Aznar: Si Sánchez adulteró sus primarias, puede alterar las generales

En una entrevista, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado duras acusaciones contra el actual presidente, Pedro Sánchez, al que ha calificado de “peligro democrático”. En un tono abiertamente crítico, Aznar ha advertido que el PSOE, bajo el liderazgo de Sánchez, podría estar dispuesto incluso a “alterar unas elecciones generales” para mantenerse en el poder.

“Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”, declaró Aznar, haciendo referencia a los recientes procesos internos del PSOE y a la gestión del poder dentro del partido como una muestra de prácticas poco transparentes y carentes de garantías democráticas.

La frase ha generado un fuerte impacto en el tablero político, ya que sugiere la posibilidad de un intento de manipulación del sistema electoral por parte del Gobierno. Aznar fue más allá al advertir sobre una estrategia política de gran calado: la creación deliberada de una “crisis constitucional” que permita al Ejecutivo de Sánchez prolongar la legislatura hasta 2027 e incluso impulsar reformas que conduzcan a unas elecciones de carácter casi constituyente.

“No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen. Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor”, señaló el expresidente.

Una crisis constitucional para sortear la corrupción
Las declaraciones de Aznar se producen en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno por los múltiples escándalos de corrupción que afectan al entorno socialista, entre ellos el llamado "caso Koldo", que ha salpicado al Ministerio de Transportes durante la pandemia, y otras investigaciones que afectan a figuras cercanas al Ejecutivo.

Para Aznar, el Gobierno no busca afrontar las consecuencias políticas de estos escándalos, sino evadirlas mediante una huida hacia adelante que implique transformar el marco constitucional del Estado.

“Son capaces de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación, con una legislatura hasta 2027 y una crisis constitucional que aboque a unas elecciones casi constituyentes”, declaró, sugiriendo que el Gobierno podría ceder aún más ante las demandas de sus socios independentistas.

Entre las cesiones que Aznar teme se encuentran la posibilidad de establecer un concierto económico para Cataluña —equiparable al sistema foral del País Vasco— y la celebración de una consulta sobre la autodeterminación. Todo ello, según el expresidente, estaría destinado a generar un clima en el que se normalice la idea de una “España confederal y plurinacional”, diluyendo los principios de unidad y soberanía nacional establecidos en la Constitución de 1978.

“Si el precio por estar en el Gobierno va a aumentar, y está dispuesto a pagarse, lo que queda es la crisis constitucional”, afirmó Aznar. “Se creará el ambiente para que en las próximas elecciones los españoles tengan que pronunciarse sobre la España confederal y plurinacional. Eso es lo que yo llamo crear la crisis constitucional”.

Sospechas sobre el uso del poder electoral: el "pucherazo" digital
Las acusaciones del expresidente se suman a otras voces que en los últimos meses han expresado su preocupación por la creciente concentración de poder del Ejecutivo y los intentos de reformar organismos clave, como el Consejo General del Poder Judicial o la Junta Electoral Central. En este contexto, también han surgido alertas sobre los intentos del Gobierno de modificar aspectos sensibles del sistema electoral.

Uno de los episodios más comentados fue la intención del Ejecutivo de implementar el llamado “voto telemático sin control externo” para residentes en el extranjero (CERA), con el argumento de facilitar la participación. Sin embargo, varios juristas y partidos de la oposición han advertido que este tipo de sistemas, sin garantías suficientes de trazabilidad y verificación independiente, podrían ser utilizados como mecanismo de alteración del resultado electoral.

Asimismo, causó polémica la decisión del Gobierno de cesar a miembros críticos de la Junta Electoral Central y promover nombramientos afines, una acción interpretada por el PP, Vox y otros partidos como una forma de politizar un órgano fundamental para la limpieza de los procesos electorales.

Además, ha habido denuncias sobre la utilización partidista del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que bajo la dirección de José Félix Tezanos ha sido acusado reiteradamente de manipular encuestas con fines propagandísticos.

Una moción de censura, descartada
Frente a este panorama, Aznar ha descartado que la solución pase por una moción de censura. Según él, este mecanismo parlamentario “sólo generaría más frustración y no daría ningún resultado”, dado el equilibrio actual de fuerzas en el Congreso y la dependencia del PSOE de los votos independentistas.

En lugar de ello, ha llamado a una movilización política y social de las mayorías constitucionalistas, afirmando que el verdadero proyecto alternativo debe surgir desde “la centralidad”.

“Apelar a la mayoría que cree en la Constitución. La centralidad hoy es revolucionaria”, aseguró.
¿Un escenario de confrontación institucional?

Las palabras de Aznar reflejan un diagnóstico alarmante: una España al borde de una transformación institucional profunda, impulsada no por un consenso reformista, sino por un intento de supervivencia política. El expresidente pinta un escenario en el que el Ejecutivo, para sostenerse en el poder, estaría dispuesto a redibujar los límites de la legalidad constitucional y alterar las reglas democráticas del juego.

Aunque estas afirmaciones pueden parecer extremas para algunos sectores, no dejan de sintonizar con el creciente clima de desconfianza política que se vive en el país, donde la división entre bloques y la judicialización de la política se han vuelto moneda corriente.

José María Aznar ha encendido una señal de alarma. Lo ha hecho no solo como exdirigente del PP, sino como alguien que considera que las instituciones del Estado están siendo erosionadas desde dentro. Si sus advertencias encuentran eco o no en la ciudadanía y en el arco parlamentario, dependerá del desarrollo de los próximos meses, marcados por investigaciones judiciales, tensiones territoriales y el delicado equilibrio parlamentario sobre el que se sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez.

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