En el complejo entramado de relaciones entre poder político, empresas públicas e instituciones del Estado, pocas figuras han emergido con tanta controversia en los últimos meses como Leire Díez, periodista de formación, antigua militante socialista y figura de confianza del entorno de Pedro Sánchez.
Su nombre, vinculado inicialmente a áreas de comunicación institucional, ha saltado a la primera línea pública tras revelarse su participación en decisiones operativas de alto impacto y, más recientemente, por su supuesta implicación en una estrategia paralela para condicionar investigaciones judiciales.
Una petición que cambió la logística electoral
El 26 de abril de 2022, el mismo día en que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones autonómicas, Leire Díez envió un correo electrónico a la Junta Electoral Central (JEC). Su objetivo: solicitar la continuidad de una medida excepcional implantada durante la pandemia que permitía a los ciudadanos entregar sus papeletas del voto por correo directamente a los carteros que acudieran a sus domicilios.
En su argumentación, apeló a la necesidad de preservar la salud pública y proteger tanto a los trabajadores de Correos como al electorado. A pesar de que habían pasado dos años desde el primer estado de alarma, Díez defendía que el virus mantenía una “actividad latente” y que la “elemental cautela” recomendaba sostener las medidas excepcionales vigentes desde mayo de 2020. En sus propias palabras:
«Pese a los avances que aparentemente se están logrando en el control sanitario de esta enfermedad, es indudable que mantienen una actividad latente las sucesivas variantes del virus que la causa, por lo que una elemental cautela aconseja que se continúen aplicando dichas medidas (…) que han contribuido a mitigar el riesgo de contagio en anteriores procesos electorales».
La Junta Electoral Central acogió favorablemente la propuesta. En su respuesta, fechada el 5 de mayo de 2022 y dirigida formalmente al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, se autorizó la continuidad del protocolo excepcional bajo el amparo del artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El objetivo: evitar aglomeraciones en las oficinas postales y garantizar la seguridad de todos los implicados.
Correos se desmarca públicamente
Aunque la gestión de esta medida implicaba una reorganización masiva del dispositivo logístico de Correos, la empresa pública negó más tarde que Leire Díez tuviera competencias en la gestión del voto por correo. En un comunicado oficial, Correos aseguró que esas responsabilidades recaen exclusivamente en la Dirección de Operaciones:
«Todas las tareas y funciones son desempeñadas en el ámbito de la dirección de Operaciones, que es a quien corresponde coordinar todos los efectivos y la gestión necesaria».
No obstante, documentos internos y fuentes consultadas señalan que Díez, como directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro, desempeñó un papel destacado en la interlocución con organismos oficiales y en la coordinación general del proceso. Se le atribuye la supervisión de más de 2.500 oficinas y la movilización de 9.400 empleados durante los comicios andaluces, así como en elecciones generales posteriores.
Un ascenso meteórico y un cargo a medida
El recorrido de Leire Díez en el sector público ha sido tan rápido como polémico. Tras apoyar activamente a Pedro Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 —cuando dimitió como secretario general del PSOE—, se integró en su círculo de apoyo más fiel. Poco después de que Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno en 2018, Díez fue contratada como responsable de prensa en la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Tras la salida del Gobierno de José Luis Ábalos, con quien tenía una estrecha relación, Díez dejó ENUSA y en noviembre de 2021 fue fichada por Correos. Apenas tres meses después fue ascendida por Juan Manuel Serrano —amigo personal del presidente— a un cargo directivo de nueva creación que incluía competencias en relaciones institucionales y planificación estratégica. Según fuentes internas, este nuevo puesto estaba dotado con una remuneración cercana a los 120.000 euros anuales.
Documentación sensible y la sombra de la UCO
La figura de Díez cobró aún mayor notoriedad en semanas recientes, cuando salieron a la luz audios comprometedores en los que se le escucha participando en conversaciones orientadas a recopilar información contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de las investigaciones relacionadas con el conocido caso Koldo. En particular, solicitaba datos comprometedores sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige diligencias sobre personas del entorno más cercano al presidente del Gobierno.
En dichas grabaciones, Díez habría ofrecido protección judicial y un posible trato con la Fiscalía a cambio de información sensible. También se ha documentado que mantuvo al menos dos reuniones con el comandante Rubén Villalba, uno de los investigados en el mismo caso. Fuentes cercanas aseguran que la “fontanera del PSOE”, como se la ha empezado a apodar, prometía utilizar sus contactos para frenar investigaciones a cambio de datos útiles para neutralizar a las figuras clave del caso.
Uno de los elementos más llamativos de estas revelaciones es la existencia de un USB con 51 carpetas en las que, supuestamente, se almacena información sobre jueces, fiscales y periodistas críticos con el Ejecutivo. Esta base de datos habría sido compartida con altos responsables del partido para diseñar una estrategia de defensa mediática y política.
¿Un libro o una operación política?
Ante el alud de informaciones, Leire Díez se ha defendido alegando que sus contactos con mandos policiales y sus esfuerzos por recopilar datos se enmarcaban en la elaboración de un libro sobre mala praxis judicial. Esta versión no ha logrado disipar las dudas ni detener el escrutinio público, que apunta a un posible uso instrumental de las instituciones del Estado con fines partidistas.
La combinación de una trayectoria acelerada, el acceso privilegiado a información institucional, y su implicación en maniobras de dudosa legalidad, configuran un perfil altamente sensible en el contexto actual, donde la independencia del poder judicial y la neutralidad de las empresas públicas están en el centro del debate político.
Lo que empezó como una gestión técnica sobre el voto por correo durante unas elecciones autonómicas, ha evolucionado en cuestión de meses hasta convertirse en un caso paradigmático de cómo se entrecruzan los intereses partidistas, la estructura del Estado y el uso de recursos públicos. Leire Díez, símbolo de esa “fontanería” política que se mueve en la sombra, se enfrenta ahora a una creciente presión mediática, judicial y política. Su historia es también una advertencia sobre los límites difusos entre la militancia, el poder y la función pública.
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