La Ley de la Huerta se convirtió en una trampa mortal. En lugar de garantizar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas, lo que hizo fue poner por encima las "normas ideológicas" de los partidos gobernantes que se obsesionaron con mantener intacto un modelo agrícola
Nacional28 de abril de 2025
Impacto España Noticias
Seis meses han pasado desde que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) arrasó la Comunidad Valenciana. Seis meses de sufrimiento, de silencio administrativo, de impotencia y, sobre todo, de un abandono absoluto por parte de las instituciones que deberían haber protegido a los ciudadanos.
Lo que sucedió no fue una simple catástrofe meteorológica, sino una tragedia humana agravada por la negligencia y la falta de acción de aquellos que tienen el poder para prevenirlo. La culpa es de Pedro Sánchez, su Gobierno y sus socios en la Comunidad Valenciana, quienes no han hecho nada más que dejar a los afectados sumidos en el caos.
Pedro Sánchez no ha hecho nada.
La gestión de la emergencia por parte del Gobierno de España es una de las más grandes vergüenzas de la historia reciente. En vez de actuar con celeridad, de poner en marcha un plan de emergencia nacional, Pedro Sánchez decidió huir de Paiporta a toda prisa, sin comprometerse en nada, sin ofrecer ningún tipo de solución inmediata.
¿Dónde estaban los ministros, la unidad de emergencia, el apoyo del Ejército que en otras tragedias sí fue rápido y eficaz? No estaba. Su visita fue meramente mediática, buscando generar una imagen de "presencia" que nunca se tradujo en acción concreta.
Pero lo peor de todo es que la falta de respuesta no fue un accidente, sino una decisión sistemática de desentenderse. Pedro Sánchez, en lugar de asumir su responsabilidad como presidente, se dedicó a jugar sus cartas electorales. Mientras las familias de Catarroja y otras localidades perdían sus hogares, él solo pensaba en su imagen política. Mientras la gente lloraba la pérdida de seres queridos y propiedades, el presidente se lavaba las manos, buscando culpar a otros como Carlos Mazón y limpiando imagen de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La negligencia de la Confederación del Júcar: una gestión criminal
La Confederación Hidrográfica del Júcar, un organismo que tiene la responsabilidad de gestionar los recursos hídricos y prevenir catástrofes, falló estrepitosamente en su labor preventiva. No hubo alertas suficientes, no se ejecutaron las obras necesarias para mantener los cauces de los ríos y barrancos, y, lo que es aún más grave, se impidió la limpieza de los ríos y barrancos que luego causaron las inundaciones.
Mientras el agua arrasaba con todo a su paso, la Confederación del Júcar se dedicaba a aplicar estrictas normativas medioambientales que no tienen en cuenta la seguridad de los ciudadanos.
La limpieza de los cauces no es una opción: es una necesidad. Sin embargo, las normativas ecológicas, que pretenden proteger la vegetación y el paisaje, fueron impuestas sin tener en cuenta la seguridad de las personas.
Esta decisión política no solo es irresponsable, sino criminal, porque impidió que se pudiera hacer algo para frenar la fuerza del agua. En lugar de prevenir y actuar de manera efectiva, se antepuso la "protección ambiental" a la vida de los valencianos, con la excusa de que no se podía alterar la vegetación de los barrancos. Esta fue la receta perfecta para el desastre.
La Ley de la Huerta: un obstáculo mortal para la prevención
Si la Confederación del Júcar no hizo lo que debía, los responsables a nivel autonómico tampoco fueron mejores. La Ley de la Huerta, impulsada por Compromís y el PSOE, resultó ser otro obstáculo mortal para la prevención de la catástrofe.
La ley, que supuestamente buscaba proteger el espacio agrícola de la huerta valenciana, impidió la construcción de infraestructuras necesarias para regular los cauces de los ríos y prevenir inundaciones. En un afán por preservar el terreno agrícola, la ley bloqueó la posibilidad de hacer obras cruciales para proteger a la población, sacrificando la seguridad de miles de familias por un modelo de protección ambiental que, en la práctica, no tiene sentido en un contexto de emergencia.
La Ley de la Huerta se convirtió en una trampa mortal. En lugar de garantizar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas, lo que hizo fue poner por encima las "normas ideológicas" de los partidos gobernantes que se obsesionaron con mantener intacto un modelo agrícola que ya no podía proteger a nadie. Este tipo de decisiones solo agravó la situación, dejando a las personas atrapadas entre la normativa que les debía proteger y las inundaciones que las arrasaban.
¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez para remediarlo?
Nada. Tras el desastre, Sánchez se limitó a repartir excusas y culpas, nunca responsabilidades. Ni un solo plan real de reconstrucción, ni un gesto significativo hacia los afectados. Los valencianos no vieron a Pedro Sánchez cuando lo necesitaban, sólo a un presidente calculador y lejano que sigue su carrera electoral y no la justicia para las víctimas.
Pedro Sánchez se ha preocupado más por su imagen internacional y por mandar millones de euros a países lejanos, mientras que las familias valencianas siguen esperando una ayuda real. El Gobierno, en lugar de poner recursos inmediatos para restaurar infraestructuras, se ha limitado a hacer propaganda, sin acciones efectivas sobre el terreno. No hay ni un plan de recuperación que responda a las necesidades urgentes de los afectados.
La indignación de los vecinos: "Estamos peor que cualquier país africano"
La indignación de los vecinos de las localidades devastadas es palpable. “Estamos peor que cualquier país africano al que ayuda el Gobierno de Sánchez”, dicen muchos de ellos, y tienen toda la razón. En muchos lugares del mundo que reciben ayuda internacional de España, la respuesta es más rápida, más eficiente y más humana que la que han recibido los propios españoles tras la DANA. Mientras Sánchez se llena la boca de solidaridad con los países del Tercer Mundo, su pueblo se ahoga en el barro.
La diferencia es clara: en países lejanos, los recursos se movilizan rápido, las ayudas son efectivas. Pero en España, en casa, la catástrofe se convierte en un olvido administrativo. Las promesas se diluyen, los fondos nunca llegan, y la gente sigue luchando sola, con los escombros como único paisaje. Los valencianos no han visto un compromiso real ni del Gobierno central ni del autonómico.
El desastre es tanto natural como político
Lo que sucedió en Valencia no fue sólo un desastre natural: fue un desastre político y administrativo. Pedro Sánchez, la Confederación Hidrográfica del Júcar, Compromís y el PSOE son responsables directos de la tragedia, porque dejaron pasar el tiempo, negaron los recursos y las medidas preventivas necesarias, y se dedicaron a proteger sus intereses ideológicos en lugar de la vida de los ciudadanos.
Catarroja, Paiporta y tantas otras localidades siguen esperando la ayuda que nunca llegó. Seis meses después de la DANA, los valencianos siguen viviendo en condiciones infrahumanas, mientras que los responsables siguen escapando de la culpa. La España de Sánchez está más preocupada por la propaganda y las elecciones que por la gente real.
Mientras tanto, el sufrimiento sigue, y la vergüenza es más grande que nunca.
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