“Privilegios de altura: cuando el Congreso subvenciona gafas, DIUs y másters con dinero público”

En España, los ciudadanos pagan impuestos por todo: desde el pan hasta la energía, desde el IRPF al IVA de sus propias gafas. Pese a ello, deben costear de su bolsillo implantes dentales, audífonos, fisioterapia, libros escolares, logopedas o incluso tratamientos psicológicos. El sistema público no lo cubre, o lo hace con cuentagotas. Para la mayoría, la salud dental y visual es casi un lujo, la conciliación familiar una utopía, y la formación continua, un esfuerzo titánico y personal.

Y sin embargo, mientras las calles bullen con una inflación que se come los sueldos y un acceso cada vez más desigual a servicios básicos, en el Congreso de los Diputados se vive otra realidad. Una donde los problemas cotidianos tienen solución institucionalizada, pagada con dinero público, mediante un fondo de prestaciones sociales tan generoso como invisible para la ciudadanía.

Asesores y funcionarios del Congreso pueden recuperar hasta 4.600 euros en gastos personales al año. Pero no hablamos de desplazamientos por trabajo ni de dietas por representación: estamos hablando de gafas, lentillas, audífonos, calzado ortopédico, sesiones de podología, implantes dentales, estudios universitarios de los hijos y hasta la implantación del DIU como parte de la conciliación familiar.

Un fondo para privilegiados
Este fondo de prestaciones sociales está regulado por un documento interno de apenas tres páginas, dividido en categorías que agrupan salud, educación, transporte y familia. Pero lo llamativo no es tanto la existencia de la ayuda —que puede ser razonable en ciertos casos—, sino la escala de los reembolsos y la amplitud de los conceptos cubiertos.

Por ejemplo:

Audífonos: 736,40 euros por unidad, con un máximo de dos al año. Total: 1.472,80 euros.
Dentadura postiza completa: 903,60 euros.
Gafas multifocales completas: 431,30 euros.
Lentillas desechables: 185,60 euros.
Fisioterapia, psicología y logopedia: hasta 324,60 euros por persona.
Calzado ortopédico: 110 euros.

Sesiones de podología: 16,40 euros por sesión, hasta seis al año.
Por si fuera poco, se contempla la devolución de 165,50 euros por la implantación del DIU o 66,30 por un diafragma, dentro del capítulo de conciliación familiar, lo cual puede tener sentido… hasta que uno recuerda que fuera del Congreso, muchas mujeres deben pagar esos procedimientos de su bolsillo en clínicas privadas porque la sanidad pública no lo cubre con garantías ni plazos razonables.

También se bonifica:

La educación reglada y no reglada (hasta 1.101,50 euros anuales).
Los estudios universitarios propios o de los hijos, incluyendo másteres, doctorados, idiomas o preparación de oposiciones internas.

El transporte público, con una bonificación del 65% del coste del abono anual o mensual.
La natalidad, adopción, acogimiento o matrimonio, con una ayuda de 936 euros por evento.
La educación infantil de los hijos, con ayudas de hasta 874,80 euros por hijo al año.
Una prima de jubilación de 12.985 euros.
Una ayuda por fallecimiento de hasta 1.766 euros.

Asesores a dedo y funcionarios con carta blanca
Cabe aclarar que no todos los beneficiarios de estas prestaciones son funcionarios de carrera. También lo son los llamados asesores parlamentarios o personal eventual, designados a dedo por diputados, senadores o grupos parlamentarios. Este personal, que no ha superado ningún proceso público de oposición, accede a estos puestos por “confianza política” y tiene sueldos que oscilan entre 31.778 y más de 63.000 euros anuales.

Es decir, no solo tienen puestos blindados mientras dure la legislatura, sino que además disfrutan de estas ayudas sociales de carácter cuasi elitista, completamente fuera del alcance del resto de los ciudadanos.

¿Legal? Sí. ¿Decente? No.
El fondo está regulado y no se trata de un desvío de fondos ni de un caso de corrupción directa. Pero el problema no es la legalidad: es la moralidad pública, la responsabilidad política, el ejemplo institucional. Porque mientras fuera se recorta, se privatiza, se espera y se sufre, dentro se subvenciona con generosidad hasta el tratamiento bucodental.

En un país con brechas brutales en salud mental, salud bucal y conciliación familiar, donde los jóvenes renuncian a estudiar por falta de recursos, y las familias se endeudan para dar a sus hijos una mínima oportunidad, este tipo de ayudas internas son una bofetada en la cara del contribuyente.

El Congreso se ha convertido en una burbuja de privilegios blindados, un entorno desconectado del país que dice representar. Mientras los diputados debaten sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, sus asesores —designados sin concurso público— reciben subvenciones que muchos médicos del sistema sanitario público ni siquiera podrían imaginar.

Una reforma pendiente… pero que nunca llega
Este fondo no es nuevo. Lleva años funcionando, pero cada vez que trasciende públicamente, la indignación social se disuelve entre el ruido político, sin que nadie plantee una reforma seria. Porque tocar estos beneficios implica enfrentarse al estamento político-administrativo, y eso, en el ecosistema de partidos, es terreno vedado.

Sin embargo, lo que se necesita no es eliminar todo —porque algunas ayudas pueden tener sentido—, sino poner coto a los abusos, limitar los privilegios, aplicar principios de equidad y rendición de cuentas, y sobre todo, abrir este sistema a la transparencia total.

Los españoles no merecen pagar lentillas, audífonos, másters o implantes dentales a los asesores de confianza de los diputados. Mucho menos cuando ni ellos mismos pueden permitírselos. Y no porque no trabajen: simplemente porque no pertenecen a esa élite blindada del Congreso, donde todo está previsto, cubierto y protegido… salvo la dignidad de vivir como el resto.

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