Sanchez deja salir de prisión a Kantauri, el único etarra encausado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, no es un preso común. Es uno de los más sanguinarios dirigentes de la banda terrorista ETA. Su nombre está vinculado a más de una veintena de asesinatos, incluidos algunos de los más dolorosos de la historia reciente de España: Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Asunción García Ortiz.

Sin embargo, a día de hoy, Kantauri sale a diario de la prisión de Pamplona, sin haber cumplido ni remotamente sus condenas por terrorismo, amparado en el polémico artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una realidad que ha encendido las alarmas de víctimas, jueces y ciudadanos. Pero, sobre todo, plantea una pregunta fundamental: ¿qué ha tenido que ceder el Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa?

El historial criminal de Kantauri
Nacido en Pamplona en 1958, Arizcuren Ruiz pasó cuatro décadas vinculado a ETA. Formó parte de los comandos más letales de la organización terrorista, entre ellos el comando Araba y el comando Madrid, que dejaron un reguero de muerte y destrucción. Pero fue al asumir responsabilidades en la cúpula de ETA, desde la clandestinidad en Francia, donde sus órdenes se tradujeron en asesinatos masivos y planificados.

Entre sus crímenes más conocidos está el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, uno de los episodios más traumáticos y movilizadores para la sociedad española. También está procesado por ordenar la ejecución de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular en San Sebastián, y ya ha sido condenado por los asesinatos del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa.

Un sistema que se pliega
A pesar de este historial espeluznante, Kantauri goza de un régimen penitenciario flexible, basado en una supuesta enfermedad neurológica (esclerosis) y avalado por el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida permite a ciertos presos salir de prisión para realizar actividades específicas, como tratamientos médicos o trabajos. En la práctica, Kantauri ya no cumple una condena real: entra por la noche y sale por el día. Ni siquiera ha alcanzado el tercer grado penitenciario, pero vive en una semilibertad de facto.

El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, reactivó este régimen de salidas en 2024, después de que en 2023 la Audiencia Nacional lo hubiese revocado por no cumplir criterios objetivos. El problema no es solo jurídico. Es profundamente moral y político.

¿Qué hay detrás de esta política penitenciaria?
El Gobierno de Pedro Sánchez necesita los votos de EH Bildu para mantenerse en el poder. En la actual legislatura, la formación liderada por Arnaldo Otegi, antiguo miembro de ETA, se ha convertido en un aliado clave del Ejecutivo socialista, apoyando presupuestos, decretos y mociones. A cambio, desde sectores judiciales y asociaciones de víctimas del terrorismo, como Covite y la AVT, se denuncia que se han acelerado los beneficios penitenciarios para decenas de etarras condenados.

Ya son más de 100 los etarras beneficiados por terceros grados o por el uso flexible del artículo 100.2. Los casos como el de Kantauri o el de Gadafi —asesino del niño Fabio Moreno— evidencian que no se trata de hechos aislados, sino de una política penitenciaria sostenida en acuerdos políticos opacos.

Una traición a las víctimas
La aplicación del artículo 100.2 a etarras no arrepentidos y con delitos de sangre es una ofensa directa a las víctimas del terrorismo. No hay reparación del daño, no hay petición de perdón, ni colaboración con la justicia. Solo hay negociaciones políticas y beneficios penitenciarios. El Estado, que debería proteger y honrar la memoria de quienes pagaron con su vida el precio de la democracia, se rinde ante los herederos de ETA por conveniencia parlamentaria.

El caso de Kantauri es paradigmático. Como recordó la Audiencia Nacional en 2023, no había justificación médica para que saliera todos los días de prisión. Sin embargo, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Pamplona —dependiente del Ministerio del Interior, ya que Navarra no tiene las competencias penitenciarias transferidas— volvió a solicitar el beneficio en junio de 2024. En octubre, el juez de Vigilancia Penitenciaria dio el visto bueno. Y desde entonces, Arizcuren Ruiz goza de un régimen semiabierto, como si sus crímenes no fuesen más que una nota al pie de la historia.

¿Hasta dónde llegará el precio del poder?
Pedro Sánchez ha construido una mayoría parlamentaria apoyada en partidos que hasta hace poco se negaban a condenar a ETA. Para mantenerla, ha blanqueado a EH Bildu como un partido más del “bloque progresista” y ha tolerado —cuando no promovido— una política penitenciaria que indigna a las víctimas y erosiona el Estado de Derecho.

La pregunta no es si Kantauri debería estar libre. La pregunta es cómo un sistema judicial y político permite que uno de los mayores asesinos de ETA disfrute de salidas diarias mientras las familias de sus víctimas siguen viviendo la condena perpetua del dolor y la impunidad.

La historia juzgará a quienes, en nombre de la estabilidad, han pactado con quienes nunca se han arrepentido.

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