El vasallo Sánchez financió a Marruecos para prevenir inundaciones dos semanas antes de la riada en Valencia

La reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de financiar proyectos de prevención de inundaciones en Marruecos mientras abandona a los agricultores afectados por la riada en la Comunidad Valenciana revela una actitud clara de sumisión hacia el país vecino.

No se trata de una simple retórica: Sánchez actúa como un auténtico vasallo de Mohamed VI, priorizando intereses extranjeros sobre los nacionales. No le interesa España ni los problemas de los españoles. Solamente agradar a Mohamed VI. Esta falta de compromiso con los ciudadanos españoles que, una vez más, quedan desprotegidos ante los desastres naturales.

Solidaridad con Marruecos, abandono en España
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió una subvención directa de 761.657 euros a Marruecos para «reforzar la alerta frente a inundaciones», apenas dos semanas antes de la riada que arrasó la Comunidad Valenciana y provocó, al menos, 227 muertos. Mientras en España se infravaloraban los avisos meteorológicos y se ignoraban los riesgos evidentes, el Ejecutivo destinaba fondos públicos a mejorar los sistemas de prevención en Marruecos.

La ayuda fue entregada el 15 de octubre del año pasado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se enmarca en el Plan Director de la Cooperación Española y el Marco de Asociación País España-Marruecos.

El proyecto subvencionado lleva por nombre PROTEC 2024 Marruecos y su objetivo es reforzar el sistema de recogida, transmisión y alerta frente a inundaciones en la cuenca hidrográfica de Moulouya, con la posible implantación de un Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD). Según el expediente, la ayuda se otorgó de forma directa a la Agencia de Cuenca Hidrográfica de Moulouya, perteneciente al Reino de Marruecos.

Excusas para intentar justificarlo
El Ejecutivo ha intentado justificar la transferencia millonaria a Marruecos como un ejercicio de solidaridad frente a grandes desafíos globales, citando incluso el preámbulo de la Constitución para legitimar esta política de cooperación. Sin embargo, mientras se destina dinero público a proyectos extranjeros, en la Comunidad Valenciana los agricultores sufren las devastadoras consecuencias de una gestión deliberadamente incompetente con proyectos que llevan sin abordarse desde hace años.

Las promesas incumplidas en la Comunidad Valenciana
Durante años, el Gobierno ha ignorado las necesidades de la Comunidad Valenciana en materia de infraestructuras hídricas, lo que quedó brutalmente evidenciado tras la riada que devastó la región. El informe de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que las precipitaciones triplicaron los pronósticos oficiales, y la alerta se desactivó prematuramente, dejando a muchas localidades completamente anegadas.

 Pese a esta realidad, el Gobierno opta por donar millones a Marruecos en lugar de invertir en proteger a los españoles. Además, la falta de previsión y de inversión en infraestructuras en la zona agrava aún más el impacto del desastre, provocando una crisis que el Gobierno se empeña en ignorar.

Agricultores indignados y tierras expropiadas
La incoherencia se hace evidente cuando observamos que el propio Gobierno no ha destinado fondos significativos para reparar los daños causados por la riada, lo que demuestra una falta total de sensibilidad hacia los afectados. Pero aún hay más en el abandono de Sánchez a los agricultores valencianos.

El gobierno de Sánchez, a través del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), convertirá tierras de cultivo destruidas por la riada en «Dominio Público Hidrográfico», sin compensación justa para los afectados

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado repetidamente esta maniobra como un intento claro de evitar pagar indemnizaciones, dejando a los agricultores en una situación de desamparo total.

Expropiaciones encubiertos a los agricultores valencianos
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el valor establecido para las tierras afectadas, apenas 11.800 euros por hectárea, es irrisorio frente a su valor real. La estrategia del Gobierno parece clara: evitar pagar indemnizaciones mediante la declaración de dominio público. Mientras tanto, el dinero público se destina a apoyar infraestructuras hídricas en Marruecos. ¿Es esto solidaridad o puro vasallaje? La indignación de los agricultores crece ante lo que consideran una expropiación encubierta que vulnera sus derechos fundamentales.

Consecuencias políticas y sociales
La gestión de esta crisis no solo pone en evidencia la subordinación de Sánchez hacia Marruecos, sino también su desprecio hacia los agricultores españoles. La polémica ha generado un fuerte rechazo social, alimentado por la constatación de que el Gobierno prioriza la agendas internacional marroquí mientras olvida a sus propios ciudadanos. Cada día que pasa sin una respuesta adecuada aumenta la sensación de abandono en la Comunidad Valenciana.

Es inaceptable que mientras los agricultores valencianos enfrentan pérdidas millonarias, el Gobierno de Sánchez destine recursos a Marruecos. Llamar vasallo a Sánchez no es una exageración, sino el reflejo de su política exterior subordinada. El interés nacional queda relegado cuando el Gobierno prioriza agendas externas en lugar de apoyar a los suyos.

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