La "fontanera" del PSOE ofreció beneficios judiciales para acabar con la UCO: "Te siento con la Fiscalía"

En los últimos días, España ha sido testigo de una de las revelaciones más turbias y alarmantes en el ámbito político y judicial de los últimos años.

Las grabaciones recientemente divulgadas sobre las conversaciones entre Leire Díez —una exdirectiva de empresas públicas y colaboradora cercana del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán— y el empresario Alejandro Hamlyn, han puesto al descubierto una presunta estrategia de sabotaje institucional dirigida desde el entorno socialista con el fin de neutralizar las investigaciones judiciales que cercan al círculo íntimo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo que estas grabaciones insinúan no es un simple escarceo entre personajes al margen del foco mediático, sino un auténtico complot para desmantelar, desde las sombras, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en especial a su Departamento de Delincuencia Económica, liderado por el teniente coronel Antonio Balas. Este cuerpo es precisamente el que ha estado dirigiendo investigaciones sobre casos que afectan a miembros del Gobierno, incluyendo al entorno más próximo de Sánchez.

Una oferta indecente: chantaje, impunidad y operaciones encubiertas
Durante una videoconferencia, Leire Díez ofreció al empresario Hamlyn —condenado a 50 años de prisión por una trama de hidrocarburos— beneficios judiciales a cambio de “información comprometedora” sobre el jefe de la UCO. No se trataba de una conversación hipotética. En los audios se escucha con claridad cómo Díez afirma, sin tapujos, que “necesita a Balas” y que su caída no solo desmontaría una pieza del engranaje judicial, sino “muchas otras cosas”.

Se le prometió a Hamlyn la posibilidad de alcanzar acuerdos con la Abogacía del Estado y la Fiscalía, además de resolver una disputa fiscal con la Hacienda Foral del País Vasco. La propuesta incluía, textualmente, sentarse con la Fiscalía “no para tomar una cerveza”, sino para obtener resultados reales. En resumen, se le ofrecía impunidad judicial a cambio de ayudar a destruir profesionalmente al principal responsable de las investigaciones que acorralan a varios altos cargos del PSOE.

Lo más inquietante es que estos ofrecimientos no fueron aislados. En la conversación también participa el empresario Javier Pérez Dolset, investigado por fraude en subvenciones públicas, quien también garantiza su capacidad de maniobra sobre procesos abiertos en la Audiencia Nacional. Lo que se describe, con nombres propios y detalles, es un intento de manipular el aparato judicial desde fuera, pero con la clara sospecha de que cuenta con la cobertura —o al menos el silencio— de quienes aún hoy tienen peso dentro del partido en el Gobierno.

El Partido y su silencio calculado
Tras la publicación de los audios, la reacción del PSOE ha sido una mezcla de negación y desmarque táctico. Se han apresurado a declarar que Leire Díez no está en nómina del partido y que actuaba “por libre”. Pero resulta difícil creer en esta desvinculación total cuando ella misma ha seguido asistiendo a actos del PSOE, y su proximidad a Santos Cerdán es más que conocida.

El argumento de que Díez operaba al margen del partido se desmorona al considerar el contenido de las grabaciones. Las negociaciones descritas no son las de una lobbista marginal, sino las de alguien que promete acceso directo y capacidad de influencia sobre órganos del Estado: la Fiscalía, la Abogacía del Estado, incluso autoridades fiscales autonómicas. ¿Qué clase de outsider puede garantizar semejante red de favores y presiones?

El foco sobre el teniente coronel Balas y la UCO
Antonio Balas no es un nombre nuevo en los círculos de poder. Su trayectoria en la UCO ha estado marcada por investigaciones que afectan a figuras relevantes del oficialismo. El interés en su figura por parte de los negociadores encubiertos del entorno socialista no es gratuito: derribar su credibilidad es una forma de dinamitar desde dentro las estructuras del Estado que aún funcionan con independencia.

Los ataques dirigidos hacia él forman parte de una campaña más amplia. En los últimos meses, ha salido a la luz cómo algunos sectores vinculados al Gobierno han intentado recopilar información comprometedora sobre jueces, fiscales, periodistas y mandos de la Guardia Civil con el fin de desprestigiarlos públicamente o forzar su retirada de los casos. En ese contexto, las declaraciones de Leire Díez encajan en un patrón alarmante de intoxicación institucional.

Las cloacas no son un mito: son estrategia
Durante años, se ha hablado de las "cloacas del Estado" como una figura retórica que apuntaba a la existencia de estructuras ocultas, capaces de operar más allá de la ley para defender intereses de poder. Lo que ahora se está revelando es que no solo existen, sino que están siendo instrumentalizadas desde el corazón del sistema político para socavar a quienes intentan investigar la corrupción.

El mensaje subyacente es claro y escalofriante: si una unidad de élite de la Guardia Civil como la UCO puede ser objeto de operaciones encubiertas para desactivarla, ningún órgano de control está realmente a salvo. Si se puede ofrecer a un empresario condenado la impunidad a cambio de destruir a un mando policial, la separación de poderes es una ficción.

Una crisis institucional de largo alcance
Este escándalo no es solo una mancha más sobre el historial de relaciones turbias entre política y justicia. Es una crisis institucional que compromete los pilares del Estado de Derecho. Aceptar que un partido en el Gobierno, o personas cercanas a su cúpula, estén intentando maniobrar contra unidades policiales independientes implica una regresión democrática de primer orden.

Ni las tibias respuestas del PSOE ni la indiferencia estratégica del Gobierno logran disipar el hedor que emana de estas grabaciones. Muy al contrario, agravan la sospecha de que lo que se intenta no es aclarar los hechos, sino taparlos con más capas de opacidad y negación.

¿Y ahora qué?
España se enfrenta a una encrucijada. Este escándalo, lejos de ser una anécdota o una operación de terceros descontrolados, refleja el grado de descomposición de los controles institucionales cuando la ambición de poder supera los límites de la legalidad y la decencia democrática. Si no hay consecuencias reales —judiciales, políticas y sociales— por este intento de subversión del sistema judicial, se estará normalizando lo inaceptable.

El Estado de Derecho no se defiende solo. Requiere de ciudadanos, instituciones y medios valientes que no acepten la banalización del abuso de poder. Y exige que la responsabilidad, cuando toca al poder, no se diluya en el silencio cómplice ni en comunicados vacíos. El tiempo de la impunidad debe llegar a su fin.

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