Así asfixia Sanchez a las nucleares: casi el 30% de la carga fiscal son impuestos y tasas verdes que no tienen otros países

España se encuentra en un momento clave de su política energética. Mientras otros países europeos apuestan por prolongar la vida útil de sus centrales nucleares o incluso construir nuevas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por lo contrario: cerrarlas progresivamente a partir de 2027, endureciendo al mismo tiempo la carga fiscal sobre las que siguen operando. ¿Cuál es la lógica detrás de esta estrategia? ¿Responde a criterios técnicos y ecológicos? ¿O hay intereses económicos y narrativas políticas que no se cuentan?

Este artículo desmenuza las decisiones del Ejecutivo español, expone los efectos reales de su fiscalidad sobre la energía nuclear y analiza quién se beneficia realmente del actual modelo de "transición ecológica".

 1. El falso relato de que la energía nuclear es obsoleta y sucia
Pedro Sánchez y varios portavoces del Gobierno han repetido que la energía nuclear es "cara, sucia y peligrosa". Sin embargo, este relato omite numerosos datos técnicos y económicos:

Cero emisiones de CO₂: Las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero durante su operación. Por eso, países como Francia, Suecia o incluso Bélgica están replanteando su cierre o extendiendo su vida útil.

Estabilidad y seguridad: Las plantas españolas tienen uno de los historiales de seguridad más sólidos del mundo. Además, la tecnología y los protocolos actuales han mejorado exponencialmente desde los años 80.

Coste competitivo: Una vez amortizadas, las nucleares producen electricidad a un coste muy bajo. Según datos del sector, el MWh nuclear puede ser inferior a 40€, pero en España pagan hasta 28,6€/MWh solo en impuestos, lo que las hace artificialmente menos rentables.
 
2. España, el único país que penaliza fiscalmente la nuclear
El informe de Ernst & Young (EY) publicado recientemente destaca una situación anómala en Europa: España es el único país que impone tributos adicionales a la generación nuclear, que no están vinculados a su seguridad o sostenibilidad:

Ecotasas autonómicas que varían según la comunidad.
Impuestos como el de producción de residuos nucleares, a pesar de que ya se paga por la gestión de los mismos a través del fondo público gestionado por ENRESA.

En total, unos 9,2 €/MWh en tasas verdes que no existen en Francia, Alemania o Finlandia.
Este entorno fiscal hostil hace inviable la operación nuclear a largo plazo, no por razones técnicas, sino políticas.

 3. El control del fondo de residuos: sin transparencia ni participación de los operadores
Desde 2005, España recauda fondos destinados al desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos, que actualmente superan los 8.000 millones de euros. No obstante, las compañías eléctricas no tienen ningún control ni supervisión sobre cómo se gasta ese dinero. Todo el fondo es gestionado de forma opaca por el Estado.

Este modelo centralizado contrasta con otros países donde hay cogestión entre el sector público y las operadoras, lo que permite mayor eficiencia y control de costes.

 4. ¿A quién beneficia el cierre de las nucleares?
Mientras se estrangula a la energía nuclear, el Gobierno subvenciona masivamente las energías renovables. Si bien las renovables son necesarias, el problema está en quién las controla:

Los grandes fondos de inversión y multinacionales que antes dominaban el petróleo, ahora están copando el mercado solar y eólico.

Empresas como Iberdrola, Acciona o Naturgy, así como gigantes como BlackRock o Goldman Sachs, son propietarios o principales accionistas de muchos parques solares y eólicos.

A través de subvenciones públicas, primas, derechos de conexión y compra garantizada de electricidad, estas grandes corporaciones aseguran ingresos sin asumir los mismos riesgos de inversión que la nuclear.

En resumen: la energía “verde” no es necesariamente más democrática ni más limpia en su estructura de propiedad, solo ha cambiado de cara el oligopolio energético.

 5. ¿Transición ecológica o negocio disfrazado?
Pedro Sánchez ha convertido la “transición ecológica” en uno de los emblemas de su gobierno. Pero muchos expertos advierten que esta transición está siendo más ideológica que técnica. Algunos ejemplos:

El cierre precipitado de nucleares podría obligar a aumentar la dependencia del gas para cubrir la demanda base, lo cual incrementa emisiones y precios.

No existe todavía una infraestructura de almacenamiento energético robusta que garantice la estabilidad de las renovables intermitentes.

Los beneficios fiscales y normativos están orientados a grandes grupos económicos, no a la pequeña generación distribuida ni al autoconsumo ciudadano.
 
La política energética del Gobierno de Pedro Sánchez parece estar basada más en una narrativa política simplificada y en intereses económicos encubiertos, que en un análisis riguroso del mix energético y las necesidades reales del país.

El castigo fiscal a la energía nuclear, su desconexión del debate técnico europeo, y el trasvase de rentas públicas hacia grandes empresas renovables, no parecen formar parte de una transición justa ni estratégica.

No se trata de elegir entre nuclear o renovables, sino de construir un modelo energético mixto, seguro, asequible y soberano, libre de dogmas ideológicos y ajeno a la concentración de poder económico en manos de unos pocos.

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