Pedro Sanchez ha vendido España para mantenerse en el poder
Pero la indignidad no termina ahí. Sánchez también ha abrazado a Bildu, un partido heredero del entorno político de ETA, una banda terrorista que asesinó a más de 800 personas, incluidos muchos socialistas
Pedro Sánchez no gobierna para todos los españoles. Gobierna para sí mismo. Y para mantenerse en el poder, ha decidido pagar cualquier precio, incluso si ese precio es la unidad de España, la igualdad de sus ciudadanos o el respeto al Estado de Derecho. Lo que estamos presenciando no es simplemente una estrategia política: es una rendición.
Engañó a sus votantes. Prometió que no pactaría con los independentistas. Juró que no habría amnistía, que nunca pactaría con Bildu, que defendería la Constitución. Todo mentira. Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió. Es un mentiroso compulsivo, un narcisista obsesionado con el poder, capaz de destruirlo todo con tal de conservar su cargo.
Los pactos con partidos separatistas como ERC o Junts no son acuerdos democráticos, son cesiones humillantes. A cambio de unos pocos votos en el Congreso, Sánchez ha entregado competencias, impunidad judicial y privilegios económicos a quienes abiertamente desprecian al Estado que él juró defender. Esos mismos que organizaron un referéndum ilegal, que desobedecieron las leyes, que se burlaron de la Constitución… ahora son socios del presidente del Gobierno.
Uno de los gestos más graves ha sido la entrega de competencias en materia de inmigración y fronteras a la Generalitat de Cataluña. Esta decisión no solo supone un ataque a la soberanía del Estado, sino que abre la puerta a un control selectivo y partidista sobre una cuestión clave de seguridad nacional. ¿Desde cuándo una comunidad autónoma puede decidir quién entra o sale del país? ¿Acaso Cataluña es ahora un Estado independiente con su propia política migratoria?
Pero la indignidad no termina ahí. Sánchez también ha abrazado a Bildu, un partido heredero del entorno político de ETA, una banda terrorista que asesinó a más de 800 personas, incluidos muchos socialistas. Hoy, el presidente del Gobierno pacta presupuestos, leyes y reformas con quienes nunca han condenado claramente aquella violencia. Con quienes todavía homenajean a etarras en las calles del País Vasco. Pactar con Bildu no es reconciliación: es traición a la memoria, a las víctimas y a los valores democráticos.
¿Dónde queda la igualdad entre españoles cuando se aprueban amnistías a medida? ¿Qué mensaje se envía a quienes cumplen la ley cuando se premia a quienes la pisotean? ¿Cómo se puede hablar de justicia cuando se negocia con prófugos de la justicia como si fueran estadistas?
Y para colmo, Pedro Sánchez gobierna sin presupuestos, en una clara muestra de parálisis institucional. El gobierno está bloqueado, la economía se resiente, y el país está en manos de minorías radicales. Esta situación no solo evidencia una falta de responsabilidad, sino que vulnera el espíritu de la Constitución, que exige estabilidad, legalidad y responsabilidad en el ejercicio del poder.
España se rompe no solo cuando se desafía su integridad territorial. Se rompe cuando se pierde la confianza en las instituciones, cuando el Gobierno actúa al margen del interés general, cuando se permiten privilegios por razones políticas. Se rompe cuando hay ciudadanos de primera —los que viven en territorios con partidos chantajistas— y ciudadanos de segunda, que deben conformarse con menos, porque no tienen con qué negociar.
Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas. Ha demostrado que su permanencia en Moncloa vale más que la unidad nacional, más que la justicia, más que la igualdad. Es un peligro real para la democracia y para la convivencia en España. Está sembrando un futuro de resentimiento, división y ruptura.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado los procesos de nacionalización de inmigrantes ilegales, no como un acto humanitario, sino como una estrategia política premeditada. Concede papeles y promesas de subvenciones a cambio de lealtad electoral.
Está comprando votos con dinero público, transformando el derecho de ciudadanía en una herramienta de clientelismo. Lo que debería ser una política migratoria seria, transparente y equilibrada, se ha convertido en un mecanismo para perpetuarse en el poder a costa del bienestar común.
La historia juzgará estos años con dureza. Pero antes de que lo haga, deben hacerlo los ciudadanos. Porque Pedro Sánchez no está construyendo un país: está desmontándolo pieza a pieza, a cambio de seguir sentado en el sillón presidencial.
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