El PSOE se alió con trabajadores de Correos para falsificar los votos de Albaida

El fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla) que investiga la Guardia Civil y el Juzgado número 3 de Sanlúcar la Mayor por las elecciones municipales de 2019 apunta directamente al PSOE y a la implicación de empleados de Correos.

Según los hechos denunciados por Izquierda Unida, dos trabajadores de la empresa estatal facilitaron la manipulación masiva de votos por correo que habría servido para que los socialistas revalidaran la mayoría absoluta en el municipio.

Dos empleados de Correos están siendo investigados por su participación activa en la presunta trama. Uno de ellos, C. R. M., era además exconcejal del PSOE en Albaida, y fue quien recepcionó las solicitudes y los votos enviados. El segundo, A. G. D., repartidor de la oficina, recogía directamente los sufragios en el Ayuntamiento y los entregaba sin pasar por el trámite legal obligatorio.

 La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los trabajadores de Correos deben verificar la firma del votante con su DNI, garantizando que el sufragio corresponde realmente a la persona solicitante. Sin embargo, según la denuncia, no sólo se incumplió este requisito, sino que incluso se habría llegado a rellenar papeletas de forma fraudulenta y depositarlas en la oficina sin control alguno.

El coordinador de Izquierda Unida en Albaida, Clemente Franco, ha confirmado que mantuvieron una reunión con responsables de Correos —no con los trabajadores investigados— tras los comicios de 2019. En ese encuentro, los directivos de la sociedad estatal aseguraron que si se demostraba un solo voto fraudulento, se personarían en la causa. Cinco años después, Correos sigue sin personarse en el proceso judicial.

La acusación ha pedido que se llame a declarar a uno de los representantes legales de Correos como testigo, ya que hasta el momento sólo ha comparecido la responsable de la oficina de Albaida, quien declaró no tener conocimiento de las irregularidades.

El caso acumula pruebas preocupantes, como la existencia de decenas de votos firmados con una ‘x’ o el testimonio de un matrimonio que no votó, pero cuyos sufragios aparecieron en las urnas.

Dos alcaldes socialistas en el punto de mira
Tanto el actual alcalde, José Antonio Gelo, como su antecesora, Soledad Cabezón, ambos del PSOE, están siendo investigados por los presuntos delitos derivados de esta trama: delitos electorales, suplantación de identidad, falsedad documental, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios, abuso de función pública y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil ha aportado datos que agravan aún más el caso: de las 115 personas contratadas por el Ayuntamiento en 2019, 20 votaron por correo y estaban empadronadas en el mismo domicilio, configurando así un entramado familiar que apunta a una organización delictiva con fines electorales.

Una vez más, se pone de manifiesto el uso de las instituciones públicas por parte del PSOE para garantizar su permanencia en el poder, vulnerando las normas democráticas más básicas y utilizando recursos del Estado, como Correos, para facilitar el pucherazo. La instrucción sigue abierta y apunta directamente al corazón del aparato socialista en Andalucía.

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