Red de fraude electoral vinculada al PSOE: la Guardia Civil destapa irregularidades en el voto por correo

España atraviesa uno de los episodios más oscuros y peligrosos de su historia democrática reciente. La confianza en las instituciones, ya erosionada por años de escándalos, promesas incumplidas y una corrupción casi estructural, recibe ahora un nuevo y devastador golpe: una presunta red sistemática de compra de votos por correo, supuestamente orquestada desde el interior del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en distintas regiones del país.

Cabe recordar que Pedro Sánchez ya ha demostrado su habilidad para manipular procesos internos cuando en 2016 intentó introducir una urna no autorizada en el Comité Federal del PSOE, en un intento por legitimar su posición mediante un recuento paralelo de votos.

Esta acción fue duramente criticada por miembros del propio partido y es vista hoy como un precedente preocupante del tipo de líder dispuesto a manipular reglas democráticas para mantenerse en el poder.

Lo que inicialmente se presentó como un caso aislado en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe ha destapado una trastienda política que, según investigaciones de la Guardia Civil y denuncias locales, se ha replicado en territorios tan diversos como Melilla, Murcia, Ciudad Real, Almería, Tenerife y La Gomera.

El patrón se repite con una frialdad alarmante: suplantación de identidad, coacción a personas vulnerables, manipulación de trámites en oficinas de Correos y promesas de favores laborales a cambio de votos.

 Anatomía de un fraude
Uno de los casos más documentados es el de Albaida del Aljarafe, donde un trabajador del Ayuntamiento, vinculado al PSOE, ofreció un contrato temporal a cambio de que un ciudadano firmara la solicitud de voto postal. El mismo funcionario se encargó de todo el trámite, incluyendo el uso del DNI del votante, ejecutando finalmente un voto que no le pertenecía.

En Melilla, se llegó a pagar hasta 150 euros, una vivienda protegida o un empleo a cambio de un voto. En Ciudad Real, las cantidades oscilaban entre 50 y 120 euros, con el agravante de que las coacciones se realizaban en los propios domicilios de los votantes, muchos de ellos en situación de extrema vulnerabilidad.

El encubrimiento institucional: justicia lenta, partidos mudos
A pesar de la magnitud del escándalo, ningún partido político ha llevado estos hechos a los tribunales ni ha exigido la anulación o revisión profunda de los procesos electorales involucrados. Este silencio, según varios analistas y observadores independientes, solo puede interpretarse como complicidad por omisión.

Y lo que es peor: auditorías externas independientes han detectado irregularidades graves en los datos oficiales de las últimas elecciones, señalando incongruencias estadísticas, patrones de voto anómalos en el extranjero y un uso desproporcionado del voto por correo en determinadas zonas con fuerte presencia de máquinas clientelares. Sin embargo, ni el PP, ni Vox, ni Sumar, ni ningún otro partido ha hecho nada al respecto.

La pieza clave: la compra de Indra
En medio de todo este entramado, destaca una jugada del Gobierno que, en cualquier país serio, habría generado un terremoto institucional: la adquisición de Indra por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la SEPI. Indra es, nada menos, que la empresa encargada del recuento provisional de los datos electorales en España.

Con el pretexto de proteger sectores estratégicos, el Gobierno pasó a controlar el órgano clave del escrutinio electoral. ¿Puede haber mayor contradicción que un gobierno sospechoso de fraude, tomando las riendas de la empresa que gestiona los resultados? El conflicto de intereses es tan evidente que no requiere elaboración. No solo se compran votos; ahora también se compran los algoritmos que los cuentan.

Un sistema que ya no se sostiene
La gravedad del asunto va mucho más allá de un partido o una región. El problema no es solo que se compre el voto: es que se tolera, se encubre y se institucionaliza.

El sistema político actual parece haber normalizado un modelo donde la corrupción electoral es una herramienta más del juego de poder. Se protege desde dentro. Se oculta desde arriba. Se ignora desde fuera. Y lo peor: se perpetúa con la inacción de todos.

El riesgo de una dictadura encubierta
No estamos ante un simple escándalo de corrupción. Estamos ante un ataque directo al principio fundamental de la democracia: el derecho a un voto libre, secreto e igual. Si el voto se puede comprar, manipular y contabilizar desde dentro del sistema, ya no hablamos de democracia, sino de una dictadura de apariencia democrática.

Lo que exige la ciudadanía
Una comisión parlamentaria independiente que investigue todos los procesos electorales desde 2019.
La intervención de organismos internacionales para auditar los sistemas de recuento electoral, incluyendo a Indra.

La revisión del voto por correo, con controles estrictos, identificación biométrica y garantías de transparencia.
Responsabilidades penales y políticas inmediatas para todos los implicados.

Porque cuando el voto se compra, la democracia se vende
Y si además el poder cuenta los votos que ha comprado, entonces lo que queda no es una democracia: es una farsa legitimada por urnas corrompidas.

Es hora de despertar. De exigir. De no aceptar el silencio ni la complicidad. Porque callar, en este contexto, no es neutralidad: es traición al pueblo soberano.

Además, Pedro Sánchez colocó a su amigo y colaborador Juan Manuel Serrano al frente de Correos, una institución clave en la gestión del voto por correo.

La posibilidad de manipular físicamente las sacas de votos o alterar su destino no es simplemente una teoría conspirativa, sino una vulnerabilidad reconocida por expertos en logística electoral. Esta maniobra levanta aún más sospechas sobre la intención de controlar todos los puntos sensibles del proceso electoral.

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