Abandonados por el Estado: Sanidad se lava las manos ante los efectos graves de la vacunación COVID-19
La respuesta de Sanidad es demoledora: sí, reconocemos que fue por la vacuna, pero no es nuestra responsabilidad
Vacunarse contra el COVID-19
Un caso que lo dice todo
Tenía 25 años, estaba sano, y como millones de personas en España, confió en las autoridades sanitarias. Siguiendo la recomendación (más bien presión social e institucional), acudió a vacunarse contra el COVID-19. Poco después, terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico fue claro: miocarditis, una inflamación del corazón reconocida como efecto secundario potencial, aunque infrecuente, de algunas vacunas de ARN mensajero.
La familia del joven presentó una reclamación formal ante el Ministerio de Sanidad. El objetivo era justo y razonable: responsabilidad patrimonial del Estado, tal y como prevé la legislación española para casos en los que una actuación médica, aunque legal y autorizada, cause un daño grave e inesperado a un ciudadano.
La respuesta de Sanidad es demoledora: sí, reconocemos que fue por la vacuna, pero no es nuestra responsabilidad.
Reconocer el daño, pero huir de la responsabilidad
El Ministerio no niega el nexo causal entre la vacuna y la miocarditis. Lo admite. Pero su conclusión jurídica se basa en una interpretación técnica y utilitarista de la ley: como la vacuna se administró "voluntariamente" y "con conocimiento de los posibles efectos adversos", no cabe imputar responsabilidad a la administración.
Este razonamiento es jurídicamente debatible, pero éticamente repulsivo. ¿En serio consideran que fue un acto plenamente voluntario cuando el Gobierno lanzó una campaña masiva de presión, culpabilización y discriminación hacia quienes no se inoculaban? ¿Dónde está la supuesta libertad de elección en un entorno donde no vacunarse te convertía en sospechoso, irresponsable o incluso insolidario?
La aceptación tácita de riesgo no exime automáticamente al Estado de sus deberes. Lo que aquí se está diciendo, sin rodeos, es que el ciudadano está solo ante los daños colaterales de decisiones públicas. El Estado puede impulsarte a hacer algo "por el bien común", pero si tú pagas el precio, te jodes.
Una administración sin rostro ni empatía
Este caso no es aislado. Desde 2021, múltiples ciudadanos han reportado efectos adversos graves: trombosis, pericarditis, alteraciones neurológicas, incluso fallecimientos. Aunque muchos fueron casos estadísticamente raros, eso no quita su gravedad. Y lo que resulta inaceptable es la respuesta institucional generalizada: negación, silencio o tecnicismo legal.
¿Dónde están los mecanismos de compensación rápida, digna y humana? ¿Dónde está la empatía del sistema? Si un joven queda con secuelas cardíacas para toda la vida por seguir las recomendaciones del Estado, lo mínimo que puede esperarse es reparación moral y material, no un portazo legal.
El sistema político como farsa: derecha e izquierda, la misma indiferencia
En este escenario, la indignación no distingue colores políticos. Gobierne quien gobierne, la maquinaria administrativa responde igual: frialdad burocrática, blindaje legal, indiferencia moral.
La izquierda, que tanto habla de "lo público" y "el Estado protector", ha sido cómplice del abandono. Y la derecha, que dice preocuparse por las libertades individuales, tampoco movió un dedo por aquellos que sufrieron por acatar las órdenes del poder central. El resultado: una clase política completamente ajena a los dramas que provocan.
No se trata de antivacunismo. La ciencia médica es una herramienta poderosa. Pero el debate legítimo no es sobre vacunas, sino sobre responsabilidad institucional. Y ahí, tanto socialistas como conservadores han demostrado lo mismo: cobardía, cinismo y desprecio por el ciudadano común.
Un Estado que exige sacrificio, pero no lo reconoce
Vivimos en un país donde el Estado puede pedirte que te vacunes para proteger a los demás, pero si tú eres el dañado, nadie te protege a ti. Un país donde la administración se esconde detrás de la letra pequeña y las cláusulas de consentimiento para eludir el deber más básico: responder por las consecuencias de sus propias políticas.
Y eso, más allá del caso puntual de la miocarditis o del COVID-19, revela algo más profundo: el desprecio estructural hacia el individuo desde unas instituciones que exigen obediencia, pero no ofrecen respaldo. Ni consuelo. Ni justicia.
Hoy fue ese joven. Mañana podrías ser tú. Y si no cambiamos este sistema, seguirás estando solo.
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