Las acusaciones piden tres años de cárcel para David Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal

Las acusaciones populares en el caso contra David Sánchez piden que se abra juicio oral contra él por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal.

En concreto, solicitan que se le imponga un total de tres años de prisión; uno y medio por la adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz y otro año y medio por haber mediado, presuntamente, para enchufar a un exalto cargo de Moncloa. Además, reclaman la imposición de una multa superior a los 32.000 euros.

En su escrito, actúan contra un total de once personas investigados en este procedimiento que nació a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Se trata del músico, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (para quien también piden tres años de cárcel por los mismos delitos), exaltos cargos del organismo y, también, el exasesor de Presidencia, Luis Carrero. Para este último, que llamaba "hermanito" a David Sánchez, las acusaciones reclaman un año y medio de cárcel por delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.

Las acusaciones populares -integradas por Manos Limpias, Hazte Oír, el Partido Popular e Iustitia Europa- actúan después de que la magistrada que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, procesara a los investigados en este procedimiento por la creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz que se adjudicó el hermano del presidente del Gobierno a mediados de 2017.

"Se fingió un paripé"
Al respecto, las acusaciones explican que, en lo que respecta a David Sánchez, la pena debe incluir inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo en la Diputación de Badajoz y, también, del obtenido por Carrero, de quien la juez sospecha que enchufó en el ente. Del mismo modo, reclaman que se declare la nulidad de la convocatoria de oferta de empleo público para la plaza que la Diputación reconvirtió en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas y que abandonó el músico a tenor de esta investigación penal.

Las acusaciones, siguiendo la estela de la juez instructora, sostienen que se creó un puesto "a medida" para el hermano del líder del PSOE y que para ello se fingió un proceso selectivo. "A todas luces un paripé donde el resto de los candidatos no tenían posibilidad alguna", razonan. El escrito se basa, principalmente, en los correos incautados por la UCO de la Guardia Civil, las testificales acordadas en los últimos meses y los interrogatorios de enero.

"Una vez ocupado el citado innecesario puesto, se le permitió trabajar lo que él quería, no hacia jornada alguna, ni nadie se la controlaba, no fichaba, apenas sí iba por la Diputación, y no se le conocen compañeros de trabajo, subordinados, colaboradores, ni resultados de su trabajo alguno", razonan.

En relación con su ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sostiene el escrito que se articuló como un mero cambio de nomenclatura para "obviar todo el proceso administrativo que hubiera sido necesario llevar a cabo".

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