La ponencia del TC avala la Ley de Amnistía y afirma que es compatible con la Constitución
Conde-Pumpido, el jurista que convierte lo ilegal en legal para mantener a Sánchez en Moncloa. El TC, con Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, está a punto de consagrar una anomalía democrática: hacer pasar por legal lo que fue declarado ilegal por los propios tribunales ordinarios
El Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, está a punto de consagrar una anomalía democrática: hacer pasar por legal lo que fue declarado ilegal por los propios tribunales ordinarios, con el único objetivo de sostener artificialmente el poder de Pedro Sánchez.
La reciente ponencia de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, avalando la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, es la culminación de una estrategia político-judicial que difumina los límites entre los poderes del Estado y coloca a la Justicia al servicio del poder ejecutivo.
Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ha cruzado el Rubicón. El presidente del Tribunal Constitucional ya no disimula su militancia ideológica ni su servidumbre al proyecto político de Pedro Sánchez. Lo que debería ser un órgano independiente encargado de velar por la primacía de la Constitución se ha transformado en un garante del interés coyuntural del presidente del Gobierno, aunque ello implique forzar el derecho, reinterpretar principios fundamentales y socavar el Estado de Derecho.
Una amnistía a medida de Puigdemont
La Ley de Amnistía no es fruto de una reflexión jurídica profunda ni de un consenso nacional. Es el precio que Sánchez pagó a los partidos independentistas catalanes, en especial a Carles Puigdemont, para asegurarse una investidura tras las elecciones generales de julio de 2023. Una ley nacida del chantaje parlamentario, justificada bajo una retórica de reconciliación, pero orientada exclusivamente a garantizar la supervivencia política del sanchismo.
Los hechos que se pretenden amnistiar —la organización de un referéndum ilegal, la desobediencia a los tribunales, la malversación de caudales públicos, la sedición y la insurrección institucional de 2017— no fueron errores administrativos ni desórdenes menores: fueron atentados contra el orden constitucional y la unidad de España. Fueron delitos, no actos políticos legítimos. Que ahora se quiera borrar todo con un simple trazo legislativo, sin responsabilidad, sin arrepentimiento y con beneficios procesales para quienes se jactan de volverlo a hacer, es un insulto a la legalidad democrática.
El TC como herramienta política
La ponencia de Montalbán, que el Pleno del Tribunal debatirá el 10 de junio, avala el grueso de la Ley de Amnistía, corrigiendo apenas algunos detalles técnicos. Pero más allá de la literalidad del texto, lo relevante es el mensaje institucional que transmite: la legitimación desde la cúspide judicial de una operación de impunidad hecha a la medida de intereses políticos. Y todo bajo el amparo de Conde-Pumpido.
Es importante recordar que el presidente del TC ha sido un actor político más que jurídico desde su nombramiento. Su relación histórica con el PSOE es más que conocida. No sorprende que haya promovido mayorías afines dentro del tribunal, ni que se esmere en blindar las decisiones del Gobierno bajo una pátina de supuesta constitucionalidad.
Un precedente peligroso
Esta validación constitucional de la amnistía no solo afecta a los protagonistas del procés. Abre la puerta a un uso arbitrario de la ley para proteger a aliados políticos y condicionar la acción de la Justicia. ¿Qué impedirá a un futuro Gobierno pactar impunidades con quienes cometan delitos si eso le permite sumar votos? Se normaliza el principio de que la ley puede adaptarse a las necesidades del poder, no al revés. Se erosiona la separación de poderes. Se devalúa el Estado de Derecho.
La sentencia como punto de no retorno
El texto que se debate no es aún definitivo, pero todo indica que, con la mayoría progresista del tribunal, será aprobado con mínimas modificaciones. De ser así, el Constitucional dejará de ser un contrapeso institucional para convertirse en un aliado más del Ejecutivo. Y su presidente, Conde-Pumpido, pasará a la historia no como un jurista de Estado, sino como el arquitecto de una deriva constitucional sin precedentes en democracia.
La amnistía no es reconciliación: es claudicación. Y lo que está en juego no es solo la salida judicial de unos cuantos líderes independentistas. Es la credibilidad de las instituciones, la integridad del ordenamiento jurídico y el principio fundamental de igualdad ante la ley. Que todo esto se vea sacrificado en aras de la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez es la mejor muestra de cómo el poder ha perdido el respeto por sus propios límites.
Y en el centro de todo ello, un nombre: Cándido Conde-Pumpido, el hombre que ha decidido que la Constitución se puede reinterpretar hasta hacerla irreconocible, siempre que sirva al objetivo de mantener al inquilino de La Moncloa.
Lo que dijeron: del “no habrá amnistía” al pacto con Puigdemont
Uno de los elementos más graves y reveladores del giro político del Gobierno de Pedro Sánchez es el desmentido explícito de sus propias palabras. Durante meses, tanto él como sus ministros y portavoces repitieron en todos los foros posibles que la amnistía era inconstitucional, inaceptable e imposible. Hoy, no solo la defienden, sino que han legislado su aplicación a medida de los intereses de quienes promovieron la ruptura del orden constitucional en Cataluña.
Estas son algunas de las declaraciones más destacadas:
Pedro Sánchez, en campaña electoral (junio de 2023):
“No habrá amnistía ni referéndum. Lo que hubo fue un referéndum ilegal y los responsables están cumpliendo condena.”
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia:
“La amnistía no tiene encaje constitucional, es un debate ficticio.”
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y hoy vicepresidenta primera:
“Los que piden una amnistía están pidiendo algo ilegal. En nuestro ordenamiento jurídico eso no cabe.”
Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso:
“¿Amnistía? Eso no existe en la Constitución. Lo que sí existe es indulto, y ya se concedió.”
Estas declaraciones no fueron errores de comunicación ni matices técnicos: fueron compromisos políticos expresos, utilizados para captar voto moderado y presentarse como garantes de la unidad nacional. Una vez garantizada la investidura gracias a los siete votos de Junts, el discurso cambió drásticamente, sin ninguna explicación de fondo, sin asunción de costes políticos, sin pedir perdón por el engaño masivo.
El viraje no es solo político: es moral. Se ha cruzado una línea en la que la palabra del presidente del Gobierno ya no vale nada, y la legislación se adapta sin pudor a los pactos de poder. La amnistía, que ayer era anticonstitucional según el propio Sánchez, hoy es presentada como un instrumento democrático de convivencia. Y ahora, el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido se prepara para bendecir esta pirueta política sin precedentes.
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