El informe de los letrados del TC que avala la amnistía para mantener a Sanchez en el poder

En un giro alarmante de los acontecimientos, España parece estar en el umbral de un cambio que podría transformar de manera irreversible su sistema democrático. La Ley de Amnistía, actualmente bajo el escrutinio del Tribunal Constitucional, representa un punto de inflexión crucial. Si el Tribunal Constitucional respalda esta ley, no solo se estaría validando una normativa profundamente controvertida desde el punto de vista jurídico, sino que también se estaría consagrando un mecanismo institucional que podría abrir la puerta a un régimen autoritario.

La pregunta es: ¿Estamos presenciando el último suspiro de la democracia española tal como la conocemos, para dar paso a una autocracia en la que el poder judicial colabora activamente con el gobierno para perpetuar su control sobre el Estado?

El Contenido de la Ley de Amnistía: Un Tiro a la Democracia

La Ley de Amnistía, si se aprueba tal y como está planteada, tendría como efecto principal la exoneración de las responsabilidades penales de los principales responsables del golpe de Estado—un conjunto de hechos que conllevaron a la proclamación unilateral de independencia de Cataluña en 2017. Este tipo de leyes son, por su naturaleza, profundamente problemáticas desde una perspectiva constitucional. La amnistía no solo borra las penas impuestas, sino que también elimina la posibilidad de que los responsables rindan cuentas por sus actos.

El Tribunal Constitucional, cuya función es velar por la constitución y garantizar que las leyes no contradigan los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho, se enfrenta a un dilema fundamental. Validar una ley como esta no solo sería un acto de legitimación de la impunidad, sino un golpe directo a los cimientos de la democracia.

El hecho de que esta ley, que contradice los principios fundamentales de la justicia y la igualdad ante la ley, esté siendo defendida por un gobierno que, por cierto, ha jugado un papel importante en su formulación, plantea una seria interrogante sobre el futuro del sistema judicial en España. Si el Tribunal Constitucional aprueba esta ley, no solo se estaría incumpliendo la letra de la Constitución, sino que también se estaría enviando el mensaje de que, en España, las leyes pueden ser moldeadas y manipuladas según los intereses del gobierno de turno, sin ningún tipo de control real.

La Cuestión de los Letrados: ¿Independencia o Colaboración?

Uno de los aspectos más inquietantes de todo este proceso es la relación entre los letrados del Tribunal Constitucional y los magistrados que los designan. Como se ha revelado recientemente, la mayoría de los letrados que han redactado la ponencia a favor de la Ley de Amnistía son de adscripción temporal, es decir, han sido designados por los magistrados que ocupan puestos de forma más estable.

Estos letrados, aunque expertos en derecho, no han sido seleccionados mediante oposición, sino que han sido elegidos por una designación libre. Este sistema de selección, por tanto, crea una red de dependencia entre los letrados y los magistrados que los eligen, lo que pone en entredicho la objetividad e imparcialidad de las decisiones judiciales que toman.

Específicamente, los cinco letrados que han redactado la ponencia en apoyo de la Ley de Amnistía están estrechamente vinculados a magistrados progresistas, como Juan Carlos Duque, quien también ha sido el responsable de otra controvertida sentencia en el caso de los ERE. Esta cercanía entre los letrados y los magistrados deja al descubierto un sistema donde los intereses políticos y las afinidades ideológicas influyen directamente en la interpretación de la ley.

No es una coincidencia que el Tribunal Constitucional, tras la renovación de su Pleno por un perfil más progresista, haya tomado decisiones que favorecen las políticas del gobierno socialista, como la exoneración de los responsables del procés. En este contexto, la independencia judicial, que es un pilar fundamental de cualquier democracia, se ve gravemente comprometida.

Lo más alarmante es que estos letrados progresistas, responsables de redactar la ponencia sobre la Ley de Amnistía, no han tenido que superar ningún tipo de oposición rigurosa. A diferencia de los letrados que acceden a sus puestos a través de concurso-oposición, un proceso altamente competitivo y exigente, los letrados designados por libre elección han sido simplemente puestos a dedo por los magistrados.

