Sanidad aún guarda 97 millones de mascarillas caducadas compradas durante la pandemia

A más de cuatro años del estallido de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Sanidad continúa almacenando más de 112 millones de mascarillas adquiridas durante la crisis sanitaria. Lo preocupante no es únicamente el volumen, sino que casi el 90 % de este material se encuentra caducado, inutilizable tanto desde el punto de vista sanitario como logístico, representando una pérdida económica significativa para el Estado.

Un stock masivo y, en su mayoría, inservible
Según información oficial facilitada por el Ministerio de Sanidad, 112.347.110 mascarillas permanecen almacenadas en dependencias gubernamentales. De ellas, 97.958.110 unidades están caducadas, lo que representa un 87,17 % del total. Solo 14.389.000 mascarillas continúan siendo aptas para su uso, lo que deja en evidencia una gestión deficiente del inventario y los recursos adquiridos durante el estado de emergencia.

Desglose por tipo y estado de conservación
La distribución de mascarillas según su tipo y estado es la siguiente:

Tipo de mascarilla
Total almacenado
Caducadas
Válidas
FFP2
18.442.990
17.867.990
575.000
FFP3
1.639.520
1.639.520
0
Quirúrgicas
92.264.600
78.450.600
13.814.000
 
Este panorama evidencia que el 100 % de las mascarillas FFP3 y más del 96 % de las FFP2 han superado su fecha de validez, mientras que en el caso de las mascarillas quirúrgicas, más del 85 % ya no son seguras para su uso sanitario.

Impacto económico del material almacenado
El coste total de las mascarillas almacenadas alcanza los 105.306.655 euros, distribuidos de la siguiente manera:

Mascarillas FFP2: 59.329.284 €
Mascarillas FFP3: 10.066.653 €
Mascarillas quirúrgicas: 35.910.718 €
Esto se traduce en un coste unitario de:

3,22 euros por mascarilla FFP2
6,14 euros por mascarilla FFP3
0,38 euros por mascarilla quirúrgica
Valor económico desperdiciado
El material caducado —que no podrá ser reutilizado ni distribuido— tiene un valor estimado de 97.374.576 euros, una cifra alarmante que refleja la falta de planificación a largo plazo y la carencia de mecanismos eficientes de distribución y rotación de stock sanitario.

¿Qué ocurrió con el resto del material de protección?
A diferencia de las mascarillas, otros materiales sanitarios adquiridos durante la pandemia, como guantes y gel hidroalcohólico, ya no permanecen en almacenes del ministerio. Según fuentes oficiales, todo el stock fue utilizado, distribuido o eliminado conforme avanzó la emergencia sanitaria y se estabilizó el abastecimiento.

Contratos de emergencia y compras masivas bajo lupa
Durante los momentos más críticos de la pandemia, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y su entidad adscrita, el INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), recurrió a contrataciones de emergencia, una figura legal que permitió adjudicar directamente millones de euros en suministros sin necesidad de concurso público. Aunque comprensible por la urgencia del momento, esta vía generó también múltiples controversias y cuestionamientos posteriores.

Uno de los contratos más emblemáticos fue la adjudicación por 361 millones de euros a dos empresas chinas para la compra de mascarillas. Estas empresas, sin trayectoria reconocida en el ámbito sanitario internacional, entregaron el material con retrasos significativos, sobrecostes y en algunos casos, con productos defectuosos o inservibles. La gestión del contrato, y las conexiones políticas reveladas posteriormente en investigaciones judiciales, ha provocado un notable deterioro en la percepción pública de la gestión de recursos durante la pandemia.

Implicaciones legales y políticas en curso
La gestión del stock de mascarillas no solo tiene consecuencias económicas y logísticas, sino que también ha derivado en investigaciones judiciales, algunas de las cuales han salpicado a antiguos altos cargos del ministerio.

En el marco de una investigación de la Guardia Civil, se han interceptado conversaciones grabadas entre personas implicadas en adjudicaciones durante la pandemia, en las que se menciona el uso de aplicaciones cifradas como Signal para evitar ser descubiertos. Asimismo, se ha señalado la posible implicación de figuras públicas con representantes de las empresas proveedoras.

¿Qué lecciones deja esta situación?
Este episodio pone en evidencia la necesidad de:

Establecer protocolos claros de gestión y rotación de stock sanitario.
Implementar auditorías independientes sobre las compras realizadas durante situaciones de emergencia.
Mejorar la transparencia en la contratación pública, incluso en contextos excepcionales.
Evaluar la caducidad de productos críticos y optimizar su uso antes de que pierdan su eficacia.

La acumulación de más de 97 millones de mascarillas caducadas supone un claro ejemplo de mala gestión de recursos públicos, con un coste directo para las arcas del Estado de casi 100 millones de euros.

Aunque la pandemia obligó a actuar con rapidez, el tiempo ha permitido observar con mayor claridad los fallos estructurales que deben corregirse si se quiere mejorar la capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias. Hoy, ese costoso stock olvidado en los almacenes no solo es un recordatorio de la urgencia vivida, sino también de la importancia de la eficiencia y la rendición de cuentas en el manejo de lo público.

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