Peinado extiende la investigación hacia Sánchez al apuntalar la malversación por el sueldo de la asesora de Gómez

La situación judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, continúa agravándose. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha reafirmado recientemente que los indicios por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias siguen plenamente vigentes, a medida que se esclarecen los detalles sobre su vinculación indirecta con el rescate público de Air Europa, valorado en 475 millones de euros.

 Claves de la investigación: más allá del dinero
Uno de los argumentos empleados para relativizar la causa ha sido la supuesta ausencia de dinero en cuentas nacionales asociadas a Begoña Gómez. Sin embargo, el último auto del juez ha respondido de forma tajante: la malversación no exige la localización de fondos concretos, sino que basta con la constatación de un uso indebido de bienes o servicios públicos que tengan un valor económico y que hayan sido sufragados por la Administración.

“A los efectos del delito de malversación, deben entenderse por caudales públicos todo bien mueble susceptible de una valoración económica, así como la distracción de bienes o servicios públicos cuyo importe corra a cargo de la Administración”, expone el magistrado en su resolución.

Esta interpretación se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente en la sentencia 229/2018, que amplía el concepto de “caudales públicos” a toda clase de bienes con valor económico, incluyendo fuerza laboral pública utilizada con fines privados, bienes muebles, derechos patrimoniales y efectos negociables.

El caso de la cátedra y el uso de recursos públicos
Uno de los focos de la causa se encuentra en la presunta creación de una cátedra universitaria diseñada específicamente para Begoña Gómez, sin que esta cuente con titulación superior oficial. Según los informes preliminares, esta iniciativa se habría promovido tras una reunión entre responsables universitarios y la propia Gómez en dependencias de La Moncloa.

En paralelo, se investiga el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, quien habría sido asignada a prestar servicios vinculados a actividades personales de Gómez, mientras su sueldo era cubierto con fondos públicos. El juez señala la existencia de indicios claros de desvío de recursos, aunque aclara que la responsabilidad penal directa podría recaer no en la beneficiaria, sino en los altos cargos que realizaron dicho nombramiento.

“En cuanto a la participación como autora, cómplice o cooperadora necesaria de Cristina Álvarez Rodríguez, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna por el simple hecho de desempeñar el trabajo que le fue encomendado”, señala el auto, matizando que los posibles delitos recaen sobre quienes aprobaron y autorizaron la contratación.
En el caso específico de Begoña Gómez, el juez admite que no hay prueba directa de que participase en la contratación ni en la gestión de fondos, lo que podría suponer un alivio parcial para su situación jurídica. No obstante, al haberse beneficiado de servicios costeados con dinero público para actividades privadas, la línea de investigación continúa abierta.

Tráfico de influencias: la clave del prevalimiento
Además del posible delito de malversación, el auto dedica un apartado a analizar las condiciones necesarias para considerar acreditado un delito de tráfico de influencias. El Código Penal exige que el autor se valga de su posición de poder, jerarquía o influencia personal para presionar o motivar decisiones de funcionarios públicos.

“La influencia debe consistir en una presión moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona, derivada de la posición o status del sujeto activo”, recuerda el juez citando la sentencia 335/2006 del Tribunal Supremo.

No basta, por tanto, con una mera sugerencia o recomendación. El elemento determinante es el prevalimiento, es decir, el uso de una posición privilegiada para obtener un resultado favorable que no se lograría en condiciones normales. En este sentido, la investigación se centra en determinar si Gómez utilizó su cercanía al poder ejecutivo para beneficiar a entidades o personas con las que mantenía vínculos personales o profesionales.

 Una pieza separada: Air Europa bajo lupa
La investigación por el rescate público de Air Europa podría acabar derivando en una pieza separada, si se confirman los vínculos entre decisiones gubernamentales y los intereses personales o profesionales de Begoña Gómez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está elaborando un informe clave que podría reforzar esta línea de indagación.

Según los datos recopilados hasta ahora, Gómez habría mantenido contacto con directivos del sector y participado en foros o espacios de colaboración donde se discutieron o promocionaron iniciativas alineadas con las empresas beneficiadas. La cuestión que el juez busca esclarecer es si hubo un intercambio de favores o tráfico de contactos que derivara en decisiones administrativas favorables desde el Ejecutivo.

Un caso con implicaciones políticas
Aunque por el momento Begoña Gómez no ha sido formalmente imputada, el auto judicial admite a trámite partes de la querella que sí afectan a altos cargos del Gobierno, en particular a quienes habrían autorizado el uso de fondos públicos con destino a fines no estrictamente institucionales.

Este proceso no solo representa un desafío jurídico, sino que podría tener repercusiones políticas de primer orden. La cercanía entre la persona investigada y el presidente del Gobierno añade una dimensión delicada al caso, especialmente si se confirma que decisiones públicas beneficiaron indirectamente a su entorno privado.

El juez Peinado ha enviado un mensaje claro: la ausencia de dinero en cuentas personales no exonera de responsabilidad penal si hay pruebas de desvío o aprovechamiento de bienes públicos. En paralelo, la definición estricta del tráfico de influencias obliga a probar no solo vínculos personales, sino también un uso efectivo de la posición de poder para condicionar decisiones públicas.

Mientras se espera el informe definitivo de la UCO y nuevas diligencias judiciales, el caso Begoña Gómez se mantiene como una de las principales amenazas jurídicas y políticas para el actual Ejecutivo. A medida que la instrucción avanza, podrían abrirse nuevas vías procesales que arrojen más luz sobre el alcance y profundidad de los hechos investigados.

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