El Gobierno promueve y financia la inmigración y los chiringuitos: destina 470 millones de euros a subvenciones para ONG de inmigrantes
Y esto ocurre mientras afirma que no tiene dotación presupuestaria para los enfermos del ELA
Una lluvia de millones públicos al servicio de la inmigración masiva y de los chiringuitos
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue impulsando la inmigración masiva en España a través de millonarias subvenciones a ONGs y chiringuitos. Entre julio de 2025 y junio de 2026, se entregarán 470.018.614 euros a ONG y organizaciones que gestionan la acogida de inmigrantes solicitantes de asilo. Así lo recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Secretaría de Estado de Migraciones.
En lugar de frenar la entrada descontrolada, el Ejecutivo la financia con dinero público, promoviendo un modelo que desprotege al ciudadano español, fomenta la inmigración masiva y premia a los chiringuitos de los amiguetes. Y esto ocurre mientras afirma que no tiene dotación presupuestaria para los enfermos del ELA.
Estas partidas económicas se justifican con el pretexto de atender a los inmigrantes, pero detrás se esconde una gigantesca red de intereses creados, donde fundaciones y operadores concertados que se benefician de la inmigración como si de un negocio se tratara. Cada plaza gestionada representa ingresos diarios que pueden llegar hasta los 150 euros, dependiendo del perfil del acogido. A mayor vulnerabilidad declarada, mayor retribución para la ONG correspondiente.
Etapas bien pagadas: el modelo del chiringuito institucionalizado
El sistema se articula en fases: valoración inicial, acogida estándar, acogida para vulnerables, acogida reforzada y fase de autonomía. La mayor parte del gasto —más de 250 millones de euros— se destina a las fases de acogida estándar. A esto se suman 88 millones para valoraciones iniciales y 52 millones para la supuesta «autonomía» del inmigrante, que incluye vivienda gratuita y orientación laboral.
La promoción interesada de la inmigración masiva en España se vuelve evidente cuando se observa la magnitud del aparato financiado por el Estado. Un negocio que nadie quiere perder.
En plena crisis económica y social, con miles y miles de familias españolas en lista de espera para ayudas sociales, con colectivos de enfermos sin ayudas o sin acceso a vivienda, el Gobierno prefiere gastar millones en mantener y potenciar un sistema que favorece a personas que ni siquiera han entrado por vías legales. El chiringuito migratorio es ya un pilar de la política del PSOE: cuanto más crece la inmigración, más recursos reciben sus socios ideológicos.
Inmigración masiva en España: un negocio para las ONG, no para el pueblo
Un ejemplo concreto: una ONG que gestione 50 plazas para inmigrantes con «vulnerabilidad reforzada» podría recibir más de 2 millones de euros anuales. Y muchas de estas entidades operan con cientos o miles de plazas. No es solidaridad: es un negocio lucrativo que se mantiene gracias a los impuestos de los ciudadanos.
Mientras tanto, el ciudadano español queda relegado. Las ayudas públicas se reparten con generosidad hacia los recién llegados, pero se niegan a los españoles que han cotizado toda su vida. Los alquileres se disparan en barrios donde la llegada masiva de inmigrantes presiona la demanda. La seguridad se deteriora. Y lo que es peor: la identidad nacional se diluye bajo un discurso buenista impuesto desde el poder.
La política de inmigración masiva en España no solo responde a intereses ideológicos, sino también a una estrategia de ingeniería social: transformar la composición demográfica del país, debilitando los lazos culturales e históricos que nos definen. Así se desactiva cualquier resistencia popular a los proyectos globalistas y se garantiza un electorado dócil, dependiente del subsidio estatal.
Sánchez y Bruselas: sumisión ideológica a costa de la soberanía
El Gobierno justifica el dispendio por el supuesto «aumento de solicitudes de protección internacional» y por «los compromisos asumidos con Bruselas». En realidad, es una forma de ceder la soberanía en materia migratoria a las imposiciones ideológicas de la Unión Europea.
La inmigración masiva en España se convierte así en una herramienta más de desmantelamiento nacional: primero fue la memoria histórica, luego la ideología de género, más tarde la ley del aborto y la eutanasia, y ahora la apertura indiscriminada de fronteras. Todo encaja dentro de una agenda que busca diluir la esencia de España y sustituirla por un modelo multicultural sin raíces ni valores.
¿Qué futuro le espera a España?
La inmigración masiva en España es una amenaza silenciosa que sufre nuestra nación: un proceso dirigido desde las altas esferas del poder que, bajo apariencia de solidaridad, está destruyendo el tejido social, económico, cultural y religioso del país. Los 470 millones de euros entregados a ONG no son un gesto humanitario, sino la confirmación de que para Sánchez y su gobierno, España es un botín que se reparte entre amigos ideológicos.
Con más de 30.000 plazas mensuales previstas para inmigrantes y cientos de millones de euros anuales canalizados hacia ONG y fundaciones, el mensaje del Ejecutivo es claro: la prioridad no es el pueblo español, sino la inmigración masiva en España. El Gobierno renuncia a proteger a sus ciudadanos para proteger su red de intereses ideológicos.
Y mientras se mantiene este sistema perverso, los españoles sufren. Jóvenes sin acceso a vivienda, jubilados con pensiones mínimas, familias que no llegan a fin de mes y barrios convertidos en focos de inseguridad. El deterioro es evidente, pero desde Moncloa se sigue mirando hacia otro lado.
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