La factura de esas buenas relaciones con Marruecos de las que presume Pedro Sanchez

Desde hace meses, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, no cesa de proclamar a los cuatro vientos que las relaciones con Marruecos nunca han sido mejores. Sin embargo, conviene preguntarse: ¿mejores para quién? La distancia entre el triunfalismo oficial y la realidad que soportan las instituciones españolas, los contribuyentes y la propia soberanía nacional es tan abismal que resulta insultante para cualquier observador crítico.

Mientras se suceden los gestos de sumisión, los hechos muestran que España paga un precio político, económico y social cada vez más alto, en una relación marcadamente desigual y perjudicial para nuestros intereses.

Relaciones diplomáticas: entre la propaganda y la realidad
La retórica oficial sobre la "excelencia" de las relaciones con Marruecos se da de bruces con realidades vergonzosas: mapas oficiales marroquíes que incluyen Ceuta, Melilla y el Sahara Occidental como parte de su territorio soberano; actos diplomáticos en los que la bandera española aparece colocada del revés, símbolo internacionalmente reconocido de rendición.

Pese a estas humillaciones públicas, el gobierno español continúa abrazando la estrategia de apaciguamiento, sin exigir respeto a la integridad territorial española ni firmeza en cuestiones fundamentales. Marruecos no solo no ha variado sus aspiraciones territoriales históricas, sino que las promueve con renovada audacia, a la vista de la complacencia española.

El abandono del Sahara y la sumisión a intereses extranjeros
Uno de los episodios más indignantes de esta política de cesión es el giro de 180 grados respecto al Sahara Occidental. Rompiendo décadas de consenso en el seno del PSOE, y despreciando el mandato internacional que asigna a España una responsabilidad como potencia administradora, Pedro Sánchez decidió apoyar la posición marroquí, renunciando al tradicional respaldo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Este viraje no respondió a un mandato popular ni a un debate democrático. Fue un acto personalista, justificado en una supuesta alineación con las posturas de Estados Unidos y Francia, como si España careciera de autonomía histórica en la cuestión. Para Marruecos, Sánchez se ha convertido en un aliado inestimable. Para España, supone una vergüenza y un descrédito internacional.

La factura económica oculta de la "buena vecindad"
El precio de esta sumisión no es solo simbólico. Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, las ayudas, subvenciones y préstamos a Marruecos han alcanzado los mil millones de euros. A ello se suma la contribución europea: más de 15.000 millones de euros en los últimos años.

Una parte significativa de estos fondos se destina al equipamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes: todoterrenos, material antidisturbios, tecnologías de vigilancia. Equipos que, paradójicamente, escasean en la propia Guardia Civil española.

España paga, además, una factura sanitaria anual disparatada como consecuencia del Convenio bilateral de Seguridad Social, un acuerdo que el propio Tribunal de Cuentas calificó ya en 2009 de "especialmente gravoso" para España. Mientras apenas existen españoles beneficiados en Marruecos, miles de marroquíes residentes en su país reciben asistencia a cargo de la sanidad pública española, incrementando notablemente el coste que asume nuestro sistema de salud.

La presión migratoria y el coste silencioso
La inmigración irregular procedente de Marruecos constituye otro elemento que desnivela aún más las relaciones. Especialmente grave resulta el creciente número de menores extranjeros no acompañados (MENA), un fenómeno que afecta de forma especial a comunidades como Cataluña y Andalucía.

Según los últimos datos oficiales, el 67% de los menores tutelados por las administraciones públicas en España son de origen marroquí. Su manutención supone un coste estimado de entre 150.000 y 225.000 euros semanales, sin contar con las ayudas posteriores de hasta 472 euros mensuales cuando alcanzan la mayoría de edad. A ello se suma el coste educativo, sanitario, judicial y social derivado.

La presión migratoria no solo supone un desafío económico, sino también de integración, convivencia y cohesión social, cuestiones que ningún gobierno parece dispuesto a abordar con seriedad.

Comercio injusto: los aranceles marroquíes contra los productos españoles
En el terreno comercial, la asimetría también es clamorosa. Mientras Marruecos se beneficia del acceso privilegiado a los mercados europeos gracias a su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, impone fuertes aranceles y trabas administrativas a numerosos productos españoles, especialmente agrícolas e industriales.

Por ejemplo, productos como el aceite de oliva, las conservas, los lácteos, los textiles y los productos cárnicos soportan en Marruecos aranceles que oscilan entre el 25% y el 40%, además de requisitos burocráticos deliberadamente complejos que encarecen la exportación española.

Mientras tanto, las frutas y hortalizas marroquíes inundan los mercados españoles y europeos, beneficiándose de precios competitivos gracias a menores costes laborales, subvenciones estatales y ausencia de exigencias laborales o ambientales comparables a las europeas.

El resultado es una competencia desleal que destruye sectores estratégicos del campo español (como los agricultores de Almería, Murcia o Valencia han denunciado repetidamente), sin que el Gobierno español alce la voz o exija reciprocidad en los intercambios.

La cuestión educativa: la marroquinización de la escuela española
Uno de los aspectos más preocupantes de esta relación privilegiada con Marruecos es el progresivo proceso de marroquinización en el sistema educativo español.

A través del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), cerca de 200 colegios en Andalucía —y otros tantos en Cataluña— imparten clases de árabe e historia de Marruecos. En comunidades como Almería, más del 50% de los menores extranjeros son de origen marroquí.

La paradoja es escandalosa: mientras a los niños españoles se les priva de educación cívica o en historia nacional, se promueve que miles de alumnos de origen marroquí refuercen su identidad cultural, religiosa y nacional de origen, fomentando el desapego respecto a España y sembrando a largo plazo profundas brechas sociales.

La pregunta es obvia: ¿qué ocurrirá cuando estos colectivos, en pleno crecimiento demográfico, pasen a tener un peso político decisivo en municipios y regiones? Giovanni Sartori y otros analistas ya advirtieron hace décadas sobre las consecuencias de una inmigración masiva y desintegrada en las democracias liberales. España camina peligrosamente en esa dirección.

Reflexiones finales: ¿qué futuro estamos sembrando?
El balance de las relaciones España-Marruecos bajo los gobiernos recientes no puede ser más desolador. No solo en términos de soberanía nacional, sino también económicos, sociales y de futuro.

España paga, Marruecos cobra. España cede, Marruecos avanza. España calla, Marruecos se envalentona.

Mientras el Gobierno repite consignas triunfalistas, la realidad muestra una rendición lenta pero constante. No se trata de rechazar la cooperación entre pueblos vecinos, sino de exigir una relación basada en el respeto mutuo, la equidad y la defensa firme de los intereses nacionales.

Continuar en la senda actual supone hipotecar no solo nuestro presente, sino también el futuro de las próximas generaciones de españoles.

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