La Fiscalía de Sanchez recurre la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en el caso 'Begoña Gómez'

La Fiscalía ha salido al rescate del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ha recurrido su imputación en el caso Begoña Gómez por un delito de malversación de caudales públicos directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó esta semana la citación en calidad de investigado de Francisco Martín para el próximo 14 de mayo por su posible papel como secretario general de la Presidencia en la contratación de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez que trabajaba haciendo "funciones privadas" para la esposa del presidente del Gobierno.

En el recurso, el Ministerio Público arremeter contra el instructor después de imputar a Martín tras la admisión a trámite de una querella presentada por Vox.

El fiscal afirma que en la querella de Vox sólo se explicaba que Francisco Martín ostentaba en 2021 el cargo de secretario general de la Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de Álvarez, y lamenta que con tan "escaso desarrollo" se le imputa "nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad".

"Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo", apunta para luego explicar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tiene lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto.

 "No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos", subraya.

El Ministerio Fiscal insiste en que "admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada, resulta incomprensible" dado que "se sabe la fecha del nombramiento" de Álvarez gracias a varias de las testificales celebradas en el seno de la causa, entre ellas la del ministro Félix Bolaños.

Tras esto, el fiscal explica en su recurso que intuye o deduce de las resoluciones "parcas en palabras y razonamientos" de Peinado que no se está ante un nombramiento para un puesto de trabajo al que "no se acude y se cobra", ni ante un desvío de actividad de trabajadores o funcionarios "dirigido a un beneficio particular". "En el presente caso, partimos de la naturaleza del empleo de naturaleza eventual y designación discrecional, en el que la confianza resulta esencial, y en el que las funciones son flexibles en consideración a la función de asistencia y coordinación que se desarrolla", abunda.

Y destaca que Álvarez ha desempeñado las funciones asignadas en el ámbito de coordinación de agendas con los funcionarios de escolta y vigilancia durante siete años. Y por tanto, "la realización de ciertas llamadas, envío de algunos correos, realización de gestiones en el ámbito de la actividad o presencia en ciertos eventos difícilmente puede integrar el delito de malversación de caudales públicos".

"Estamos hablando de prácticamente siete años desempeñando el puesto de asistente del cónyuge del presidente del Gobierno; son 2.555 días, con disponibilidad horaria total; y se invocan episodios concretos de apoyo, participación o encomienda de gestiones para pretender orquestar una malversación de caudales públicos", lamenta.

Para el fiscal, el nombramiento de Álvarez es "legítimo, legal y usual", y añade que no se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Begoña Gómez ni se ha centrado en ello "más allá de colaboraciones concretas y puntuales". "La asistencia puntual en actividades de la Cátedra, máster, o de la Universidad Complutense resultan más bien anecdóticas o secundarias, y sin menoscabo o perjuicio para las arcas públicas y de cumplimiento de las funciones principales que motivan su nombramiento", explica.

Recurso ante la Audiencia de Madrid
El fiscal, en su recurso, incide en que respecto a Martín Aguirre "no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno" y en que "imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no resulta asumible".

"No se trata de no investigar, sino de respetar las garantías previstas en el ordenamiento jurídico. Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración", puntualiza.

Por último, el Ministerio Público explica que va directamente ante la Audiencia Provincial porque hasta ahora sus recursos ante Peinado carecen de "respuesta real en cuanto al fondo" y son respondidos con "evidente retraso".

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