El primer jefe de la SEPI con Montero trabajó en la constructora de Cerdán entre 2021 y 2023

La investigación en torno a las presuntas tramas de corrupción vinculadas a la adjudicación de contratos públicos ha sacado a la luz una compleja red de relaciones entre altos cargos del Gobierno, empresarios próximos al PSOE, y empresas beneficiarias de licitaciones.

Entre los principales protagonistas se encuentran el ex número tres del partido, Santos Cerdán, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y la empresa constructora navarra Servinabar 2000, implicada en la supuesta red de adjudicaciones irregulares.

Un fichaje cuestionado tras una dimisión polémica
Vicente Fernández Guerrero, quien fue el primer presidente de la SEPI —organismo dependiente del Ministerio de Hacienda— durante el mandato de María Jesús Montero, dimitió en octubre de 2019 por su implicación en la reapertura del caso Aznalcóllar, relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de una mina.

A pesar de esa salida forzada y del procedimiento judicial que lo investigaba, Fernández Guerrero recibió, año y medio después, la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses de Altos Cargos para incorporarse como director comercial de la empresa Servinabar 2000, constructora controlada en la sombra por Santos Cerdán.

La autorización oficial llegó el 19 de mayo de 2021, en un contexto político particularmente delicado: en los meses anteriores, los indicios sobre prácticas de corrupción relacionadas con licitaciones comenzaban a multiplicarse, y el nombre de Acciona, una de las grandes adjudicatarias de obra pública, empezaba a aparecer en informes de la Guardia Civil.

En paralelo, Fernández Guerrero también obtuvo luz verde ese mismo día para ser empleado del despacho de abogados sevillano Martínez Escribano, lo que amplía la red de vínculos entre ex altos cargos del Estado y empresas privadas.

Servinabar y el ascenso económico bajo sospecha
Fundada por el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, Servinabar 2000 vio disparado su patrimonio neto y sus activos entre 2018 y 2021, justo en el periodo en el que se produjeron importantes adjudicaciones en Navarra y su expansión hacia Madrid. Según datos del Registro Mercantil, su patrimonio pasó de 173.356 euros en 2018 a 454.927 en 2021, mientras que los activos casi se cuadruplicaron: de 312.648 euros a 1,2 millones.

Estos crecimientos coinciden en el tiempo con la entrada de Vicente Fernández Guerrero en la empresa y con la consolidación de una alianza empresarial con Acciona, lo que les permitió formar una UTE (Unión Temporal de Empresas) para concurrir a contratos de gran envergadura. No obstante, en 2023, la relación laboral entre Fernández Guerrero y la empresa concluyó sin explicaciones públicas.

Más revelador aún fue lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió en un registro practicado al empresario Alonso Egurrola: una escritura privada en la que se acredita que trasladó a Santos Cerdán el 45% de las acciones de Servinabar, otorgándole prácticamente la mitad del control de la empresa. Esta participación accionarial no había sido reconocida públicamente y refuerza las sospechas de que el ex alto cargo socialista tenía intereses ocultos en las empresas adjudicatarias de obra pública.

Reuniones políticas y adjudicaciones cruzadas
Durante la etapa en la que Servinabar multiplicó su actividad y logró contratos en Navarra, la presidenta foral, María Chivite, mantuvo al menos cuatro reuniones con Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio de Cerdán en la constructora. Las citas, celebradas entre julio de 2020 y septiembre de 2021, coinciden con un periodo de intensa adjudicación de obras en la comunidad, en algunas de las cuales participaron empresas ahora bajo sospecha.

Al mismo tiempo, en enero de 2020, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, formalizó un contrato valorado en 22,3 millones de euros para la rehabilitación de la sede de grandes contribuyentes. El contrato fue adjudicado a una UTE liderada por Acciona, que competía con otras constructoras como OHLA, que impugnó el procedimiento. En 2023, esta misma obra sufrió una modificación presupuestaria de tres millones adicionales.

Koldo García y la gestión del piso de Cerdán en Madrid
Otro de los nombres recurrentes en la investigación es el de Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos y figura clave en la llamada trama Koldo. Según fuentes cercanas a la investigación, Koldo habría gestionado el alquiler de un piso en Madrid para Cerdán, cuyo pago podría haber sido asumido por la propia Servinabar. Esta supuesta financiación privada de un alojamiento personal para un alto cargo del partido, vinculado directamente a una empresa adjudicataria de contratos públicos, sería uno de los elementos más sensibles del caso.

Además, se ha revelado que Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero, recibió una petición de Víctor de Aldama —comisionista implicado en la red— para aplazar el embargo de una de sus empresas. Aunque Moreno reconoció haber tramitado internamente la solicitud, negó haber recibido contraprestaciones económicas.

Silencios, desaparición de datos contables y expansión a Madrid
Desde 2021, la información financiera de Servinabar ha desaparecido de las bases de datos oficiales. No hay registros posteriores a ese año ni anteriores a 2018, lo que impide trazar de forma clara su evolución empresarial fuera de ese intervalo. Los indicios, sin embargo, apuntan a una diversificación de sus actividades en la capital, donde la constructora habría abierto nuevas líneas de negocio.

El hecho de que esta opacidad contable coincida con el estallido de las investigaciones y con la salida de Cerdán de la cúpula del PSOE refuerza la sospecha de que la empresa podría estar siendo utilizada como vehículo para operaciones irregulares o encubrimiento de beneficios personales.

La UCO pone el foco en el patrimonio de Cerdán
La investigación actual se centra en analizar los movimientos bancarios y patrimoniales de Santos Cerdán, así como en determinar si el exdirigente socialista utilizó su posición para favorecer contratos a cambio de beneficios personales o políticos. La escritura que le atribuye el 45% de Servinabar y su vinculación con actores clave de la trama han acelerado las actuaciones judiciales.

En paralelo, la presión mediática y política llevó a que Cerdán renunciara a su cargo en el PSOE la semana pasada, cuando los informes de la UCO comenzaron a hacerse públicos. Su salida no ha aplacado las críticas, y ahora el foco se traslada a los posibles vínculos estructurales entre esta red de influencias y el aparato del Estado.

 Lo que comenzó como una serie de investigaciones sobre mordidas en adjudicaciones ha destapado una red mucho más amplia de relaciones entre políticos, empresarios y altos cargos públicos. El fichaje del expresidente de la SEPI por una constructora bajo sospecha, la implicación de un ex dirigente socialista como socio oculto, los contratos millonarios adjudicados por organismos estatales y autonómicos, y las gestiones personales financiadas por empresas con intereses directos en obra pública, conforman un entramado cuya dimensión todavía no ha sido del todo desvelada.

La pregunta que ahora flota en el aire es hasta dónde llegará esta investigación y cuántas otras piezas del engranaje institucional podrían estar comprometidas por una trama que, de confirmarse, pondría en entredicho los mecanismos de control de la administración pública.

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