El Gobierno se niega a revelar al Consejo de Europa los bienes de Begoña Gómez

Pedro Sánchez se ha especializado en venderse como paladín del progreso, pero su Gobierno cada vez huele más a cloaca. A espaldas de los ciudadanos y de las instituciones europeas, el Ejecutivo español ha adoptado una estrategia de ocultamiento sistemático.

El último escándalo: su negativa a cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa sobre transparencia y lucha contra la corrupción. ¿La razón? Porque esas medidas exigen arrojar luz sobre las actividades y el patrimonio de su entorno más cercano, incluido el de su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Y eso, al parecer, es demasiado pedir.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, lleva desde 2019 exigiendo a España que rinda cuentas. Reclaman medidas claras y contundentes: transparencia en los bienes de los cónyuges de altos cargos, prevención real de conflictos de interés, control sobre asesores y una estrategia contra el amiguismo institucionalizado.

¿Y qué ha hecho el Gobierno de Sánchez? Ignorar, retrasar y manipular. De 19 recomendaciones, solo 13 se han aplicado de forma parcial y 6 ni se han tocado. España ha sido oficialmente incluida en un procedimiento de incumplimiento.

En el centro de la polémica, cómo no, aparece Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

También figura su hermano, David Sánchez, imputado por cinco delitos relacionados con la administración pública y la Hacienda. La justicia avanza, pero el Ejecutivo se atrinchera. ¿Transparencia? Ninguna. ¿Colaboración? Cero. ¿Excusas? Todas: desde la protección de datos hasta el clásico “ya lo haremos”.

Y no acaba ahí. El GRECO ha exigido que los asesores del Gobierno estén sometidos a los mismos estándares que los altos cargos. Que se publiquen sus sueldos, su currículum y sus funciones. Pero en el Gobierno de Pedro Sánchez, los asesores brotan como setas, muchos sin experiencia demostrable, colocados a dedo, cobrando del erario público con la tranquilidad de saber que nadie les pedirá explicaciones.

Tampoco existe una estrategia seria contra los lobbies, ni control sobre las puertas giratorias, ni independencia real en órganos clave como la Oficina de Conflictos de Intereses o el Consejo de Transparencia. Todo se decide en la sombra, entre favores cruzados, filtraciones interesadas y opacidad institucionalizada.

El informe del GRECO es demoledor: el Gobierno español no solo incumple, sino que lo hace con desfachatez. No hay voluntad de cambiar nada, porque el sistema beneficia a quienes lo controlan. Pedro Sánchez ha convertido su mandato en una operación de blindaje personal y político, donde la ética es un estorbo y la verdad un enemigo.

La pregunta ya no es si hay corrupción, sino cuánta queda aún por descubrir. Y lo que es peor: cuánta se seguirá ocultando mientras el presidente y su corte de ministros sigan gobernando como si el país fuera suyo.

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