Pedro Sánchez prioriza un millón de euros para cursos de idiomas mientras enfermos de ELA y cáncer siguen esperando

Mientras miles de españoles luchan cada día contra enfermedades devastadoras como la ELA, la leucemia o el cáncer de mama, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido invertir un millón de euros para que los funcionarios públicos aprendan catalán, euskera y valenciano. Lo ha hecho a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, y bajo la justificación de mejorar la atención ciudadana en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales.

El gasto, adjudicado a una sola empresa privada –Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica S.A.–, ha sido distribuido en tres lotes para diseñar y digitalizar contenidos formativos que se ofrecerán en exclusiva a los funcionarios a través de la plataforma del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). El objetivo declarado: facilitar que los empleados públicos se comuniquen en lenguas autonómicas en situaciones profesionales de baja y alta complejidad. Un enfoque que, más allá de la fachada técnica, esconde una clara apuesta política.

Un Gobierno que prioriza el clientelismo ideológico sobre la salud pública
La decisión llega en un momento en que familias enteras batallan contra el tiempo y la indiferencia institucional para conseguir medicamentos vitales. Asociaciones de pacientes de ELA llevan años reclamando una ley integral, un sistema de asistencia digno y acceso a tratamientos que ya existen pero no se financian adecuadamente. Mientras tanto, el Gobierno dedica fondos a políticas lingüísticas que, aunque legítimas dentro del marco autonómico, no salvan vidas.

Lo mismo ocurre con pacientes de leucemia, que ven restringido el acceso a tratamientos innovadores por razones presupuestarias, o con mujeres con cáncer de mama metastásico, que denuncian falta de investigación, medicamentos y unidades específicas en hospitales públicos. Las prioridades, a la luz de este gasto, son alarmantemente claras: la identidad antes que la vida.

Un millón de euros en lenguas: ¿formación útil o peaje político?
Según el pliego de licitación, el programa busca cubrir desde niveles A1 hasta C1, incluyendo la formación para hablar sobre temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la transparencia. El contenido estará marcado por los criterios idiomáticos definidos por los gobiernos de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Es decir, son los ejecutivos autonómicos quienes definen qué se enseña y cómo, lo cual refuerza la sospecha de que esta inversión es una concesión política para contentar a socios parlamentarios nacionalistas, en lugar de una necesidad urgente del Estado.

Además, resulta especialmente revelador que la empresa adjudicataria haya reducido en más de un 50% el precio de licitación. De los 800.000 euros presupuestados para cada uno de los tres lotes, Mainjobs se ha hecho con todos por apenas 341.000 euros cada uno. ¿Se trata de eficiencia o de una adjudicación con poco interés competitivo? ¿Por qué una única empresa se lleva los tres contratos? Las dudas están servidas.

¿Dónde está la ley ELA? ¿Dónde están los tratamientos para pacientes reales?
Pedro Sánchez ha demostrado una vez más que su gobierno prefiere la cosmética ideológica al compromiso con los más vulnerables. La ley ELA, ampliamente respaldada por la sociedad civil y hasta por el Congreso en una fase inicial, duerme el sueño de los justos por falta de voluntad política. Las familias siguen financiando de su bolsillo respiradores, grúas, sillas electrónicas, cuidadores. ¿Cuánto habría aliviado ese millón de euros?

Tampoco se invierte lo suficiente en oncología personalizada o en acelerar la aprobación de fármacos que puedan prolongar o salvar vidas. ¿Qué puede justificar que aprender valenciano desde una tablet tenga más prioridad que un niño esperando un trasplante o una mujer sin acceso a un tratamiento innovador contra el cáncer?

La igualdad en las oposiciones, también en entredicho
Este gasto no solo es cuestionable desde el punto de vista ético y sanitario, sino también desde el principio de igualdad de oportunidades. En lugar de abrir el acceso a plazas públicas para todos los ciudadanos sin discriminación por razón lingüística, el Gobierno de España opta por reforzar una barrera que ya ha sido denunciada por partidos constitucionalistas y plataformas de aspirantes a la función pública.

La imposición de lenguas cooficiales como requisito de facto en regiones como Cataluña o el País Vasco impide que profesionales preparados puedan acceder a puestos si no dominan el idioma regional, aunque su competencia técnica sea intachable. ¿Es justo que un médico, un maestro o un funcionario de prisiones sea rechazado por no hablar catalán, aunque no haya candidatos suficientes en la región?

En lugar de reformar estas exigencias para garantizar la igualdad de todos los españoles, el Gobierno prefiere gastar millones para formar a funcionarios ya contratados, consolidando un modelo excluyente.

 Prioridades que avergüenzan
Mientras el BOE publica contratos millonarios para aprender idiomas cooficiales, la realidad en los hospitales y en los hogares donde conviven con enfermedades neurodegenerativas o oncológicas es de abandono. La decisión de Sánchez no es solo presupuestaria: es una declaración política de principios, donde la supervivencia y la justicia social han quedado relegadas frente al chantaje identitario y al cálculo electoralista.

La pregunta final es inevitable: ¿cuántas vidas se podrían salvar con un millón de euros bien invertido?

Menos para Sanidad, más para chiringuitos: el doble discurso de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez no deja de repetir en mítines y entrevistas que su gobierno defiende “lo público”, que cuida de la sanidad, de los más vulnerables, de quienes no tienen voz. Pero los números lo contradicen. Según los últimos Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Sanidad sufrió un recorte de más de 11.000 millones de euros. Sí, once mil millones menos para hospitales, atención primaria, tratamientos, investigación médica y personal sanitario.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha seguido derrochando millones en partidas absolutamente prescindibles:

Subvenciones a chiringuitos ideológicos que operan sin resultados ni control, bajo el paraguas de supuestas políticas de igualdad, memoria o reeducación ideológica.

Financiación de programas de inclusión en terceros países, proyectos que nada tienen que ver con los problemas urgentes dentro de nuestras fronteras.

Aumentos millonarios en las subvenciones a sindicatos mayoritarios, cuya obediencia ante los recortes y la precariedad laboral en sanidad o educación resulta cada vez más llamativa.

¿De qué sirve presumir de un sistema público si luego se desangra presupuestariamente mientras se alimenta a estructuras paralelas que viven del dinero público sin devolver valor real a la ciudadanía? El contraste es tan crudo como indignante: menos fondos para salvar vidas, más fondos para comprar silencios y voluntades.

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