre de confianza del entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, gestionó compras de mascarillas con sobrecostes de hasta un 560%.
La corrupción, de nuevo, se disfraza de urgencia sanitaria para llenar bolsillos socialistas a costa del sufrimiento ciudadano.
Olivera fue el puente directo entre el Servicio Canario de Salud y Megalab, empresa que no era contratista habitual, pero que se vio favorecida con tres adjudicaciones consecutivas:
El 17 de diciembre de 2020: 652.237 euros.
El 1 de enero de 2021: 2.255.907 euros.
El 1 de febrero de 2021: 2.455.154 euros.
Todo esto, con la sospechosa mediación de la trama de Koldo García Izaguirre y bajo el paraguas de la presidencia de Torres.
Llamadas, contactos y contradicciones
La Unidad Central Operativa (UCO) ha detectado conversaciones clave en el sumario del caso. Una de ellas involucra a Antonio Olivera y Ignacio Díaz Tapia, considerado uno de los gestores del dinero de Víctor Aldama, principal imputado en la trama.
La UCO investiga una llamada realizada el 8 de septiembre, antes de las adjudicaciones. Y el patrón es claro: llamadas previas, contratos posteriores. ¿Coincidencia? Imposible. Y mientras tanto, Olivera afirma no recordar esa llamada ni haber contratado a Megalab, aunque reconoce que era Viceconsejero de Presidencia, es decir, seguía en la cúpula del poder político canario.
La mentira ya no se sostiene
El socialista Ángel Víctor Torres ha intentado lavarse las manos, pero el olor a corrupción es demasiado fuerte. Antonio Olivera no actuó en solitario. La UCO investiga si era parte de un engranaje perfectamente engrasado para saquear fondos públicos bajo la excusa de la emergencia sanitaria.
La realidad es que el caso Koldo no ha terminado. De hecho, acaba de entrar en su fase más peligrosa para el PSOE. Ya no hablamos de intermediarios oscuros o comisionistas anónimos. Hablamos de altos cargos institucionales, nombrados a dedo por Sánchez, implicados directamente en el desvío de millones de euros.
La caída de Torres, cuestión de tiempo
Ahora que Olivera ha caído, todo indica que el siguiente paso de la investigación será imputar directamente a Torres, por su responsabilidad directa en los contratos investigados y por su cercanía con los protagonistas de la trama.
Pedro Sánchez pretendía exhibir a Ángel Víctor Torres como ejemplo de gestión y memoria democrática, pero los hechos lo retratan como el rostro de una corrupción sistémica.
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