Los españoles costearán los gastos de oficializar el catalán, vasco y gallego en la UE
El Ejecutivo español ha planteado a las instituciones de la Unión Europea una propuesta para otorgar al catalán, el euskera y el gallego un estatus de lenguas oficiales parciales en lugar de su reconocimiento completo como lenguas oficiales de la UE. Esta fórmula intermedia busca cumplir con los compromisos adquiridos con formaciones políticas que respaldaron la investidura del presidente del Gobierno, y responde a las exigencias de incluir estas lenguas cooficiales en el marco europeo.
Una oficialidad limitada
Según la propuesta trasladada a Bruselas, el reconocimiento se aplicaría a partir de 2027 y se limitaría exclusivamente a la traducción de los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo. Estos documentos representan aproximadamente un 2,16% de los actos jurídicos que produce la Unión, lo que implica un alcance práctico muy limitado para estos idiomas en comparación con el resto de lenguas oficiales de la UE.
Además, la propuesta incluye una derogación inicial que eximiría a las instituciones comunitarias de la obligación de redactar y publicar todos sus textos legislativos en catalán, euskera y gallego en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esto refuerza el carácter parcial y simbólico de la medida.
Financiación íntegra por parte de España
Como parte del plan, el Gobierno español se ha comprometido a asumir el coste total derivado del reconocimiento de estas lenguas, incluyendo las traducciones y la contratación de recursos humanos, técnicos y materiales. Aunque no se ha facilitado una cifra oficial, una estimación de la Comisión Europea en 2023 calculaba que el coste por lengua oficial rondaría los 44 millones de euros anuales, lo que supondría un gasto total de aproximadamente 132 millones de euros al año en caso de oficialidad plena.
Esta financiación por parte de un Estado miembro resulta poco habitual, ya que habitualmente es la propia UE la que se encarga de estos costes cuando se reconocen nuevas lenguas oficiales.
Proceso de aplicación y retroactividad
La propuesta incluye una aplicación retroactiva desde 2017, de modo que los reglamentos aprobados desde esa fecha también serían traducidos a estas lenguas. Asimismo, se contempla una evaluación del impacto de esta oficialidad parcial en 2031, momento en el que podría debatirse una eventual extensión a la oficialidad completa, con igualdad de estatus respecto al resto de lenguas oficiales, como el español.
Reacciones en Bruselas y perspectivas
El plan será sometido a votación en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE el próximo martes. Para que prospere, se requiere unanimidad entre los Estados miembros, un requisito que podría no cumplirse dado que varias delegaciones han expresado reservas sobre los aspectos legales, administrativos y económicos de la propuesta.
No obstante, la normativa europea permite que una abstención no bloquee la aprobación, aunque un solo voto en contra sí lo haría. Además, existe la posibilidad de que la votación no llegue a celebrarse si se modificara la agenda del Consejo.
Un precedente complejo
El caso del gaélico irlandés sirve como precedente relevante. Aunque Irlanda solicitó su oficialidad en 2005 y esta fue aceptada en 2007, su plena implementación no se logró hasta 2022, debido a las dificultades logísticas y presupuestarias para su traducción. A diferencia del catalán, euskera o gallego, el gaélico es una lengua cooficial hablada y enseñada en todo el país, lo que facilitó su extensión.
La propuesta del Gobierno español pretende ofrecer un gesto político hacia los partidos nacionalistas e independentistas, sin implicar por ahora un reconocimiento pleno. Aunque el alcance práctico es limitado, el Ejecutivo confía en que este paso intermedio pueda facilitar un consenso en la UE y servir como base para una futura ampliación de derechos lingüísticos a nivel europeo.
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