Koldo alerta a Cerdán sobre el cese de Pardo de Vera: «Tenemos un problema serio»

Una investigación en curso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un entramado de presunta corrupción en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. El foco está puesto en una serie de contratos públicos supuestamente manipulados para beneficiar a empresas afines, a cambio de comisiones. Entre los implicados se encuentran altos cargos del ministerio y del ente público ADIF, según ha podido confirmar Impacto España Noticias.

Presiones internas en la licitación del Puente del Centenario
Uno de los episodios más relevantes de esta trama gira en torno al proceso de licitación de las obras del Puente del Centenario en Sevilla, una infraestructura clave para la movilidad en el sur de España. En abril de 2019, coincidiendo con la preparación del expediente para ejecutar las obras por la vía de urgencia, comenzaron a detectarse tensiones internas entre responsables del ministerio.

El entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, expresó su preocupación por los obstáculos que estaba encontrando en la tramitación de la licitación. Herrero solicitó una reunión urgente con el ministro Ábalos, mediada por su asesor Koldo García, con el fin de tratar el tema antes del Consejo de Ministros del 26 de abril. La urgencia respondía a lo que se ha descrito como "presiones políticas" desde niveles superiores del propio ministerio.

En una conversación grabada por el propio Koldo García, este advirtió al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que estaban teniendo "complicaciones serias" debido a la actuación del secretario de Estado de Transportes en esa época, Pedro Saura. "Lo de Sevilla tuvo que presionar muchísimo por culpa de Pedro Saura", lamenta el asesor ministerial en el audio.

Advertencias de ceses y temor a un “problema serio”
Durante esa conversación, García explica que tanto Herrero como Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF, estaban siendo objeto de presiones que podrían desembocar en su cese. “Pedro Saura se quiere cargar a Javier (Herrero) y a Isabel (Pardo de Vera)”, afirma de manera tajante. Cerdán, por su parte, responde que ya estaba al tanto de la situación por medio de otro colaborador del partido, identificado como “Arraz”.

La preocupación expresada por el asesor no era menor. En sus palabras, de producirse el relevo de estos dos altos cargos, “tenemos un problema serio”. Según fuentes de la investigación, esta frase podría interpretarse como una referencia a la existencia de acuerdos o mecanismos internos que necesitaban mantenerse estables para continuar con determinadas prácticas irregulares.

La UCO señala un papel “determinante” en el amaño de contratos
El más reciente informe de la UCO sostiene que tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero desempeñaron un papel clave en la manipulación de procesos de contratación pública. Según los investigadores, la presidenta de ADIF se habría valido del director general de Carreteras como pieza operativa para favorecer adjudicaciones a empresas seleccionadas de antemano.

Estas actuaciones, siempre según el informe, se habrían producido a cambio de comisiones o favores. El informe habla de una red organizada dentro del Ministerio de Transportes cuya finalidad era beneficiar a empresas afines mediante licitaciones manipuladas.

Contexto político y consecuencias judiciales
La presunta red se articula en el contexto de la administración de José Luis Ábalos como ministro, uno de los miembros más influyentes del Gobierno en la etapa previa a la pandemia. Ábalos ha sido vinculado indirectamente a esta red a través de su asesor personal, Koldo García, quien no solo estaba al tanto de las operaciones, sino que grabó múltiples conversaciones con otros dirigentes del PSOE que ahora están siendo utilizadas como pruebas por la Guardia Civil.

Desde el entorno del exministro se defiende que nunca se dio ninguna orden directa para amañar contratos, aunque no se niega el conocimiento de algunas irregularidades internas. Por su parte, Koldo García ha pasado de ser asesor a convertirse en uno de los principales testigos de la investigación, aportando grabaciones, correos electrónicos y mensajes de texto que implicarían a otros altos funcionarios del Ministerio.

Un caso en expansión: más obras bajo la lupa
Aunque el caso del Puente del Centenario es uno de los más mediáticos, fuentes cercanas al caso aseguran que no se trata de un hecho aislado. Al menos una docena de contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes y sus entes dependientes (como ADIF y la Dirección General de Carreteras) están siendo revisados por la UCO. Se busca determinar si las prácticas de manipulación se extendieron a otras obras públicas de gran presupuesto entre 2018 y 2021.

Los investigadores siguen el rastro de supuestos pagos ilegales y favores políticos otorgados a determinadas constructoras y consultoras, a través de contratos hechos "a medida" bajo procedimientos de emergencia o licitaciones aparentemente competitivas pero previamente dirigidas.

Repercusiones en el PSOE y en el Gobierno
El escándalo ha impactado directamente en el PSOE, especialmente por el rol de Santos Cerdán, uno de los dirigentes más cercanos a la cúpula actual del partido. Aunque ya ha dejado su cargo como secretario de Organización, su implicación en las conversaciones grabadas por Koldo ha generado una fuerte incomodidad en el partido, que hasta el momento ha optado por no hacer declaraciones oficiales.

Desde la dirección federal del PSOE, fuentes internas aseguran que se está siguiendo el caso con “preocupación contenida”, pero sin tomar decisiones inmediatas. “Estamos a la espera de lo que determinen los jueces”, aseguran.

Una red con ramificaciones profundas
La investigación de la UCO, revelada en detalle por Impacto España Noticias, muestra los primeros indicios de una presunta red de corrupción organizada dentro del aparato del Estado, con ramificaciones políticas y administrativas profundas. De confirmarse judicialmente estos hechos, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en el ámbito de la obra pública en los últimos años en España.

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