El PP se suma a la izquierda y vota a favor de penas de cárcel para padres y profesionales que se opongan a tratamientos trans a menores

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley del PSOE que busca penalizar con hasta dos años de prisión las llamadas “terapias de conversión”, una etiqueta cada vez más amplia y ambigua que se aplica a cualquier intento —clínico o familiar— de ofrecer alternativas al abordaje afirmativo inmediato en casos de disforia de género o cuestiones de orientación sexual.

La propuesta fue apoyada por una holgada mayoría de 311 votos, gracias a la suma de los partidos del Gobierno y sus habituales socios parlamentarios —ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG—, pero también, sorprendentemente, con el voto favorable del Partido Popular, el principal partido de la oposición. Solo VOX votó en contra, mientras que UPN optó por abstenerse.

PP: dura retórica contra Sánchez, pero apoyo parlamentario clave
La posición del PP vuelve a poner en evidencia una de sus contradicciones más flagrantes en esta legislatura: mientras critica con dureza a Pedro Sánchez y su Gobierno por promover una agenda ideológica radical, especialmente en cuestiones de género, en la práctica contribuye activamente a sacar adelante muchas de sus propuestas más controvertidas.

Desde Génova han intentado justificar su voto a favor alegando que se trata de proteger los derechos humanos y evitar prácticas abusivas. Sin embargo, muchos sectores conservadores acusan al PP de actuar como una “oposición domesticada”, que no duda en alinearse con las políticas del Ejecutivo socialista cuando teme quedar retratado como reaccionario o insensible ante la presión mediática y activista.

Esta no es la primera vez que el PP da oxígeno a medidas impulsadas por el PSOE que supuestamente rechaza en sus discursos públicos. Lo hizo también con la Ley de Bienestar Animal, con la Ley de Vivienda (donde permitió su tramitación en algunos trámites parlamentarios) y, más recientemente, con la renovación del Tribunal Constitucional, pactada con Sánchez en medio de fuertes críticas internas.

¿Qué castiga exactamente esta nueva ley?
Según la proposición presentada por el PSOE, la norma busca penalizar cualquier procedimiento destinado a “modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género” de una persona, especialmente si esta es menor de edad, aunque se presenten como voluntarios o bajo consentimiento familiar. Las penas podrían ir de uno a dos años de prisión, además de posibles inhabilitaciones para profesionales sanitarios o psicológicos.

Aunque la propuesta afirma perseguir “prácticas coercitivas y pseudocientíficas”, en la práctica su formulación abre la puerta a la criminalización de psicólogos, psiquiatras, orientadores o incluso padres que se opongan a que un menor inicie un tratamiento hormonal o cirugías irreversibles sin una evaluación exhaustiva previa.

Las voces críticas: denuncias de censura y riesgo para la infancia
La medida ha generado una fuerte contestación en redes sociales, medios independientes y sectores jurídicos. Una de las voces más contundentes ha sido la de la abogada penalista Paula Fraga, quien ha advertido desde la red social X (antes Twitter):

“Llaman terapia de conversión a la negativa de terapia afirmativa automática, esto es, hormonar a niños sanos sin indagación y acompañamiento psicológicos previos. Miles de menores mal diagnosticados a los que les arruinarán la vida y cárcel para quienes podrían impedirlo”.

Fraga fue más allá al denunciar que esta normativa consolida el “maltrato institucionalizado” contra la infancia, iniciado con la llamada Ley Trans, y acusó al Gobierno de “blindar” la deriva ideológica al servicio de intereses económicos:

“El Gobierno blinda (…) la institucionalización del maltrato a la infancia comenzada con la Ley Trans. Pagarán los niños y la sociedad la puerta giratoria de políticos ‘progresistas’ a la industria farmacéutica. Lo veremos”.
Desde el ámbito político, María de la Cabeza Ruiz, diputada de VOX, ha afirmado que la ley pretende mandar a prisión a personas inocentes, censurando a quien cuestione la llamada doctrina afirmativa. Denunció que:

“Ustedes creen que la única verdad es la suya y que deben imponerla a golpe de Código Penal”.
El debate de fondo: ¿proteger derechos o silenciar alternativas?

La narrativa oficial defiende que se trata de una ley para proteger a personas LGTBIQ+ de prácticas coercitivas. No obstante, críticos de la propuesta aseguran que confunde lo que serían terapias abusivas con cualquier tipo de cuestionamiento profesional o familiar frente a los discursos identitarios dominantes, especialmente en casos de menores que presentan dudas o malestar con su sexo biológico.

En muchos países europeos y norteamericanos se está empezando a dar marcha atrás con respecto al abordaje afirmativo automático, ante el aumento de testimonios de personas detransicionadas —adultos jóvenes que lamentan haber iniciado tratamientos médicos irreversibles siendo adolescentes—. En lugares como Suecia, Finlandia o Reino Unido, se han endurecido los protocolos médicos para garantizar evaluaciones más exhaustivas antes de proceder con bloqueadores hormonales o cirugías.

Paradójicamente, mientras estos países revisan sus marcos legales para proteger mejor a los menores, España avanza en la dirección contraria: blindando por ley un enfoque único y penalizando a quienes lo cuestionen.

El PP, entre la ambigüedad y la claudicación
La aprobación de esta ley en su trámite inicial no sólo revela la radicalización ideológica de las políticas de género del Gobierno de Sánchez, sino también la indefinición política del PP, incapaz de ofrecer una alternativa clara en cuestiones culturales y sociales.

Mientras sus portavoces denuncian “el sanchismo” y las imposiciones ideológicas del Ejecutivo, en el hemiciclo vuelven a levantar la mano junto a ERC, Bildu y Podemos para sacar adelante medidas que, según ellos mismos denuncian en otros foros, atentan contra la libertad, la familia y el sentido común.

En definitiva, esta votación ha vuelto a mostrar lo que para muchos es ya una evidencia: el PP critica al Gobierno, pero vota como parte de él.

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