Un testaferro aporta 46 transferencias a Villafuel por 36,5M en dos meses

En las tramas económicas que rozan el delito, hay quienes se enriquecen, quienes orquestan la ingeniería financiera y quienes se presentan como peones ciegos, ajenos al daño que provocan. Iván Castañer, exadministrador de la empresa Skyward Tech, se encuentra en el epicentro de una de las mayores investigaciones por fraude fiscal en España: la causa Hidrocarburos, en la que la Guardia Civil estima un desfalco al Estado superior a los 200 millones de euros a través del fraude masivo del IVA.

El relato que ofreció ante el juez Pedraz el pasado 3 de abril parece sacado de un manual de defensa básica: “me captaron, no sabía lo que hacía, no cobré nada, solo firmé y transferí cuando me lo dijeron”. Sin embargo, los hechos acreditados por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) revelan una estructura mucho más sofisticada que la de un joven sin experiencia atrapado por azar. Y aunque la ignorancia puede ser humana, rara vez es inocente.

De diseñador gráfico a administrador de una red millonaria
Castañer, de formación en diseño gráfico, fue nombrado administrador único de Skyward Tech el 13 de abril de 2023. Según su declaración, fue Santiago Cirera quien lo “captó” ofreciéndole dinero a cambio de figurar como representante legal de una empresa.

Nunca recibió el pago prometido, pero sí accedió a abrir cuentas bancarias, firmar ante notario y trasladarse cada mañana a un coworking en el Paseo de Gracia de Barcelona. Un rol que, bajo apariencia de legalidad, le colocó en el corazón operativo de un esquema de desvío de capitales y fraude al fisco.

En apenas tres meses, Skyward Tech movió 52.419.996,17 euros en operaciones de compra de hidrocarburos a Villafuel. Castañer ha entregado al juez 46 facturas por 36,6 millones de euros, pero la diferencia entre lo entregado y lo registrado levanta sospechas sobre la integridad documental de la empresa. Peor aún, se detectaron transferencias por 4,6 millones de euros a China, concretamente a una cuenta del Agricultural Bank of China, que según la UCO derivaban de fondos de origen ilícito.

¿Testaferro o cómplice?
Uno de los debates esenciales de esta causa —como en muchas vinculadas a tramas empresariales fraudulentas— gira en torno a la figura del testaferro. La ley distingue entre quien actúa sin conocer el fondo del asunto y quien participa activamente, incluso por omisión, en la comisión de un delito. Castañer afirma que simplemente ejecutaba instrucciones de Cirera, recibiendo mensajes con frases tan simples como “Villafuel, un millón de euros”, y que luego iba al banco a realizar la transferencia.

Pero sus acciones no fueron pasivas. Reconoció que, cuando una directora bancaria comenzó a sospechar por el volumen de transacciones, Cirera alquiló otro coworking cerca de otra sucursal bancaria, y allí continuaron las operaciones. Ese cambio de escenario no es inocuo: revela conciencia de que la operativa estaba generando alertas y una reacción para sortear el control financiero.

Además, Castañer admitió haber realizado transferencias a China y tener pendiente una reclamación judicial por 62.000 euros interpuesta por la propia Villafuel, lo que sugiere disputas internas dentro del entramado económico, y una posible ruptura entre los supuestos colaboradores.

Las sombras de Skyward Tech
La empresa que presidía Castañer no actuaba en solitario. Según los informes de la Guardia Civil, Skyward Tech operaba en el mismo periodo que otras empresas como Obaoil 3000 SL y Casmar Hidrocarburos, compartiendo con ellas clientes, modus operandi y, en ocasiones, cuentas bancarias vinculadas. Todas tienen algo en común: actúan como suministradoras de hidrocarburos durante un lapso breve, emiten facturas millonarias y desaparecen con deudas colosales al fisco.

Este patrón revela una estrategia de fraude carrusel o de empresas pantalla: sociedades constituidas con apariencia de legalidad para emitir facturas falsas o simular operaciones comerciales reales, con el objetivo de defraudar el IVA y lavar capitales.

En el caso de Skyward Tech, la deuda generada con Hacienda asciende a 12.430.157,87 euros, según los cálculos provisionales de los investigadores. Una cifra lo suficientemente escandalosa como para cuestionar cualquier defensa basada en el desconocimiento.

El papel del Ministerio: silencios administrativos y licencias exprés
Pero si hay un aspecto aún más escandaloso que la operativa de las empresas, es el papel que jugó la Administración Pública, y en concreto el Ministerio competente, al conceder a Villafuel las autorizaciones necesarias para operar en el sector de los hidrocarburos en tiempo récord, pese a que no cumplía varios de los criterios técnicos y financieros exigidos por la normativa.

Según fuentes cercanas al proceso, Villafuel obtuvo los permisos en un plazo anormalmente corto, mientras otras empresas similares esperaban meses —o incluso años— para recibir resoluciones administrativas. La documentación aportada por la empresa era, como mínimo, incompleta: carecía de garantías suficientes, no aportaba experiencia técnica acreditada en el sector y había inconsistencias en su estructura societaria.

Este tipo de tratos diferenciados genera una sospecha inevitable: ¿hubo trato de favor desde dentro del Ministerio? ¿Se utilizaron conexiones políticas o administrativas para agilizar trámites y saltarse controles? El silencio del Ministerio hasta la fecha solo alimenta la sombra de connivencia o, en el mejor de los casos, una preocupante negligencia institucional.

¿Quién protege al sistema?
Este caso no es aislado. En los últimos años, la Agencia Tributaria y las fuerzas de seguridad han detectado un aumento exponencial de redes de fraude en el sector de los hidrocarburos. El combustible, por su volumen de negocio y la complejidad de su trazabilidad fiscal, es terreno fértil para este tipo de delitos.

Los defraudadores se aprovechan de vacíos normativos, estructuras opacas y, sobre todo, de la facilidad con la que puede crearse una empresa y colocar a un tercero como administrador sin mayor control.

Aquí surge una pregunta esencial: ¿Qué controles fallan cuando un diseñador gráfico sin experiencia puede figurar como representante legal de una empresa que en pocos meses mueve más de 50 millones de euros? ¿Dónde está la supervisión bancaria, notarial, ministerial y fiscal para evitar que personas sin formación técnica asuman roles empresariales de riesgo?

El juicio a la credulidad
Castañer se presenta como una víctima: alguien que fue manipulado, usado como fachada y luego descartado. Pero esa narrativa encuentra dificultades para sostenerse frente a los hechos. No es necesario ser experto fiscal para sospechar cuando uno realiza transferencias millonarias sin tener idea de a qué negocio pertenecen, y mucho menos cuando se traslada de oficina en oficina para sortear la vigilancia bancaria.

Al final, el juicio no será solo sobre su grado de responsabilidad, sino también sobre la tolerancia del sistema a este tipo de figuras. Porque permitir que la ignorancia justifique la participación en esquemas fraudulentos equivale a premiar la negligencia y abrir la puerta a nuevos fraudes.

 El daño está hecho
La causa Hidrocarburos evidencia que el fraude fiscal no se sostiene sólo por grandes mentes financieras, sino por pequeñas manos que, conscientes o no, aceptan participar a cambio de dinero fácil o, como en este caso, promesas vacías. La pregunta clave es si el sistema será capaz de cerrar estas grietas o si simplemente buscará un chivo expiatorio simbólico para proteger las apariencias.

Porque si todo lo que se necesita para mover millones ilegalmente es un traje, un notario y un sello ministerial exprés, el problema no es solo Castañer. Es de todos.

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