Noticias Por: Impacto España Noticias16 de junio de 2025

El tío de Begoña Gómez, condenado por explotación de prostitutas

Este establecimiento es el mismo en el que la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la cual mantenía secuestrada a una ciudadana rumana, obligándola a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte

Begoña Gómez, Pedro Sanchez

El empresario Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, ha sido sancionado por Inspección de Trabajo tras obtener beneficios económicos mediante la explotación de una decena de mujeres en situación irregular, sin papeles, que ejercían la prostitución en un local de su propiedad.

Este establecimiento es el mismo en el que la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la cual mantenía secuestrada a una ciudadana rumana, obligándola a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte.

 Gómez Serrano fue sancionado con una multa de 66.339 euros tras una inspección laboral aleatoria realizada en el prostíbulo Kilómetro Ochenta, situado en el municipio segoviano de Ituero y Lama. Durante la inspección, los funcionarios accedieron al club y encontraron en su interior a once mujeres de nacionalidades brasileña, colombiana y nigeriana.

Tras entrevistarse con ellas, los inspectores concluyeron que existía «una relación de ajenidad y dependencia» entre las trabajadoras y el establecimiento, lo que evidenciaba una situación de explotación laboral encubierta.

Además, las mujeres recibían el 50% del importe de cada consumición que lograban que los clientes pidieran, y debían cumplir horarios fijos, lo que, según los inspectores, constituía una relación laboral formal.

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Por esta razón, Inspección de Trabajo sancionó a la empresa San Bernardo 36 SL, a través de la cual el tío de Begoña Gómez gestionaba el club Kilómetro Ochenta, por cometer una «infracción muy grave», al emplear a trabajadoras extranjeras sin la correspondiente autorización administrativa.

En este contexto, Gómez Serrano intentó evitar la multa alegando que las mujeres no eran prostitutas, sino clientas del establecimiento. También argumentó que durante las entrevistas no estuvo presente ningún intérprete. Sin embargo, los inspectores desestimaron este argumento, señalando que las mujeres «hablaban y comprendían perfectamente el idioma».

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