Esta falta de mérito y selección imparcial es un claro indicio de cómo los órganos judiciales se han convertido en piezas manejables para quienes detentan el poder. La independencia de los letrados, por tanto, se ve gravemente comprometida, ya que su designación depende de una relación estrecha con los magistrados y, en última instancia, con el poder político.

La designación de estos letrados sin una oposición que garantice su imparcialidad y cualificación crea una situación en la que los letrados no son independientes, sino que están alineados con los intereses del gobierno y de los magistrados que los eligen. Esto genera una situación de grave corrupción institucional, donde el poder judicial no actúa como un freno al poder ejecutivo, sino como un aliado para mantener ese poder. Los letrados, al ser puestos a dedo y no tener que demostrar su capacidad de manera objetiva, se convierten en actores políticos que contribuyen activamente a la perpetuación de una agenda política, en lugar de estar al servicio de la justicia.

El papel del Tribunal Constitucional: ¿Garantía del Estado de Derecho o Instrumento del Poder Ejecutivo?

El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad histórica de defender la Constitución y asegurarse de que las leyes se ajusten a sus principios fundamentales. Sin embargo, en el caso de la Ley de Amnistía, el Tribunal está siendo colocado en una posición donde sus miembros, con la reciente renovación progresista, se ven tentados a validar una ley que va en contra de los principios de justicia, de igualdad ante la ley y de no retroactividad en los efectos penales. Esta situación plantea la pregunta crucial:

¿Es el Tribunal Constitucional una garantía de la separación de poderes y el Estado de Derecho, o se ha convertido en una extensión de la maquinaria política del gobierno?

Si el Tribunal Constitucional respalda la Ley de Amnistía, estaremos ante un precedente peligrosísimo. Se estaría dando luz verde a un mecanismo legal que desactiva las consecuencias de actos ilegales y que podría ser utilizado en el futuro por cualquier gobierno para asegurar su permanencia en el poder. En este escenario, el Tribunal Constitucional no sería más que una herramienta para mantener al gobierno en el poder, evitando que los opositores y los críticos enfrenten las consecuencias de sus actos.

Además, el hecho de que los letrados encargados de redactar la ponencia estén tan estrechamente ligados a los magistrados progresistas que dominan el Pleno del Tribunal sugiere que la separación de poderes en España es cada vez más débil. La ley está siendo utilizada para consolidar el poder del gobierno a través de la manipulación de los órganos judiciales, lo que lleva a la erosión de la democracia.

España al Borde de la Autocracia: Un Futuro Peligroso

Si el Tribunal Constitucional valida la Ley de Amnistía, España podría estar dando un paso decisivo hacia un régimen autocrático. Al permitir que los responsables del procés queden impunes, se estaría sentando un precedente peligroso: el poder del gobierno podría ser consolidado de manera indefinida.

El Tribunal Constitucional, en lugar de servir como garante del orden constitucional y de la democracia, estaría colaborando activamente con el poder ejecutivo para mantenerlo en el poder. La independencia judicial sería una falacia, y el sistema de separación de poderes quedaría gravemente dañado.

Este tipo de decisiones pone en riesgo las bases mismas de la democracia española. Si se permite que el poder judicial se convierta en un apéndice del poder ejecutivo, el país estaría en un proceso de desmantelamiento de sus instituciones democráticas.

El principio de la igualdad ante la ley, tan fundamental en un Estado de Derecho, sería reemplazado por una dinámica en la que las leyes se adaptan a los intereses del gobierno, y donde las decisiones judiciales se dictan conforme a las presiones políticas. La justica dejaría de ser ciega, y la imparcialidad desaparecería en favor de los intereses políticos.

La Ley de Amnistía es mucho más que una simple norma legal; es un testimonio de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para asegurar su permanencia en el poder. Si el Tribunal Constitucional valida esta ley, España no solo estaría traicionando los principios democráticos que la Constitución consagra, sino que podría estar abriendo la puerta a una autocracia donde los jueces y el gobierno colaboran activamente para asegurarse de que las reglas del juego siempre favorezcan a quienes están en el poder.

La democracia española se enfrenta a un momento crítico, y su futuro dependerá de la capacidad de las instituciones para defender la independencia judicial y el principio de justicia.

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