El Gobierno desvía fondos europeos a un centro de MENAs mientras TRAGSA arrastra escándalos de enchufismo

Lo que se anunció como el mayor plan de recuperación económica de nuestra historia tras la pandemia —los Fondos Next Generation EU— corre el riesgo de convertirse en un pozo sin fondo de gasto político opaco, dirigido más a satisfacer intereses ideológicos y redes clientelares que a reconstruir la economía real de España.

Prueba de ello es la reciente adjudicación por parte de TRAGSA de 3.718.830,05 euros para la construcción de un nuevo centro de inmigrantes menores (MENAs) en Las Raíces, Tenerife, supuestamente enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lo que está ocurriendo con los fondos europeos es, lisa y llanamente, un desvío sistemático de recursos que deberían servir para generar empleo, reforzar a la pequeña y mediana empresa, modernizar el tejido productivo y mejorar la competitividad, hacia proyectos ajenos al crecimiento económico, como es el caso de esta nueva infraestructura destinada a la acogida de inmigrantes recién llegados.

Europa entrega a España dinero para impulsar su futuro económico, y el Gobierno lo gasta en gestionar las consecuencias de su política migratoria desbordada.

TRAGSA, la empresa pública responsable de la ejecución del proyecto, no es precisamente un modelo de transparencia. En los últimos años ha sido objeto de repetidas críticas por contrataciones a dedo, irregularidades internas y favores personales encubiertos bajo contratos públicos.

El caso más sonado fue la contratación de Jésica, la expareja del exministro José Luis Ábalos, quien fue colocada en la estructura de la empresa a pesar de no tener ni la experiencia ni la preparación necesarias. Un episodio que dejó al descubierto las grietas de una gestión pública que se mueve más por afinidades personales que por méritos profesionales.

La adjudicación del contrato para el centro de Las Raíces, por valor de casi cuatro millones de euros, se tramitó mediante procedimiento abierto simplificado, un formato legal pero claramente insuficiente para garantizar la transparencia cuando hablamos de cifras millonarias.

La apertura de sobres con las ofertas económicas, realizada el pasado 28 de marzo, se hizo a puerta cerrada, sin presencia pública ni garantías de control ciudadano. Un trámite digital que sirve de coartada para ocultar el proceso a la vista del contribuyente, mientras se reparten millones de euros.

Todo esto ocurre mientras miles de pequeñas empresas, autónomos y sectores clave de la economía española siguen esperando que los famosos fondos europeos lleguen a sus manos.

En lugar de apostar por innovación, industria, digitalización o energías renovables, el Gobierno prefiere dedicar dinero europeo a fines que no generan riqueza ni progreso, como son infraestructuras que suponen un gasto permanente y que, además, están al servicio de una política migratoria descontrolada que la propia administración ha sido incapaz de abordar con seriedad.

Y lo más grave: la Unión Europea aprobó estos fondos bajo el compromiso de que serían utilizados para reactivar la economía real, no para ampliar redes asistenciales ni para aliviar las cargas de una gestión política fallida.

Este tipo de proyectos, por muy necesarios que puedan ser desde un punto de vista humanitario o social, no deben sufragarse con los recursos concebidos para transformar el modelo productivo español. Hacerlo no solo es una forma de fraude moral, sino un engaño directo a los ciudadanos europeos que financian con sus impuestos esta lluvia de millones.

En definitiva, el Gobierno está usando el dinero de Europa para lo que no debe, mientras las prioridades económicas reales del país siguen olvidadas. Y lo hace a través de entidades como TRAGSA, cuya credibilidad está manchada por el favoritismo político, el enchufismo y la opacidad.

Es momento de exigir cuentas, exponer cómo se reparten estos fondos y quién se está beneficiando realmente. Porque cada euro malgastado en propaganda o clientelismo, es un euro que no llega a quien lo necesita: los trabajadores, los emprendedores y los sectores productivos de este país.

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