El Congreso aprueba que la Mesa tenga la autoridad para retirar la acreditación a los periodistas "agitadores"

En una democracia sana, los pilares fundamentales son el pluralismo, la libertad de prensa, y una rendición de cuentas transparente de los representantes públicos. Lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados esta semana, sin embargo, representa un atentado directo contra esos valores esenciales.

 Con el apoyo entusiasta del PSOE, Sumar, y sus socios habituales —PNV, Bildu, ERC, Junts y parte del grupo mixto—, se ha admitido a trámite una reforma que amenaza con reconfigurar el Parlamento en un espacio blindado ante la crítica y cómodo para la opacidad.

La censura camuflada: la Mesa del Congreso como policía ideológica
La medida más alarmante de esta reforma es la que concede a la Mesa del Congreso la capacidad de retirar acreditaciones a periodistas que, según su criterio, actúen como "agitadores ultra". Más allá de lo difuso, subjetivo y peligroso de ese término, lo cierto es que esta propuesta abre una vía directa al control político de la prensa.

 ¿Qué es un "agitador ultra"? ¿Quién decide si un periodista hace su trabajo o "agita"? ¿Qué ocurre si ese mismo periodista incomoda con sus preguntas o investigaciones a un miembro del Gobierno o a uno de sus socios?

Este tipo de mecanismo no existe en las democracias liberales modernas, precisamente porque constituye una herramienta típica de regímenes autoritarios: la exclusión del disenso. No se trata de regular la convivencia ni de proteger la dignidad institucional; se trata de apagar voces críticas bajo la excusa de mantener el "orden".

El cerrojo mediático como estrategia de supervivencia política
La narrativa que ha acompañado esta medida desde la izquierda oficialista se apoya en la idea de que existen "ultras" en las salas de prensa del Congreso. Sin embargo, lo que realmente molesta al Gobierno es que ciertos periodistas cuestionen el relato oficial. La pluralidad de opiniones, incluso las incómodas, forma parte del ecosistema democrático. Pero cuando una mayoría parlamentaria se arroga el derecho de decidir quién informa y quién no, se transita del pluralismo al totalitarismo blando.

Este movimiento debe leerse dentro de una estrategia más amplia del Gobierno: construir un cortafuegos institucional para protegerse del desgaste político, restringiendo la fiscalización periodística y debilitando la presencia crítica en los espacios públicos.

Voto telemático: la deserción parlamentaria disfrazada de modernidad
La segunda pata de esta reforma, no menos preocupante, es la ampliación del voto telemático. Bajo una pátina de modernidad y flexibilidad, se oculta una peligrosa desconexión entre el diputado y su función representativa. La idea de que los parlamentarios puedan ausentarse físicamente de la Cámara y seguir votando desde donde deseen —sin merma en su sueldo ni en sus dietas— es una burla directa a los ciudadanos.

Se institucionaliza así una especie de "teleparlamento clientelar", en el que diputados pueden mantenerse en sus territorios, en campaña permanente, o simplemente ausentes, sin dejar de cobrar ni perder poder político. La representación se convierte en un acto mecánico, sin deliberación, sin presencia, sin responsabilidad.

Un retroceso democrático con complicidades múltiples
Lo más preocupante es que estas medidas no han sido aprobadas en soledad. Han contado con la colaboración activa de formaciones que dicen defender el Estado de Derecho, el autogobierno o la diversidad ideológica. Pero una vez más, sus votos han servido para reforzar el blindaje de un Ejecutivo que rehúye la crítica y desprecia la transparencia.

No es casual que esta reforma llegue cuando el Gobierno afronta serios cuestionamientos por su gestión, por la ley de amnistía, por sus pactos con partidos de historial antidemocrático y por una evidente erosión en su credibilidad pública. La respuesta no ha sido más apertura, sino más cerrojo. No más diálogo, sino más control.

De la transparencia al control
Estamos ante un momento crítico. Lo que está en juego no es una cuestión técnica o de orden interno del Congreso. Está en juego el derecho a estar informados, el derecho a fiscalizar a los poderes públicos, el derecho a una representación política de calidad.

Los ciudadanos deben ser conscientes de que este tipo de reformas, aunque presentadas con lenguaje neutro o incluso progresista, tienen consecuencias duraderas y tóxicas para la democracia. Lo que hoy se aprueba en nombre del orden puede mañana silenciar cualquier disidencia legítima. El Parlamento corre el riesgo de dejar de ser la casa de todos para convertirse en el búnker de unos pocos.

Y cuando se empieza a seleccionar qué periodistas pueden entrar, qué diputados pueden ausentarse sin consecuencias y qué preguntas no deben hacerse… es que la democracia ya ha comenzado a desmoronarse desde dentro.

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