Audio completo de la reunión contra la UCO: Hay que intentar que con un disparo mates 15

En el complejo cruce entre el poder económico, la política y los servicios de seguridad del Estado, se sitúa Alejandro Hamlyn López-Tapia, un empresario vasco que, desde su residencia en Dubái, se ha convertido en una figura clave de una de las mayores causas de fraude fiscal investigadas en España.

Su nombre saltó al centro de la polémica tras la filtración de unas grabaciones comprometedoras en las que se evidencian posibles intentos de presión sobre mandos policiales, negociaciones al margen de la ley y conexiones con actores relevantes del ámbito político y jurídico.

Las grabaciones, divulgadas recientemente, revelan una reunión mantenida por Hamlyn con Leire Díez Castro —exasesora socialista conocida en círculos internos como “la fontanera” del PSOE—, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. En este encuentro, el empresario sostiene que dispone de información delicada sobre actuaciones supuestamente irregulares del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, quien lideró una investigación que lo llevó a él y a su entorno empresarial ante los tribunales.

Durante la conversación, Leire Díez sugiere que Hamlyn fue víctima de una suerte de estructura interna en la Guardia Civil —a la que se refiere como “Camorra”— que habría actuado de manera corrupta. La asesora insiste en que no se puede permitir que una trama policial dañe a inocentes, y propone avanzar con una operación mediática y judicial que desacredite al mando policial, siempre y cuando Hamlyn aporte pruebas suficientemente contundentes.

El empresario afirma tener personas infiltradas en la estructura que dirige Balas y se muestra dispuesto a actuar, pero exige garantías sólidas y tiempo. “Quiero un papel firmado”, llega a decir, insistiendo en su necesidad de compromisos claros antes de exponer cualquier prueba. Además, señala que cuenta con el apoyo de Arturo Espejo, ex teniente general y ahora director de seguridad de su empresa, con experiencia en Antiterrorismo y Ciberseguridad.

En la reunión, Leire Díez hace referencia directa a Antonio Balas, indicando que lo necesita como “pieza clave” de un posible movimiento legal y mediático. También plantea, como incentivo para Hamlyn, la posibilidad de recuperar parte del dinero perdido en operaciones fiscales anteriores, aludiendo incluso a negociaciones futuras con la Hacienda foral vasca.

En un tono que refuerza la idea de una ofensiva quirúrgica contra miembros de la Guardia Civil, Díez afirma que “no tenemos disparos ni metralleta, pero hay que conseguir que un disparo mate a quince”, en alusión a la necesidad de pruebas contundentes contra personas concretas. También expresa sorpresa porque el caso de Hamlyn no recayera en el fiscal anticorrupción José Grinda y sí en Rosana Morán, su predecesora.

La conversación tuvo lugar en febrero de 2025, justo semanas antes de que se iniciara el juicio contra Hamlyn en la Audiencia Nacional, en el marco de la llamada Operación Drake. Este procedimiento judicial es el resultado de una investigación iniciada en 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, centrada en un entramado de empresas del sector de hidrocarburos que presuntamente defraudaron 154 millones de euros en concepto de IVA.

El grupo empresarial de Hamlyn, formado por más de una veintena de sociedades con denominaciones casi idénticas —como Hafesa Energía, Hafesa Distribución Oil, Hamlyn Participaciones o DBA Motril Port—, está acusado de haber usado facturas falsas y sociedades pantalla para evadir impuestos, blanquear capitales y ocultar los beneficios de sus operaciones. La investigación concluyó que, entre 2016 y 2019, el conglomerado llegó a mover miles de millones de euros anuales, aprovechando el impago del IVA como margen de beneficio.

La UCO intervino 2 millones de litros de combustible, 61 vehículos de lujo, 2 yates, 350 cuentas bancarias y 155 inmuebles valorados en más de 50 millones de euros. Además, se encontraron cerca de un millón de euros en efectivo, incluso escondidos en vehículos.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, señaló en el auto de procesamiento que al menos 46,5 millones de euros fueron blanqueados a través de criptomonedas, transferencias al extranjero y compras de activos. La Fiscalía Anticorrupción solicita 60 años de prisión para Alejandro Hamlyn por delitos como organización criminal, fraude fiscal y blanqueo de capitales. También están procesados su consejero delegado, José Norberto Uzal, y otras trece personas.

A esta compleja situación se sumó recientemente una querella interpuesta por VOX contra Hamlyn, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo. En ella se les acusa de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, basándose en los audios filtrados en los que se sugiere un plan para desprestigiar al teniente coronel Balas a cambio de posibles favores judiciales para los imputados. “Con una sola cosa que tengamos contra él, está muerto”, se escucha decir a Díez.

Hamlyn, que debía presentarse ante la Audiencia Nacional el 27 de mayo, no acudió al inicio del juicio alegando estar retenido en Dubái por una reclamación económica de 3.000 euros, lo que ha obligado a posponer el proceso hasta el 20 de junio. Si no comparece entonces, se emitirá una orden internacional de busca y captura.

Entretanto, la deuda de su grupo con la Hacienda foral de Vizcaya, que asciende a 225 millones de euros, ha sido aplazada, lo que algunos consideran otra "casualidad" más en un caso que mezcla poder empresarial, juego político y presiones institucionales como pocos otros en los últimos años.

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