España rebaja requisitos de nacionalidad para nacionalizar a 900.000 extranjeros

El pasado martes, entró en vigor la nueva Ley de Extranjería, una normativa que, a juicio de muchos analistas, supone la mayor rebaja de requisitos para obtener la nacionalidad española en la historia democrática del país. Según el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo es regularizar 300.000 inmigrantes al año durante los próximos tres años. Esto supondría que casi un millón de extranjeros podrían obtener la nacionalidad española antes del final de esta legislatura.

 ¿Regularización humanitaria o estrategia electoral?
Aunque el Ejecutivo justifica la medida con argumentos económicos —como la supuesta pérdida de 17.000 millones de euros al año por la discriminación laboral y educativa de inmigrantes, o la necesidad de 250.000 nuevos trabajadores anuales para sostener el Estado del Bienestar—, la magnitud y rapidez del proceso hacen difícil obviar su potencial efecto electoral.

Con 9,5 millones de residentes extranjeros en España actualmente, y una vía acelerada para nacionalizar a un millón más, la futura masa de nuevos votantes representa un activo político sin precedentes para un gobierno con estrechas mayorías parlamentarias. En este contexto, las acusaciones de compra de votos encubierta no resultan infundadas.

  ¿Qué incluye esta ley?
Las medidas más destacadas son:

1. Rebaja en el tiempo de arraigo
Se reduce el requisito de estancia continuada de 3 a 2 años para solicitar el arraigo.
Se introduce el “arraigo de segunda oportunidad”: incluso quienes perdieron su tarjeta de residencia por no renovarla podrán recuperarla (salvo antecedentes penales).
2. Facilidades para la reagrupación familiar
Ya no se exige matrimonio: basta con ser pareja de hecho.
La edad máxima de los hijos a reagrupar sube a 26 años.
Se facilita el reagrupamiento a víctimas de violencia de género, trata o abusos sexuales.
3. Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularización exprés

Ofrece residencia y permiso de trabajo por un año sin necesidad de contrato previo.
Está dirigida a 450.000 extranjeros que demuestren un año de residencia y no tengan antecedentes penales.
 
Contexto demográfico: ¿sustitución o renovación?
España ha sumado 2,5 millones de inmigrantes desde 2020, en gran parte procedentes de Marruecos, Colombia y Rumanía. Las principales regiones de acogida son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. A su vez, la población autóctona española envejece y disminuye, mientras que la natalidad sigue en caída libre.

Las proyecciones del INE son claras: desde 2035 algunas provincias tendrán mayoría de población nacida en el extranjero, y para 2045 esta tendencia alcanzará a todo el país. Las provincias que lideran este fenómeno son Alicante, Barcelona, Gerona y Madrid.

¿Estamos ante una evolución demográfica natural o una ingeniería social diseñada desde el poder? ¿Y a quién beneficia políticamente este cambio?

 ¿Qué dicen los datos? ¿Quién cotiza y quién no?
Según los últimos datos, de los 9,5 millones de extranjeros en España, solo 3 millones están afiliados a la Seguridad Social. Además, existen diferencias notables entre nacionalidades: mientras el 70% de los venezolanos cotiza, apenas el 40% de los marroquíes lo hace.

Estos datos cuestionan la sostenibilidad económica de la regularización masiva. Si el argumento del Gobierno es económico, ¿por qué se nacionaliza a poblaciones que en muchos casos no cotizan o lo hacen marginalmente?

 Seguridad y cohesión social en entredicho
También es relevante el impacto en la seguridad pública. Cataluña, por ejemplo, acoge buena parte de la inmigración magrebí y es la comunidad con más problemas de criminalidad relacionados con bandas, violencia juvenil y delitos callejeros.

La cuestión no es solo cuantitativa sino cualitativa: no todas las comunidades inmigrantes se integran de la misma manera, y el Estado español no parece tener una política clara de integración real. Mientras tanto, barrios enteros se transforman social y culturalmente en cuestión de pocos años, con una pérdida de cohesión que acelera la fractura social.

 El verdadero objetivo: crear un nuevo electorado
El verdadero punto de inflexión no es solo el número de personas que podrán residir legalmente en España, sino aquellos que obtendrán la nacionalidad española y, por tanto, el derecho a voto.

Históricamente, los gobiernos socialistas han obtenido mayor respaldo electoral en zonas urbanas con alta inmigración. Además, buena parte de los nuevos nacionalizados proceden de países con fuerte identificación con discursos asistencialistas o de izquierda. Esto convierte la medida en una apuesta estratégica para consolidar una base electoral fiel a medio y largo plazo.

¿Se está utilizando la nacionalidad como moneda de cambio electoral? En muchos círculos se empieza a hablar abiertamente de una compra de votos masiva disfrazada de política social.

 Una medida sin precedentes… y no solo por razones humanitarias
La nueva Ley de Extranjería transforma el modelo migratorio español en uno de los más laxos de Europa, y lo hace a meses de unas posibles elecciones anticipadas o en un contexto parlamentario inestable.

Aunque el relato oficial habla de inclusión, economía y derechos humanos, la dimensión electoral de la reforma es evidente. Al acelerar los procesos de nacionalización, se amplía de forma exponencial el número de votantes potenciales afines al Ejecutivo.

Esta regularización exprés puede pasar a la historia no como una respuesta solidaria a un fenómeno global, sino como el mayor intento de manipulación del censo electoral desde la Transición.

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