El TSJEx baraja la nulidad del nombramiento del socialista Gallardo
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acordó el pasado 27 de mayo rechazar una medida cautelarísima pedida por la asociación Liberum que consistía en la petición de retirada de la credencial como diputado de la Asamblea de Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, al entender que la concesión de la misma, para conseguir el aforamiento frente al intento de juzgarlo imputado el Caso David Sánchez, era nula. Sin embargo, el auto dictado deja una puerta abierta a la nulidad del acta de diputado.
Es cierto que el TSJEx rechaza retirar el acta de diputado a Gallardo, de momento, pero deja varias frases en los fundamentos de derecho que explican porque no se adoptó esa medida: «en el presente caso concurre la circunstancia de que se está recurriendo el otorgamiento de la credencial de diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, por la Junta Electoral el pasado 21 de mayo de 2025».
Y añade que «no se considera que se den los requisitos necesarios para acordar la suspensión instada en la medida en la que, en caso de prosperar la pretensión de la recurrente, se acordaría la nulidad de dicho nombramiento sin mayor perjuicio para nadie ni para el interés general».
El aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, hasta hace poco sólo presidente de la Diputación de Badajoz y ahora diputado en la Asamblea de Extremadura, -o no, porque hay discusiones legales sobre este asunto-, se ha convertido en un nuevo escenario de pelea entre acusaciones populares y abogados de las defensas de los imputados en el Caso David Sánchez.
Por eso una de las acusaciones, la ejercida por la asociación Liberum, denunciaba ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el aforamiento del presidente de la Diputación de Badajoz por su nueva condición de diputado. Cuando Gallardo fue acusado formalmente de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pidió ser diputado, saltándose la cola de otros cinco candidatos.
GALLARDO ERA EL JEFE DE DAVID SÁNCHEZ
Decía Liberum en su escrito que «mediante Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz (Procedimiento Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 965/2024) de 27 de noviembre de 2024, se acordó citar en calidad de investigado a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda por su supuesta implicación como presidente de la Diputación de Badajoz en los hechos delictivos objeto de investigación cuya, declaración se realizó el 9 de enero de 2025 que, dio lugar al Auto
de fecha 22 de mayo de 2025 (09:55 horas) del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz (Procedimiento Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 965/2024) que acordó la apertura del juicio oral teniéndose por formulada la acusación entre otros contra D. Miguel Ángel Gallardo Miranda por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias».
Explica Liberum que «en las pasadas elecciones autonómicas de 2023, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda aparece en la lista electoral del PSOE en el puesto número 23 esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».
Por eso pedían varias cosas, la formación de una pieza separada sobre este asunto a lo que ha accedido el TSJEx y la medida cautelarísima de retirar la credencial a Gallardo, a lo que de momento el Tribunal no accede, pero deja la puerta abierta a declarar la nulidad del nombramiento, algo significativamente importante, ya que no lo rechaza de plano.
GALLARDO IBA EN EL PUESTO 23 DE LA LISTA
En las últimas elecciones a la Asamblea de Extremadura el PSOE obtuvo 16 diputados. Dos candidatos, Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus renunciaron al cargo por lo que, la lista corrió hasta el puesto número 18. De esa manera, Gallardo, de momento, ha evitado que la Audiencia Provincial pueda juzgarlo por el Caso David Sánchez de corrupción-
«Pues bien, justo el mismo día que la diputada cuya posición en la lista electoral correspondía con el número 8, a la sazón, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo renuncia a su acta como Diputada, el investigado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda procede a solicitar a la Junta Electoral la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura, después coincidentemente, de la renuncia de los cuatro candidatos electos, curiosamente, desde el puesto 19 hasta el 22, a saber: D. Pedro Blas Vadillo; Doña Virginia Borrallo; D. Juan Fco. Ceballos y Doña María Dolores Fernández, para que, finalmente, le correspondiera al puesto 23, esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8.
En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda», añadía el escrito.
Liberum cree que «si todo esto es sumamente irregular, es decir, la renuncia de una de las diputadas (a 24 horas de dictarse el Auto de la Apertura a Juicio Oral con la acusación del entonces presidente de la Diputación Provincial de Badajoz) de la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, y la renuncia nada más y nada menos, de cuatro candidatos electorales al puesto vacante con los beneficios y ventajas que ello supone, además hay que destacar la relación entre aquella, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo y D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».
Efectivamente María de la Cruz Rodríguez fue jefa de prensa de Miguel Ángel Gallardo en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, cuando él era alcalde, y más tarde, jefa del Gabinete de Presidencia de la Diputación, convirtiéndose en la persona de confianza de Miguel Ángel Gallardo, como es de sobra conocido en toda la provincia pacense.
El 15 de julio de 2021 María de la Cruz Rodríguez era nombrada funcionaria de carrera, según el DOE número 135, durante la presidencia de Gallardo en la Diputación.
Por eso argumenta Liberum que son evidentes «los fuertes lazos que vinculan las carreras políticas de la diputada saliente y del acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. Es más, nada más perder su condición de diputada, la Sra. Rodríguez Vegazo ha sido nombrada Secretaria de
Organización de PSOE en Badajoz, todo apunta a un puesto por otro a modo de recompensa o compensación, salvo que se acredite lo contrario».
EL NOMBRAMIENTO ADOLECE DE NULIDAD
Para Liberum «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, adolece de nulidad porque se realizó en fraude de ley y abuso del derecho».
Para esta acusación popular en el caso David Sánchez está claro que «Miguel Ángel Gallardo Miranda ante el eminente Auto de la Apertura del Juicio Oral y su determinación como acusado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el procedimiento de Diligencias Previas 965/2024, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz, decidió iniciar y culminar los actos necesarios para alcanzar el cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura con una doble finalidad: (a) conseguir la inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para de esta forma, impedir que el juicio penal se tramitase ante el Juzgado lo Penal establecido por la ley y; (b) en su lugar, el procedimiento se derive ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, albergando el convencimiento de obtener de esta Sala un resultado más favorable, esto es, el sobreseimiento y archivo de la causa, al menos, en lo que respecta a él».
El escrito concluía que «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de
Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo supone una vulneración a la letra y espíritu del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)».
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