Cerdán pagó 6.000 euros por comprar el 45% de la empresa salpicada por la corrupción

La investigación que sacude al entorno político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sigue avanzando con revelaciones que comprometen a altos cargos y exdirigentes de la formación. En el centro de la trama se encuentra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y figura cercana al presidente Pedro Sánchez, quien ha sido vinculado de manera directa con Servinabar, una empresa navarra beneficiada con adjudicaciones públicas millonarias.

Un contrato firmado en la sombra
Según documentos a los que ha tenido acceso Impacto España Noticias, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un contrato privado firmado por Cerdán para adquirir el 45% de la sociedad Servinabar por 6.000 euros. La escritura data del 1 de junio de 2016, pocos días antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 26 de junio, en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia democrática.

El documento revela que Cerdán adquirió 1.350 de las 3.000 participaciones de la empresa a Joseba Antxon Alonso, empresario navarro y socio cercano al político. Aunque el contrato fue rubricado de forma privada —sin pasar por notaría—, incluye una cláusula en la que ambas partes se comprometen a dirimir cualquier disputa en los tribunales de Navarra.

Un ascenso empresarial ligado al poder
Desde que Cerdán firmó la adquisición, Servinabar ha acumulado contratos públicos por cerca de 100 millones de euros provenientes de las administraciones foral navarra y vasca. Uno de los proyectos más destacados en los que participó la empresa es el túnel de Belate, una infraestructura presupuestada en 76 millones de euros y adjudicada en condiciones que la UCO considera irregulares.

La empresa compartía este contrato con Acciona, formando una unión temporal de empresas (UTE). El crecimiento meteórico de Servinabar, una firma que contaba con tan solo ocho empleados, ha levantado múltiples sospechas dentro de los cuerpos de investigación.

Según informes de la UCO, Santos Cerdán tenía capacidad de decisión dentro de la sociedad, pese a no figurar oficialmente en sus órganos de administración. Además, la presidenta de Navarra, María Chivite, se habría reunido en privado hasta cuatro veces con Joseba Antxon Alonso, lo que ha añadido presión sobre el Ejecutivo autonómico.

Defensa y estrategia judicial
Cerdán comparecerá como imputado ante el Tribunal Supremo, donde planea desligarse completamente del documento que lo vincula con Servinabar. Según fuentes cercanas al dirigente socialista, su defensa se centrará en cuestionar la validez legal del contrato, argumentando que nunca fue formalizado ante notario, lo que a su juicio lo invalida jurídicamente.

Sin embargo, los investigadores consideran que la escritura privada, sumada a otras pruebas documentales y testimonios, es un indicio sólido de su participación accionarial y de la posible comisión de delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Conexión venezolana: de PDVSA a Navarra
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la llegada a Servinabar de exdirectivos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Reinaldo Díez Esparza, quien dirigió durante años el área de Supervisión y Auditoría Ambiental de la empresa chavista, fue contratado por Servinabar en noviembre de 2019, apenas dos meses antes del polémico episodio conocido como el Delcygate.

Díez Esparza fue nombrado responsable de Calidad y Medioambiente, coincidiendo con el crecimiento exponencial de la empresa en adjudicaciones públicas. A él se sumó más tarde otro directivo procedente de Venezuela, José A. Lorcas, quien también se incorporó tras el éxito en la licitación del túnel de Belate.

Estas contrataciones han sido interpretadas por los investigadores como parte de una red de influencia conectada con el chavismo, con vínculos directos a Delcy Rodríguez y a figuras del PSOE implicadas en la trama. La llegada de estos perfiles venezolanos se produjo en paralelo al despliegue de una presunta red de importación de petróleo venezolano a España, burlando las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

Una red de petróleo y blanqueo
La Guardia Civil ha identificado una trama fiscal multimillonaria basada en el fraude del IVA en operaciones relacionadas con la venta de combustible. La importación de crudo venezolano, especialmente del tipo Merey —con alto contenido de azufre—, se realizaba de forma encubierta. Según fuentes del caso, República Dominicana servía como plataforma de entrada, donde se refinaba el crudo y se modificaba su denominación de origen para sortear las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos.

El empresario Víctor de Aldama, figura clave en este entramado, habría sido el encargado de diseñar el sistema de importación. Presuntamente cercano a Delcy Rodríguez y con conexiones con exministros españoles, Aldama guarda documentación confidencial en dos sobres en manos de su socio Luis Alberto Escolano. Esta documentación contendría pruebas de pagos, contactos políticos y operativas relacionadas con el transporte del crudo.

En uno de los viajes clave para este negocio, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría acompañado a Aldama en un vuelo privado a Venezuela, según relatan empresarios vinculados al entramado.

Más allá de las mascarillas
Aunque el caso Koldo nació a raíz de la contratación de material sanitario durante la pandemia, las últimas investigaciones han revelado que las principales fuentes de enriquecimiento ilegal no se encuentran en las comisiones de emergencia, sino en la trama energética y fiscal vinculada al petróleo venezolano. El caso ha crecido hasta convertirse en una macrocausa con ramificaciones políticas, empresariales e internacionales.

 Un escándalo que puede sacudir los cimientos del poder
La comparecencia judicial de Santos Cerdán es solo el inicio de una cadena de citaciones e investigaciones que podrían comprometer no solo al entorno directo del PSOE, sino también a exgobernantes y líderes autonómicos. Si las acusaciones prosperan, el caso podría suponer uno de los mayores escándalos político-financieros en la España democrática reciente, afectando directamente al núcleo de poder del socialismo español y sus conexiones exteriores.

Impacto España Noticias continuará informando conforme avance la instrucción judicial y salgan a la luz nuevos documentos.

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